La declaración en cámara Gesell, ordenada por la Justicia federal de San Juan, ocurrió el 8 de abril de 2025. Abogados defensores y representantes de la fiscalía que investigaba el caso esperaban del otro lado del vidrio espejado. La menor no los vería jamás.
Una psicóloga de la Dirección de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan estaba allí para realizar preguntas. La víctima las respondió, una por una. Su tono era sorprendente: mientras fumaba un cigarrillo tras otro, le hablaba a la psicóloga como si fuera una zonza, como si no supiera de la práctica en su comunidad, lo que ella llamó “abrir camino”.
El diálogo entre ambas, parte del expediente del caso, comienza así:
Psicóloga: Bien. Mirá, no nos quedó claro cuando vos hablás de la parte de abrir el camino, que dijiste esa frase. ¿Qué es “abrir el camino”?
Víctima: Cuando saben que sos virgen y te traen asado.
Psicóloga: ¿Y cómo saben que sos virgen?
Víctima: Ay, cómo te voy a explicar.
Psicóloga: Es que no lo sabemos, explícanos, dale.
Víctima: Tienes que meterte con el hombre en la cama.
Psicóloga: ¿Con qué hombre?
Víctima: Con quien te vas a casar.
Psicóloga: ¿Así es?
Víctima: Sí, me casé, me tuve que meter con ese hombre, con mi marido en la cama.
Psicóloga: ¿Es con el que te vas a casar?
Víctima: Sí.
Psicóloga: Y ahí él constata si sos virgen o no. El hombre con el que vas a casar. Eso es “abrir el camino”.
Víctima: Sí.
La niña nunca fue a la escuela; es analfabeta. Sus padres nunca la enviaron a estudiar. Tenía 13 años al momento de los hechos, ocurridos en 2022. Pertenecía -pertenece- a la comunidad gitana. Sus propios padres, determinó la Justicia, la entregaron por $825 mil pesos a valor de 2022 a sus “suegros”, el padre de su agresor, hoy de 24 años; tenía 20 al momento del delito, gitanos también, una familia que circulaba entre Neuquén, Santa Fe y San Juan, dedicada al negocio de la compra y venta de vehículos.
Su “esposo”, también, era su primo sanguíneo, directo, por el lado de su propia madre.
No termina aquí: la menor fue embarazada por su “esposo” en dos ocasiones. Perdió el primer embarazo en septiembre de 2023, sufrió un aborto espontáneo, por el que fue atendida en el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez, ubicado en Recreo, Santa Fe. El segundo llegó a término: el bebé nació el 24 de agosto de 2024 en el Hospital Iturraspe de la capital de la misma provincia.
Esta semana, ese “matrimonio” arreglado en la comunidad gitana, una literal boda gitana con una niña sometida, lo que la Justicia determinó como un “rito de unión de hecho infantil”, celebrada, por usar un verbo, en la provincia de Neuquén, terminó en una condena, luego de que la menor y su hijo fueron rescatados por las autoridades el año pasado.
La semana pasada, tras una acusación del fiscal federal sanjuanino Fernando Alcaraz y su colega Alejandra Mangano, cotitular de la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, el “marido” de la niña, Gustavo Franco Cristo y sus padres, Isabel y Alberto, fueron condenados a diez años de prisión cada uno por el delito de trata de personas agravada.
Franco Gustavo Cristo, por su parte, no fue condenado ni imputado por el delito de abuso. La víctima ya había cumplido los trece años al momento de los hechos, la edad de consentimiento según la ley argentina. Padre e hijo se encuentran presos en penales sanjuaninos. La madre, que tiene 45 años, se encuentra con prisión domiciliaria en Rawson, provincia de San Juan.
Una esclava en la Argentina del siglo XXI
La menor permanece hoy con su propia familia, la misma que la vendió, ya que es menor de edad. Nacida en Catamarca, tiene nueve hermanos, varios de ellos adictos a las drogas: vivían de provincia en provincia, en carpas en terrenos familiares, o alquileres temporarios. Sus padres, aseguran fuentes judiciales, se encuentran imputados también.
Un informe psicológico aseguró que la menor “se encuentra en marcada ansiedad, desborde emocional, con detrimento en las funciones de autocuidado y leve desorientación en espacio, manifestado de manera insistente el deseo de retomar con sus padres”.
“La realización de la unión forzada entre la adolescente, de trece años, con Franco Cristo, de veinte años en ese momento, tuvo como consecuencia la reducción a servidumbre tanto doméstica, como laboral y sexual”, aseguraron los fiscales en su acusación. El “mandato cultural” de su comunidad es una de tantas claves en el caso; el analfabetismo fue crucial para aislar a la menor socialmente.
El paso por Santa Fe es otro punto particularmente oscuro en la historia del clan Cristo. “La víctima estuvo reducida a la explotación doméstica y laboral por parte de Isabel y Alberto Cristo. En ese entorno recibió golpes, insultos y amenazas de toda índole por parte de Alberto e Isabel Cristo como respuesta al incumplimiento de los mandatos de servidumbre impuestos».
“Además, fue obligada a realizar actividad laboral de venta ambulante en condiciones laborales extremas”, continúa la imputación. Salió a la calle a vender medias en medio del frío, embarazada. “Me pegaban, me quemaban con cigarrillos, no me daban de comer”, aseguró en la cámara Gesell. Su suegra era llamada “madre”.
En esa misma acusación, Mangano y Alcaraz plantearon una reparación económica, que fue autorizada por el juez de la condena, Juan Doffo. La diferencia entre el clan Cristo y su propia familia -atravesada por la pobreza- es clarísima en el expediente: los Cristo, básicamente, son potentados. El dinero para el resarcimiento podría venir del remate de las camionetas y autos de la familia Cristo.
Las autoridades surcaron el Registro Automotor. Alberto Cristo tiene a su nombre cuatro camionetas Ford F-100 y F-4000. Isabel Cristo es co-titular de varias camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger. Otras tres camionetas fueron encontradas en el predio del clan en Santa Fe.
