“En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la Justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio”.
Era 20 de septiembre de 1984 cuando un atribulado pero sólido Ernesto Sabato se dirigía con estas palabras al entonce presidente Raúl Alfonsín para presentar el trabajo a destajo que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que él presidía había realizado durante los nueve meses anteriores, desde que el mandatario que trajo de regreso la democracia la había creado.
Eran más de cincuenta mil páginas que rebalsaban de datos. Más de cincuenta mil páginas que contenían el testimonio más atroz. Secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones. Las formas más siniestras de la muerte. Nombres y ubicaciones de los centros clandestinos y morideros que antes de su caída las Fuerzas Armadas habían querido destruir, ocultar. Más de cincuenta mil páginas que serían prueba judicial y piedra fundacional en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Que serían bandera, declaración, deseo, mandamiento.
“Desde el momento del secuestro la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojada al río al mar o reducida a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).
Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas argentinas, comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas en los sótanos de una sociedad aterrorizada. Quizás aquel 24 de marzo fatídico, cuando derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había asumido tras la muerte de Juan Domingo en 1974, los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Argentina estaba acostumbrada: contaban demasiados años en su historia en los que los gobiernos militares se intercalaban con los civiles tomando el poder por la fuerza. Aunque a este golpe lo antecedía una escalada de violencia cada vez más cruda, cada vez más feroz. Orquestada por grupos paramilitares dirigidos por personas allegadas a la presidenta y al poder que querían acabar con las organizaciones políticas de izquierda, las que habían decidido armarse para plantarles cara y dar una revolución violenta que condujera —utopía mediante— a una existencia más justa.
Cuando la junta militar tomó el gobierno, los secuestros, los asesinatos, las acciones clandestinas de los movimientos guerrilleros, los cadáveres en las veredas cocidos a balazos eran parte de las noticias y el paisaje cotidiano. Quizás aquel 24 de marzo fatídico los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Quizás algunos o varios o muchos pensaron que la violencia llegaría a su fin. Argentina estaba acostumbrada. Mas lo que sucedió a partir de aquel 24 de marzo fatídico no tenía precedentes.
“Proceso de Reorganización Nacional” —el eufemismo padre de los cientos de eufemismos siniestros que utilizarían los perpetradores desde entonces— llamaron ampulosamente al plan a través del que establecieron un sistema concentracionario que aniquiló a miles de personas y sembró el terror en las fibras más profundas de la estructura social. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés robados, miles de ciudadanos exiliados. Una guerra infame, un país en ruinas.
La guerra de Malvinas y el debilitamiento progresivo del poder de los dictadores después de siete años de oprobio dieron paso al regreso democrático que quedó formalizado el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Cinco días más tarde, el 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.
Los integrantes eran miembros destacados de la sociedad. Presidido por el escritor Ernesto Sabato, el grupo que se dispuso a desentrañar las violaciones a los derechos humanos estaba formado por el exrector de la UBA, Ricardo Colombres; el doctor René Favaloro —que renunciaría al no estar de acuerdo con que la comisión no investigara los crímenes de la Triple A ocurridos durante el Gobierno de Isabel Perón—; el exdecano de la Facultad de Ingeniería y también exrector de la UBA, Hilario Fernández Long; el pastor evangélico Carlos Gattinoni; el filósofo y matemático, Gregorio Klimovsky; el rabino y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, Marshall Meyer; el obispo defensor de los derechos humanos, Jaime de Nevares; el filósofo Eduardo Rabossi; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. También los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación del Congreso.
Como secretarios actuaron Daniel Salvador, en el Procesamiento de Datos; Raúl Peneón, en Procedimientos; Alberto Mansur, en Asuntos Legales; Leopoldo Silgueira, como administrativo; Agustín Altamiranda; y Graciela Fernández Meijide en la Recepción de Denuncias.
Junto a ellos, un grupo de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos trabajaron incansablemente y en tiempo récord. Como la abogada, exjueza y docente de la Universidad de Buenos Aires fallecida en 2024, LuciIa Larrandart, quien en 1984 también fue designada a la Secretaría de Denuncias de la Conadep.
