Una banda compuesta por, al menos, un total de cuatro personas fue denunciada por más de 400 personas de La Rioja, que aseguraron haber sido víctimas de una megaestafa. Según constó en los testimonios, los acusados les habrían pedido señas para reservarles un lugar para trabajar en el festival Cosquín Rock. No obstante, el plan se canceló días antes del día que iban a viajar a Córdoba.
De acuerdo con la causa judicial, el grupo habría prometido empleos en el área de seguridad que incluían el pago de sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje cubierto.
Ante la gran cantidad de denunciantes, se planteó que la maniobra estuvo planificada, ya que habrían comenzado a captarlos desde octubre de 2025. Hasta el momento, hay cuatro hombres imputados de apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez. De ellos, solo Coronel permanece detenido en la Alcaidía local.
De acuerdo con la información publicada por Rioja Política, los acusados solían realizar reuniones virtuales, con la intención de brindar una apariencia de legalidad y profesionalismo. Asimismo, en sus discursos, solían mencionar que tenían contactos directos y que tenían experiencia en la organización de la seguridad de otros eventos como, por ejemplo, la Copa Argentina.
Una vez que lograban ganarse la confianza de las víctimas, les pedían un depósito de unos $90.000, bajo la excusa de que sería utilizado para comprar los uniformes de seguridad. No obstante, algunos de los denunciantes afirmaron que el monto solicitado fue de $350.000, tras convencerlos de que se trataba de una especie de mutual.
El engaño terminó por ser descubierto después de que les avisaran que el viaje quedaba cancelado porque supuestamente los organizadores decidieron no optar por sus servicios. A partir de esto, lograron ponerse en contacto con la empresa productora y confirmaron que jamás habría existido tal acuerdo.
Desde ese momento, la causa quedó bajo investigación del Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja. Sin embargo, el caso estaría dividido en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de un aproximado de 30 denunciantes, que aparecen como damnificados en la misma causa.
Frente a esto, el letrado adelantó que solicitaría la acumulación de todas las denuncias, con el objetivo de modificar la situación procesal de quienes permanecen en libertad. “Vamos a pedir la acumulación de las denuncias que van de 150 a 400 víctimas; hablamos de un concurso de delitos”, explicó.
Según un diálogo con Nueva Rioja, indicó que también pedirán un cambio de carátula, pasando de “Estafa” a “Asociación Ilícita”, al considerar que la maniobra delictiva no fue un hecho aislado, sino producto de una estructura organizada. Esta presentación se efectuará sobre nuevos indicios que revelarían la existencia de una red con roles diferenciados y coordinación entre los imputados.
En lo que refiere a los bienes involucrados, el abogado confirmó que se bloquearon las cuentas de Mercado Pago y secuestraron un automóvil. No obstante, aclaró que la prioridad de la instrucción penal sigue siendo la determinación precisa del delito cometido, sin que ello garantice por el momento la devolución directa del dinero a los damnificados.
Recientemente, los damnificados realizaron una protesta en el domicilio de Díaz, para exigir que quede detenido. La movilización derivó en agresiones físicas, ya que Brizuela informó que “una mujer salió del domicilio y violentó a A. B., le pegó en la cara con golpes de puño”.
Asimismo, se conoció que la expectativa de las familias perjudicadas —en su mayoría riojanas— es que el dinero recuperado por la justicia se destine a resarcir las pérdidas sufridas en la falsa oferta laboral.
