La abogada y contadora Judith Chemaya y su hija, Florencia Zvik, recibieron a principios de este mes, probablemente, la comunicación judicial más incómoda de sus vidas, una que parecía beneficiarlas, hasta cierto punto. El Tribunal en lo Criminal y Correccional N°3 había aceptado su oferta para una suspensión de un juicio a prueba. Parecía el final de la guerra, iniciada cinco años atrás, con una causa en contra de ambas que comenzó en 2019.
El delito por el que fueron denunciadas: defraudar al empresario Isaac Chemaya, padre y abuelo de ambas, para quedarse con una fortuna en efectivo y propiedades mediante un contrato de fideicomiso.
Los propios hermanos de Judith, José y Héctor, tíos de Florencia -también abogada- fueron quienes las denunciaron. Luego, querellaron contra ellas en el expediente. El encono entre los tres es evidente en la lápida de Isaac Chemaya mismo, sobre su tumba en el Cementerio Israelita Sefaradí, ubicado sobre la Ruta 202. Allí, solo pueden leerse los nombres de José y Héctor, encargados de emplazar el memorial: la mujer y su hija quedaron afuera.
Para lograr esa probation, las abogadas lo resolvieron con dinero. El tema, aquí, es cuánto.
El juez Gustavo Valle, a cargo del Tribunal N°3, resolvió “suspender el presente juicio a prueba” respecto de ambas “por el plazo de dos años”, “al tener por razonable el ofrecimiento de doscientos millones de pesos en concepto de reparación del perjuicio presuntamente ocasionado, que deberá ser abonado a los querellantes en un plazo no mayor a los treinta días”, de acuerdo al fallo al que accedió Infobae. También, invitó a las partes a aportar nuevas pruebas.
La querella de los hermanos, encabezada por el abogado Diego Sznurewicz, desde ya, está en desacuerdo con la decisión del juez. Ese monto de 200 millones de pesos argentinos es apenas un fragmento de la supuesta defraudación.
El cálculo es fuerte. Según la acusación de los hermanos, madre e hija se habrían quedado con el dominio fiduciario por un plazo de treinta años al menos seis departamentos ubicados en zonas premium, avenidas y calles como Malabia, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, además de desviar dos millones de dólares de una cuenta registrada en un banco de Israel, junto con los contenidos de una caja de seguridad ubicada en un banco porteño, vaciada en agosto de 2018. Allí, creen los hermanos, había USD350 mil y 50 mil euros.
Con todo ese dinero, siempre según la acusación, las abogadas habrían comprado otros cuatro departamentos.
Y lo peor de todo: Chemaya padre, nacido en 1931, hoy fallecido, enfrentaba un deterioro cognitivo grave al ser supuestamente engañado, certificado por un informe del Cuerpo Médico Forense que detalló un estado de demencia e incontinencia urinaria.
El delito en la calificación del expediente, impulsado por la querella, es el contemplado en el artículo 174, inciso 2° del Código Penal: defraudación de un incapaz, castigado con dos a seis años de cárcel.
“Aprovechándose del estado de salud de su padre, a través de la escritura 34 de fecha 17/9/2018, la imputada Chemaya obtuvo el dominio fiduciario por un plazo de 30 años de bienes inmuebles” pertenecientes a su padre, asegura un documento de la causa. “Es de resaltar que como beneficiaria de tal acto luce la imputada Zvik“, continúa el expediente.
Los hermanos de Judith habrían quedado fuera de las rentas a través de un poder que el padre le firmó a su hija. Florencia también fue acusada de comprar “a precio vil” un departamento en la calle Vera que Sara, hermana de Isaac, le había legado al patriarca antes de morir. Luego, estaba la cuenta en el exterior y la caja de seguridad, vaciadas entre junio y noviembre de 2018.
Por otra parte, la oferta de 200 millones de pesos que el juez Valle aceptó no fue la primera que realizaron madre e hija para lograr la suspensión del juicio a prueba.
A fines de marzo último, el Tribunal N°3 y luego la Sala de Turno de la Cámara Criminal y Correccional -integrada por el juez Eugenio Sarrabayrousse– rechazaron una propuesta previa. El número anterior fue calculado “dentro de las posibilidades económicas de sus asistidas”, aseguró la entonces defensa de ambas abogadas. Era de, apenas, cinco millones de pesos.
La causa tuvo un largo camino. Madre e hija fueron beneficiadas por la Justicia cuando el juez Javier Sánchez Sarmiento las sobreseyó en noviembre de 2023, con las costas impuestas a la querella. La fiscalía del caso había desistido de impulsar la acusación.
Al año siguiente, la historia se revirtió, cuando, el 23 febrero de 2024, tras otra apelación de Sznurewicz, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento, dispuso su procesamiento y un embargo sobre sus bienes de $300 millones de pesos argentinos, un número que supera ampliamente a la oferta actual aceptada por la Justicia.
“Luego de examinar las constancias del legajo, el Tribunal considera que existen elementos de convicción suficientes para alcanzar la probabilidad que justifica el avance del proceso hacia otra etapa de mayor conocimiento, por lo que corresponde adoptar respecto de las imputadas el temperamento de reproche”, aseguraron los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich.
Los estudios del Cuerpo Médico Forense realizados en 2020 que determinaron el deterioro de Isaac Chemaya, precisamente, fueron la clave.
Ahora, ¿qué pasa si madre e hija pagan los $200 millones? ¿Se quedan con los departamentos y el dinero supuestamente defraudados? La respuesta no es tan simple. Diego Sznurewicz, el abogado querellante de los hermanos Chemaya, asevera:
–Se los quedan… por ahora. Aunque concluya la causa penal -no termina aún porque vamos a ir a Casación- seguiremos discutiendo los bienes en la sucesión, donde en función de todo lo actuado en la causa penal pedimos, además de la devolución de todos los bienes, que la excluyan como heredera, para que no tenga derecho a nada en la sucesión del padre, en razón del presunto delito cometido, tal como está previsto en la ley civil.
La sucesión del patriarca Isaac, iniciada en 2020, luego de su muerte a los 88 años, con la acción de colación y reducción mencionada por Sznurewicz -planteada en 2022-, tramitan en el Juzgado Civil N°24.
Judith Chemaya y su hija fueron contactadas en repetidas ocasiones por este cronista mediante sus datos registrados en el Colegio de Abogados porteño sin recibir respuesta.
