La diabetes ganó peso entre los adultos mayores en Argentina al mismo tiempo que, según el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario, el sistema público no logró adaptar ni la atención clínica ni la protección básica de derechos para una población que envejece con más enfermedades crónicas. José Trop sostuvo que la prevalencia ya alcanza a casi el 10% de la población general y que entre los mayores de 60 años subió al rango de 20% a 25%.
El médico ubicó el problema en una doble presión: el avance de una enfermedad de tratamiento de por vida y unas instituciones que, a su juicio, funcionan con “manifiesta hipocresía”. En diálogo con Infobae, afirmó que hay leyes, actos públicos y declaraciones, pero que éstos “no se cumplen” y la población mayor sigue desatendida.
Trop, de 74 años, vinculó esa crítica con un dato concreto de su provincia, Santa Fe: una ley para crear una Defensoría de las Personas Mayores establecía que ésta debía ponerse en marcha en 90 días, plazo que, según dijo, venció en marzo de 2024. Señaló: “Hoy estamos junio y julio de 2026 y ni una palabra”.
El presidente de la entidad rosarina habló además de un sistema de cuidados que, según su descripción, perdió jerarquía dentro del Estado. Dijo que áreas que antes tenían rango de secretaría fueron reducidas a direcciones y que, además, reúnen bajo una misma estructura a personas mayores, niños, embarazadas y personas con discapacidad.
Al explicar por qué las jornadas pusieron el foco en esa enfermedad, Trop dijo que el aumento dejó de ser marginal y que afecta más a las edades avanzadas.
El médico agregó que, a su entender, se trata de un problema “oculto” y que exige más capacitación de médicos y enfermeras. También remarcó que la diabetes no se cura y que acompaña al paciente de por vida, lo que vuelve más difícil sostener la continuidad del tratamiento.
Trop ordenó ese tratamiento en tres ejes: alimentación, actividad física y medicación. Según explicó, cambiar la dieta y sostenerla en el tiempo no es sencillo, ni mantener una rutina de ejercicio después de la juventud.
A esa dificultad sumó el impacto metabólico de la enfermedad cuando no está controlada. “Una gran parte de la insuficiencia renal, por no decir la mayoría, es a consecuencia de la diabetes”, afirmó, antes de describir el peso que eso tiene para los pacientes que deben someterse a diálisis tres veces por semana durante más de cinco horas por sesión.
El problema, dijo, no termina en la indicación médica. Trop advirtió que existen fármacos básicos de bajo costo, pero que en ciertos casos se necesitan tratamientos más costosos, y que cuando una persona no puede pagarlos o no obtiene autorización para acceder a ellos, deja la medicación y se expone a nuevas alteraciones.
Cuando se le preguntó si el sistema de salud está preparado para responder al crecimiento de la población adulta mayor, Trop amplió la respuesta hacia el funcionamiento del Estado. “Es un sistema de manifiesta hipocresía”, dijo, y enumeró leyes nacionales y provinciales, campañas, actos y conmemoraciones que, según su planteo, no modifican la vida cotidiana de ese grupo.
Como ejemplo, mencionó una actividad realizada en Rosario el 15 de junio, fecha dedicada a la lucha contra la violencia, el abandono y el maltrato hacia las personas mayores. Sobre ese punto, cuestionó el efecto real de esas acciones: “Muy lindo, muy bueno, excelente intención. ¿En qué los beneficia a ellos? En nada”.
Trop también se refirió a una convención internacional de protección de derechos de las personas mayores que, según indicó, fue firmada por Argentina y luego ratificada por una ley nacional. Su objeción no estuvo en el texto sino en la distancia entre la norma y su aplicación: “Dice que deben ser atendidos, respetados y tener sus derechos. Pero no se cumplen”.
La defensoría que sigue sin funcionar
Una ley aprobada por unanimidad en Santa Fe al final de 2023 creó una defensoría de las personas mayores y fijó un plazo de 90 días para ponerla en marcha.
“Noventa días fue en marzo de 2024. Hoy estamos en julio de 2026 y ni una palabra”, afirmó.
En su descripción, esa demora convive con actos públicos de celebración de la norma y con funcionarios presentes en esas actividades. También cuestionó el mecanismo previsto para elegir a la autoridad del organismo y dijo que la designación “a dedo” abre la puerta a nombramientos de personas sin formación en gerontología.
Trop aseguró que enviaron notas exponiendo esta situación al gobernador, al Ministerio de Salud provincial, al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Social y a áreas específicas vinculadas con vejez, pero que no obtuvieron contestación.
La vejez, entre la falta de accesibilidad y la soledad
Trop conectó la salud de las personas mayores con el entorno urbano y con formas de aislamiento que, según recordó, ya observaba en los años 90 cuando trabajaba en la zona sur de Rosario.
Allí relató experiencias comunitarias que organizó con pocos recursos en barrios de menores ingresos: un gimnasio en el patio de su clínica, actividades físicas a bajo costo y campeonatos de bochas para hombres y mujeres de hasta 80 años. La meta, dijo, era enfrentar una soledad “tremenda” y crear vínculos entre vecinos.
Ese antecedente le sirvió para marcar otra deuda actual. A partir de su formación en Malta, país insular del sur de Europa, adonde viajó becado por la Organización de las Naciones Unidas en 1991 para estudiar geriatría y gerontología, describió modelos de accesibilidad y respuesta de emergencia que, según indicó, todavía no existen en su medio.
Mencionó veredas rotas, calles difíciles de transitar y falta de adaptación del transporte y de los edificios para personas con bastón, silla de ruedas o discapacidad. Según dijo, esa ausencia deriva en más caídas, fracturas de cadera y gasto sanitario evitable.
Trop sostuvo que la enfermería avanzó en su adaptación al envejecimiento, que la medicina acompañó parte de ese proceso y que áreas como terapia ocupacional, arquitectura e ingeniería todavía tienen desarrollo insuficiente. También afirmó que el Estado “se está liberando” de responsabilidades y que esa retirada se expresa en estructuras administrativas con menos rango y funciones más difusas.
