Luego de que los familiares de Natalia Cruz, la mujer asesinada por su ex pareja en Campo Quijano, denunciaran que la Policía de Salta se habría negado a tomar su denuncia por violencia de género horas antes del crimen, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, solicitó que se realizara un informe integral sobre cómo actuó el Estado respecto a su caso.
De esta manera, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tendrá la tarea de confeccionar el resumen de cada una de las acciones realizadas por el aparato estatal. Según explicó García Castiella, el objetivo será evaluar la actuación institucional en este caso y fortalecer la respuesta estatal ante hechos de violencia de género graves.
Previo a esto, la madre de Natalia denunció que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción en contra de su pareja. Ahora, ese hombre es el principal acusado de su femicidio, Daniel Orlando Serapio.
Durante una entrevista para el streaming de Qué Pasa Salta, la mujer recriminó que nunca pudo solicitarla, ya que le habrían dicho que no había personal disponible para atenderla en ese momento. Así, regresó a su casa, en donde horas más tarde sería brutalmente atacada.
Sin embargo, esas no fueron las únicas denuncias por parte del entorno familiar de la víctima, debido a que también se cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. Sobre este punto, la madre de Cruz relató que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda en el momento que la trasladaban hacia el hospital local.
En línea con esto, criticaron el breve allanamiento que realizaron en la casa de los padres del acusado. Además, apuntaron que no se secuestraron los teléfonos celulares y tampoco se intentó rastrear las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió que había hablado con él antes de que se fugara. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.
A raíz de estos movimientos, la Fiscalía tendría como hipótesis que la fuga de Serapio no solo habría sido planificada, sino que habría recibido la ayuda de colaboradores. Sobre todo, porque se constató que el hombre se había escapado con su teléfono personal, ropa de abrigo y objetos personales.
A partir de esto, el 27 de febrero se concretó la detención de dos sospechosos, acusados de haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Por este motivo, fueron imputados de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.
En este contexto, el procurador General de Salta intentaría establecer cómo fueron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales. Así, se podría analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes, que deberían ser aplicados para asistir a las víctimas de violencia de género.
Uno de los ejes del informe solicitado será examinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada en el caso particular de Natalia Cruz, a la vez que se evalúan los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.
Según la información publicada por El Tribuno, la misión será señalar cuáles serían las áreas susceptibles de mejora y dejar asentados los estándares para investigaciones futuras de violencia de género de extrema gravedad. Asimismo, García Castiella afirmó que la revisión pretende consolidar procedimientos que aseguren una respuesta integral, eficaz y ajustada a derecho frente al femicidio y casos similares.
Actualmente, entre las herramientas que el Estado de Salta tiene disponibles para la prevención y el abordaje de la violencia de género, el procurador general mencionó el sistema único y centralizado de denuncias, que permite la intervención inmediata de la fiscalía y del juzgado especializado. También cuenta con la implementación de consigna policial y la incorporación de tecnologías de geolocalización para optimizar la actuación policial.
