El caso de Ángel López conmocionó no solo a la ciudad de Comodoro Rivadavia, sino que tuvo un impacto a nivel nacional. En ese marco, la familia realizará una convocatoría para el próximo viernes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y harán una vigilia en el Obelisco.
La convocatoria la realizó el abogado de la familia, Roberto Castillo, con el foco puesto en que al niño de 4 años “lo mataron con decisiones judiciales“. Justamente, ayer se conoció que tanto la mamá Mariela Altamirano como su pareja Michael González recibieron seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación de la Justicia.
Según denunció el papá de Ángel, todo se desencadenó producto de una decisión del Equipo Interdisciplinario de Chubut, quien le otorgó la tenencia de la víctima a su madre biológica para establecer un proceso de revinculación.
La concentración fue replicada en redes sociales y acompañada por un panfleto con el lema “Justicia por Ángel”, que invita a la comunidad a exigir respuestas frente al fallecimiento del menor. El llamado busca no solo visibilizar el reclamo de justicia, sino también pedir medidas concretas contra el “abuso en los juzgados familiares”.
Durante la manifestación, los organizadores plantearán una serie de demandas orientadas a transformar el sistema judicial de familia. Entre los puntos principales, exigen la creación de una “Ley contra falsas denuncias”, la prohibición de informes de parte y de pericias sin técnicas periciales reconocidas, así como la incorporación de una figura del arrepentido para hijos obligados a realizar denuncias falsas. Además, solicitan la implementación de la “custodia compartida igualitaria”, promoviendo lo que consideran un sistema de prevención y alerta temprana más eficiente, y reclaman el empoderamiento de los padres en el ámbito de los juzgados, sin sesgos ideológicos y con igualdad real.
La consigna central del escrito que circuló entre los allegados de Ángel es contundente: “Fin al abuso en juzgados de familia”. Este reclamo aparece como una respuesta directa a las decisiones judiciales que, según los familiares, contribuyeron al fatal desenlace.
El pasado 5 de abril de 2026, el Sargento 1° Alejandro Arce de la Comisaría Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia recibió un llamado de emergencia a las 8 de la mañana informando que un menor presentaba dificultades respiratorias en el barrio Zonas de Quintas. De acuerdo al parte policial, al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a personal médico asistiendo a un niño inconsciente, en brazos de un profesional de la salud.
En el lugar, la madre del menor, Mariela Beatriz Altamirano, relató que cerca de las 7 de la mañana se encontraba en otro dormitorio tomando mates y, al ir a ver a su hijo porque se había hecho pis encima, lo cambió y trasladó a otra habitación. Minutos después, notó que su hijo no emitía sonido alguno, algo inusual, ya que solía roncar al dormir. Al ingresar a la habitación, observó que el niño tenía dificultades para respirar. Ante esa situación, intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 35 minutos, tras lo cual optó por llamar al servicio de emergencias.
Un párrafo clave para entender la gravedad del caso indica: el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde ingresó a las 8:36 en estado crítico, inconsciente y sin respuesta a estímulos. Los profesionales continuaron con ventilación de presión positiva y constataron pupilas fijas y midriáticas, sin reacción.
El informe preliminar de autopsia, elaborado por la médica forense Eliana Bévolo, determinó que la causa probable de muerte fue muerte cerebral vinculada a hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado, junto con herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas. Además, se documentaron más de 20 lesiones internas en la cabeza de la víctima, compatibles con maniobras voluntarias. Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, se investiga si dichas lesiones corresponden al denominado “síndrome del sacudón”, y se aguardan análisis complementarios sobre la retina para confirmar esta hipótesis.
La autopsia reveló que Ángel López presentaba un cuadro de lesiones cerebrales extensas, con signos de violencia compatibles con mecanismos de aceleración y desaceleración forzada. Estos datos forman parte del núcleo de la investigación penal, que busca establecer con precisión la mecánica de los hechos y la posible responsabilidad de los adultos a cargo.
En cuanto a la situación procesal, la Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y su pareja, Michael González, mientras avanza el proceso investigativo. La decisión judicial responde a la gravedad de los hechos y la necesidad de resguardar la prueba, según informaron fuentes judiciales.
El caso generó un fuerte impacto social y provocó múltiples expresiones de apoyo y reclamo en redes sociales, donde el lema “Justicia por Ángel” se volvió tendencia. La familia y allegados insisten en que las decisiones del Equipo Interdisciplinario de Chubut y la falta de controles adecuados en el proceso de revinculación familiar fueron determinantes en el desenlace fatal.
