A casi cuatro años de que el reconocido abogado Gustavo Antonio de la Fuente comenzara a ser investigado por presunta explotación sexual, este martes la Fiscalía solicitó al Tribunal Oral Federal de San Juan que fuera condenado a 12 años de prisión. Además, pidieron la misma pena para su cómplice colombiano, John Sebastián Quevedo Medina.
El pedido fue elevado por el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez en medio del juicio que afrontan los acusados. Ambos llegaron imputados por explotar a 37 mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según describieron, las víctimas eran obligadas a producir, difundir y comercializar material audiovisual de contenido sexual en estudios webcam de la ciudad de San Juan. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024. Además, la acusación incluyó el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia durante las transmisiones.
Durante su alegato, la auxiliar fiscal Rodríguez sostuvo que los imputados se aprovecharon de la pobreza estructural de las víctimas para obtener múltiples ganancias. La organización producía beneficios mediante la explotación de mujeres que eran convertidas en “objetos”. Además, destacó la adhesión de Argentina a las Reglas de Brasilia y la aplicación de la Ley N°26.485 para la protección de mujeres contra la violencia.
Por su parte, el fiscal Alcaraz precisó que, tras el contacto inicial, las postulantes asistían a entrevistas presenciales bajo instrucciones secuestradas en los allanamientos. Se les prometían ingresos en dólares o euros y autonomía económica, pero las ganancias eran muy inferiores a las ofrecidas.
De la misma forma, indicaron que las víctimas eran alojadas en un inmueble para entrevistas, capacitaciones y producción de contenido. Cada una era incorporada a las plataformas con una “identidad digital” y las transmisiones se extendían siete horas diarias, seis días a la semana.
En ese sentido, las autoridades plantearon la similitud de la estructura investigada con otros casos de trata de personas vinculados a estudios webcam en hoteles e inmuebles de Buenos Aires y Rosario. Los fiscales señalaron que De la Fuente funcionaba como jefe de la organización, encargado de pagos y contratos con las víctimas.
A raíz de esto, los imputados deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de coautores. Asimismo, de acuerdo con el sitio Fiscales, solicitaron el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, así como una reparación integral para las víctimas por un total de 1.152.362.472 pesos.
Entre las medidas de reparación no patrimonial, se pidió la eliminación inmediata de todo el contenido producido con las víctimas en cualquier plataforma digital y la incorporación de advertencias para posibles víctimas en las plataformas identificadas.
De acuerdo con la investigación, las mujeres eran captadas mediante falsas ofertas laborales de modelaje para la firma “Belle Argentina”. La captación se realizaba a través de redes sociales, tarjetas de promoción, contactos telefónicos y un “programa de referidos”.
En línea con esto, remarcaron que una de las víctimas fue trasladada desde la provincia de La Rioja y alojada en la sede de San Juan. Una vez incorporadas, las mujeres producían contenido sexual de transmisión en vivo y cedían los derechos de imagen para su comercialización en distintas plataformas.
Respecto a las ganancias obtenidas, señalaron que eran retenidas al menos en un 50% por los acusados, quienes aplicaban descuentos bajo conceptos como “horas incumplidas”, “multas”, “faltas por cansancio”, “menstruación” o “llegadas tarde”.
De la misma manera, indicaron que el material era vendido en diversas plataformas y los pagos se realizaban mediante sistemas de “tokens” y criptoactivos en billeteras virtuales. “La digitalización no solo amplía el alcance territorial de las organizaciones, sino que también genera que la escala del nivel de explotación y la obtención de rédito sean incalculables”, afirmó Alcaraz.
Asimismo, la Fiscalía explicó que la explotación incluía el uso de dispositivos sexuales interactivos, controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones.
La investigación se inició en marzo de 2022 luego de que se recibiera una denuncia anónima. Desde ese momento, el caso fue asignado a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de Gendarmería Nacional, bajo la dirección de Alcaraz, con la intervención del fiscal general Francisco Maldonado y la fiscal cotitular de PROTEX, Alejandra Mángano.
No obstante, el debate oral comenzó el 21 de mayo. Ambos imputados permanecen en prisión domiciliaria y el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Daniel Doffo, escuchó a 30 testigos y reprodujo seis declaraciones en Cámara Gesell. El veredicto se dará a conocer el 2 de julio.