Su titánica labor consistió en leer y oír miles de acusaciones y testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas e intentar ubicar el sitio donde habían sido destinadas las personas desaparecidas, siguiendo unas huellas fragmentadas, borrosas: “Uníamos las características mencionadas con el centro de detención al que correspondía porque no se sabía qué centros había”. Se calcula que hubo más de 800 centros clandestinos de detención, «la Conadep fue la que comenzó a descubrirlos. Fue un trabajo superartesanal que se hizo en diez meses», recordaba hace unos años Larrandart.
Como un enorme desafío macabro de enigmas y acertijos, a partir de datos sueltos y características e información cruzada lograron devolver la identidad a muchos desaparecidos, identificar represores y descifrar la suerte indescriptible de muchas de las personas a las que sus familias y amigos buscaban. El trabajo minucioso de la comisión perseguía un fin mayor: comenzar algo que se pareciera a la sombra de una reparación imposible.
Ocupados con tamaña tarea, contaba Larrandart, jamás imaginaron el impacto que tendría el material que estaban preparando. “En el momento nos parecía que no era tan importante lo que estábamos haciendo porque no se tomaban declaraciones en tribunales, no pensábamos que sería prueba judicial”. Pero cuando pudo verlo en retrospectiva, fue evidente: «El informe es brutal. Describe todo cuando no se conocía nada, hizo que el conjunto de la sociedad se enterara de lo ocurrido y sirvió como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que vendrían después».
“Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos. Cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se había quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos pues en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).
En varias escenas, de las muchas indelebles, de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que recrea la tarea del fiscal Julio Strassera, su adjunto, Luis Moreno Ocampo, y un equipo legal formado por jóvenes estudiantes, de investigar y preparar en tiempo récord la acusación judicial más importante del país y sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la juntas militar que lo masacraron, se ve a los chicos y chicas —eso eran— del equipo de Strassera correr en una competencia descarnada contra el tiempo. Tenían solo cuatro meses para reunir la información que requerían para el juicio. Se los ve en una oficina desplegando papeles, haciendo marcas como en un juego de estrategias, uniendo puntos con nombres, subiendo a micros que los conducían a diferentes puntos de la Argentina para recabar testimonios e intentar localizar sitios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y muerte.
Todo eso teñido a la vez de un vértigo, una adrenalina y un entusiasmo que traspasaba la pantalla. La adrenalina, el vértigo y el entusiasmo que generaba saber que lo que hacían podía cambiar la historia. El cuerpo de funcionarios judiciales se había negado a asistir a los fiscales en esa tarea, por miedo, simpatía o complicidad con los militares. Ellos, con alrededor de 20 años o menos, salieron a conseguir lo imposible.
Mientras, eran seguidos de cerca, en las sombras, amenazados e intimidados por los exrepresores, sicarios sueltos que les respiraban en la nuca e intentaban hacerlos abdicar para que el juicio no se concretara.
En el film —una dramatización inspirada en los hechos reales, aclararon sus productores—, los chicos y chicas de la Fiscalía van a la Conadep. Alguien del equipo los recibe, les ofrece los expedientes. Ellos se sientan allí a leer el informe. Lloran.
De esa manera, con papeles regados por doquier; unión de nombres, datos y puntos geográficos con declaraciones; recabando denuncias; recorriendo el país en busca de testimonios y sitios de la muerte casi a ciegas; siguiendo pistas incompletas como en una caza del tesoro y oyendo las experiencias más salvajes que puede oír un ser humano, todo a contrarreloj, transcurrió el trabajo de la Conadep realizado apenas unos meses antes de la investigación de la Fiscalía que llevó a los perpetradores a juicio marcando un hito sin precedentes en el mundo. Para eso, el informe inestimable de la comisión fue clave: registró todas las desapariciones denunciadas hasta ese momento y los centros clandestinos, contrastando la información a la que accedían con la arquitectura de los edificios, reconocimiento que hacían muchas veces con la ayuda de los sobrevivientes.
