Un megaoperativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredon derivó este miércoles en el secuestro de más de 8.000 productos y el cierre total del tradicional paseo comercial “Feria de la Bristol” en Mar del Plata. La intervención, desarrollada en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas, incluyó el despliegue de más de cien efectivos en simultáneo en seis puntos distintos de la ciudad y culminó con la demolición de los puestos, bajo la supervisión de autoridades judiciales y municipales.
El operativo se centró especialmente en el predio conocido como “Paseo de Compras Bristol”, instalado en el Boulevard Marítimo entre las calles Rivadavia y Peatonal San Martín. Allí, los agentes identificaron a 91 personas, entre las que figuraban propietarios, empleados de los locales y cuatro miembros de un sindicato. En el lugar fueron incautados 400 bultos con mercadería en infracción —ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónicos— que, según el cálculo oficial, suman un aforo superior a 500 millones de pesos.
El procedimiento fue realizado en cumplimiento de órdenes del Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, y de la Fiscalía Federal N° 2, conducida por Santiago Eyherabide. Las medidas tuvieron origen en una denuncia presentada por el municipio, que impulsó una investigación en la que participaron especialistas de la Prefectura y que terminó por revelar la existencia de una estructura organizada para la comercialización de mercadería presuntamente ilegal.
En paralelo al allanamiento principal, la Prefectura ejecutó procedimientos en otros tres domicilios de la ciudad, incluyendo tres locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA). La investigación judicial sostiene que el SIVARA gestionaba la feria y recaudaba sumas millonarias a cambio de los permisos informales para operar los puestos.
Durante el operativo, además de la mercadería, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo (en pesos y moneda extranjera) por más de 12 millones y numerosos elementos vinculados a la causa, como computadoras y teléfonos móviles. La Justicia Federal considera que el dinero recaudado era administrado por la organización sindical, que utilizaba transferencias y alias bancarios para mover importantes sumas de dinero, detectándose solo en una ocasión un movimiento de 15.123.288 pesos para el pago de un canon oficial.
Las autoridades judiciales han documentado que al menos 80 de los 100 puestos activos al momento del allanamiento ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales en violación a la Ley 22.362. Parte de esta mercadería era adquirida en tours organizados hacia el mercado de La Salada, en el conurbano bonaerense, mientras que otra ingresaba presuntamente de forma irregular desde Paraguay.
El juez Inchausti remarcó en la resolución que las maniobras investigadas “estarían desarrollándose en un espacio de dominio público municipal cuya explotación fue autorizada mediante permisos precarios que se encontrarían vencidos”. Además, el magistrado advirtió sobre “deficiencias críticas en materia de seguridad e higiene o salud pública”, razón por la cual dio intervención al municipio para que adoptara las medidas correspondientes.
En respuesta a este aval judicial, la administración municipal, procedió durante la madrugada a la demolición total de los puestos de la feria, acción que fue acompañada por un amplio operativo de seguridad perimetral dispuesto por la Prefectura. La medida fue ejecutada tras el cierre judicial y en coordinación con la Secretaría de Seguridad local, que dispuso personal y maquinaria pesada para desarmar la totalidad de las estructuras del paseo comercial.
El Sindicato de Vendedores Ambulantes cuestionó la legalidad del desalojo y demolición, afirmando en un comunicado que el procedimiento municipal “se realizó sin ningún tipo de orden judicial”. Según la organización, el único acto ordenado por la Justicia fue el allanamiento dispuesto en el marco de la causa penal por infracción a la Ley de Marcas. El gremio denunció que la intervención fue una “campaña de publicidad política de mano dura” ejecutada por el Ejecutivo municipal, y sostuvo que la feria funcionaba desde hacía casi veinte años con conocimiento y aval de las autoridades locales.
