La Justicia de Chubut mantiene en marcha una investigación contra un hombre señalado como responsable de la muerte de tres perros a través del uso de un veneno letal, disimulado en embutidos, y arrojado en un predio del barrio La Isla, en la ciudad de Rawson.
El hecho, ocurrido la noche del 28 de febrero, alrededor de las 21:30 horas, involucró el fallecimiento de dos hembras y un macho, todos mestizos, luego de consumir los chorizos contaminados en un terreno situado en la calle Tamariscos.
La jueza de Garantías Laura Martini dispuso la ampliación de la causa, tipificándola como un concurso de delitos de residuos peligrosos y crueldad animal, dada la peligrosidad de la sustancia y el alcance potencial hacia la salud pública, indicaron desde el medio local Diario Jornada.
La magistrada subrayó específicamente el riesgo no solo para los animales afectados, sino también para las personas que circulan o residen en el sector, incluidos menores de edad y familias que recorren el lugar.
La investigación judicial, bajo la dirección de la fiscal general jefe Florencia Gómez, de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, avanzó en la recolección de pruebas que incluyen pericias toxicológicas a restos de embutidos recolectados en la escena, muestras del aparato digestivo de los animales y recipientes incautados en el domicilio del imputado.
El proceso de análisis bioquímico fue realizado en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, cuyos resultados fueron definidos como concluyentes y contundentes respecto de la presencia del agente químico.
El veneno corresponde a un insecticida de amplio espectro, prohibido como agroquímico, con una toxicidad extremadamente elevada en dosis pequeñas, tanto para personas como para aves y mamíferos.
Según antecedentes incorporados en la investigación, esta clase de sustancias ya habría sido utilizada en otros episodios, con impacto sobre cóndores andinos y fauna silvestre local, indicó el medio chubutense.
El involucramiento del acusado en el sitio habría quedado plasmado en registros fílmicos, cuyo análisis continúa como parte del proceso probatorio. La representación legal de los propietarios de los animales fallecidos, a cargo del abogado Romano Cominetti, acompañó las pruebas, enfatizando la existencia de material audiovisual que ubica al imputado en el espacio y horario referidos.
Durante la audiencia de apertura, la fiscal Gómez recalcó el potencial daño hacia la comunidad, en tanto que el abogado defensor Pablo Sánchez intentó derivar la causa al fuero de la Justicia de Paz, aduciendo cuestiones de competencia. La jueza Martini resolvió mantener el caso en el ámbito penal, dado el carácter riesgoso y el posible impacto extensivo de la conducta investigada.
La causa dispone de un plazo de seis meses para el cierre de la instrucción sumaria, período durante el cual se prevé la incorporación y evaluación de toda la prueba pendiente, antes de una eventual remisión a juicio.
Antecedentes recientes de envenenamiento de mascotas
Durante el mes pasado, se comenzó una investigación judicial sobre el envenenamiento de mascotas en el barrio porteño de Las Cañitas. El episodio causó alarma entre los vecinos e impulsó la intervención de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con un saldo reportado de al menos tres perros fallecidos y nueve más intoxicados.
Uno de los responsables de un perro contó en declaraciones a TN: “Mi señora saca a pasear a Román como lo hace habitualmente, y en el árbol de acá enfrente él come algo”.
“Le empieza a agarrar como temblores en las patitas, se desvanece en el piso, ella lo trae a casa con mucha espuma en la boca”, describió lo que le sucedió luego.
El evento tuvo lugar sobre la calle Arce al 600, identificada como una de las zonas centrales del problema. Allí, una vecina denunció que aproximadamente a las 00:30 su perro también comió un objeto desconocido durante un paseo por la cuadra.
“Minutos después comenzó a temblar, se desvaneció y murió con síntomas compatibles con envenenamiento, según afirmó un veterinario”, manifestó ante las autoridades.
De manera paralela, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por Blas Matías Michienzi, tomó parte para tratar de identificar a los autores de la dispersión del tóxico.
La investigación se inició en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°7, a cargo de Matías de Sanctis, y luego pasó a la UFEMA, que cuenta con el apoyo de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad.
Cuando se comprobaron muertes, los cuerpos de los perros fueron enviados a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para que se realizaran las necropsias y determinar la sustancia empleada.
