En medio de la investigación que la Justicia de Entre Ríos lleva adelante contra el capo narco Leonardo Airaldi, acusado de mandar a matar a tres funcionarios judiciales, inició una serie de peritajes sobre el círculo íntimo para descubrir cómo fue la organización del plan.
Las pesquisas que realiza el Juzgado Federal de Gualeguaychú para ratificar la veracidad del complot que fue revelado días atrás entraron en una etapa decisiva. Los testimonios de tres internos de la Unidad Penal de Gualeguaychú indicaron que Airaldi habría planificado los asesinatos. Las víctimas serían el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia; el fiscal federal de Paraná, Ignacio Candioti y el juez federal Leandro Ríos.
Según informaron a Infobae fuentes judiciales con acceso directo a la causa, las pericias a los teléfonos secuestrados en el penal de Gualeguaychú serán claves. En el operativo realizado en los albores del caos, se encontraron al menos tres celulares. Los halló el Escuadrón 56 de Gendarmería en el pabellón “E”, donde permanecía alojado el capo narco. Ahora se lo declaró preso “de alta peligrosidad” y fue trasladado a Ezeiza.
La defensa de Airaldi, encabezada por Mariana Barbitta, señaló que ninguno de los aparatos se encontró en la celda del principal sospechoso; sin embargo, aclaró que eso no es un dato determinante porque lo relevante es el uso de los dispositivos, no su ubicación. En el pabellón hay 16 internos vinculados al narcotráfico, todos remitidos por la Justicia Federal.
Las tareas sobre los teléfonos estuvieron a cargo de Gendarmería. En distintas etapas del proceso intervinieron las delegaciones de Paraná y Gualeguaychú. La fuerza federal está colaborando ahora con la evaluación del material. La defensa de Airaldi ya nombró a un perito de parte para controlar el análisis.
“Smoking gun”
La pericia arrojará muchos datos: el primero será qué hay y qué se borró. La clave está en las comunicaciones. Los narcos suelen utilizar aplicaciones comunes como Whatsapp o Telegram para intercambiar información con el exterior y enviar órdenes, pero también emplean otras de alta seguridad. Algunas no guardan el contenido en servidores y otras permiten una sola visualización antes de que el mensaje desaparezca.
La investigación se centra en los textos, imágenes y audios que esos tres celulares recibieron y enviaron. No se espera hallar mensajes donde el capo narco haya dado instrucciones precisas para cometer el crimen. El objetivo es encontrar lo que en el ámbito judicial se llama una prueba concluyente (smoking gun): un elemento incontrovertible que sostenga la hipótesis del caso de manera definitiva.
La posibilidad de que surja evidencia de este tipo es alta. Ex vecinos de Airaldi en la localidad entrerriana de Diamante indicaron a este medio que el capo narco tiene la costumbre de jactarse abiertamente en conversaciones, algo que fue clave para que Daniel “Tavi” Celis se enterara del plan para matar a los funcionarios judiciales y al ministro Roncaglia. Lo mismo ocurrió con los otros dos testigos, quienes también convivieron con Airaldi en el pabellón y escucharon el contenido de las amenazas.
La agenda de contactos y los números de teléfono con los que hubo intercambio también serán un factor clave para la investigación.
En qué etapa está la causa
El caso estalló el viernes 20 de febrero de 2026. Celis presentó un habeas corpus para denunciar el control que ejercía Airaldi sobre el pabellón que compartían. El juez federal Hernán Viri rechazó el planteo, pero remitió los testimonios al fiscal Pedro Rebollo.
La tarde en la previa a un fin de semana se alteró por completo. El funcionario judicial escuchó los detalles de cómo se producirían los crímenes y decidió actuar de inmediato. Solicitó a Viri la orden de allanamiento y activó el despliegue de Gendarmería en El Potrero, la granja penal ubicada en las afueras de la ciudad que sería el epicentro del plan criminal.
El juez derivó la investigación en Rebollo, quien actualmente se aboca a reunir elementos materiales que respalden los dichos de Celis. De encontrarlos, podrá imputar a Airaldi y llamarlo a indagatoria. Ese paso aún no se ha concretado, lo que representa una de las objeciones frecuentes de la defensa del acusado. En paralelo, se prevé el inicio de nuevas declaraciones testimoniales.
El caso, por el momento, mantiene la carátula original: “N.N. s/ A determinar”. A medida que se sumen pruebas materiales, podrá definirse el delito a imputar, con alternativas que van desde amenazas hasta tentativa de homicidio calificado.
Roncaglia, que antes de ser ministro en Entre Ríos fue jefe de la Policía Federal y antes de eso titular de Drogas Peligrosas de la fuerza, dijo a Infobae que no designará un abogado particular: “Confío en el juez y en el fiscal. Rebollo no es un tibio”. Candioti, otro de los funcionarios amenazados, seguiría el mismo camino.
La defensa de Airaldi se ha enfocado en plantear nulidades, uno de los recursos que más utilizó Barbitta hasta el momento. Consultada por este medio, aclaró que aún no conoce las actuaciones en su totalidad. Desde los tribunales federales de Gualeguaychú sostienen que toda la información está volcada en el Lex 100, el sistema informático judicial federal al que solo pueden acceder las partes.