Sus miembros confeccionaron mapas, agruparon testimonios y analizaron todo el material compilado con el objetivo de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Visitaron morgues, vecindarios, lugares de trabajo de las personas desaparecidas para descifrar las modalidades utilizadas para secuestrarlas y localizar los centros clandestinos de detención. Revisaron registros carcelarios, policiales. También investigaron delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. En 280 días la Conadep hizo un trabajo colosal.
El 20 de septiembre de 1984 el escritor Ernesto Sabato le entregaba a Alfonsín un informe que incluía una vasta muestra del funcionamiento de los subsuelos del terror: testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, detalles sobre las torturas, un inventario de más de 300 centros clandestinos de detención y una lista parcial de las personas desaparecidas —el documento probaba al menos nueve mil casos—. Cincuenta mil páginas con un infierno de información.
Esa voluminosa investigación, también conocida entonces como “Informe Sabato”, fue editada y publicada luego por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) —con un prólogo que iba a despertar controversias— bajo el título Nunca más. Que fue propuesto por el rabino Marshall Meyer: era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia en repudio de las violaciones a los derechos humanos y las vejaciones realizadas por los nazis.
La publicación del informe Nunca más —o simplemente, “el Nunca más”—, un material imprescindible para comprender el pasado reciente, demostró por primera vez el carácter sistemático de la represión llevada a cabo a manos y en nombre del Estado.
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984)
«La construcción de la Conadep inicia un proceso sin retorno en busca de memoria, verdad y justicia en Argentina y, claramente, es un quiebre, una bisagra», le decía a esta periodista hace unos años el abogado y exdetenido desaparecido Martín Gras, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del país.
En esa conversación Gras acentuaba que “la represión argentina se caracterizó por crear la figura del desaparecido, alguien que, en palabras de Videla ‘no estaba ni vivo ni muerto’. Colocó al desaparecido en un no lugar. Y montó un sistema totalmente clandestino y fantasma por debajo de la esfera pública. El terrorismo de Estado, entonces, tenía en su corazón esa especie de pozo negro que era la ignorancia sobre la suerte de miles de hombres y mujeres. Y cuando se produjo el proceso de recuperación democrática hubo un clamor, principalmente de los familiares de las víctimas que —con cierta ingenuidad— pensaban que muchos o la totalidad de los desaparecidos iban a reaparecer. Cuando la Conadep comenzó a investigar, fue desbordada por aquello con lo que se encontró“.
El primer gran impacto fue para los familiares de las víctimas, señalaba, porque recién ahí comprendieron lo que había sucedido: “Ya no era su hijo, su hermano, se descubre que hubo una política de exterminio y que fueron miles. Le dieron, de golpe, a todo el país la dimensión de lo que pasó. La sociedad en su conjunto salió de un espacio de niebla. Yo creo que ese fue el efecto principal que tuvo esa tríada de Conadep, Nunca más y Juicio a las Juntas». Para los sobrevivientes, además, la creación de la comisión “significó la posibilidad de hablar y ser escuchados”.
El único punto flaco señalado por Gras fue la polémica que rodeó al prólogo con el que se publicó el informe, escrito por el mismo Sabato. El texto comenzaba con una frase que hacía alusión a la teoría de los dos demonios: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, una frase fuertemente criticada por conducir a una lectura de los hechos que equiparaba la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Esa interpretación de lo ocurrido, esa frase y ese prólogo que se antepone a un texto que muestra lo opuesto, que deja puramente al descubierto el accionar abyecto y descarnado de las Fuerzas Armadas, generó controversias y cambios en las reediciones posteriores del Nunca más.
Del trabajo de la comisión, solo virtudes.
En el mismo prólogo, apenas unas líneas abajo de esta primera, Sabato escribió: “Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad”.
“La impunidad es enemiga directa de la búsqueda de derechos”, dijo Gras al hablar sobre la Conadep y su tarea, y aseguró que el Nunca más y los primeros juicios refundaron la democracia argentina —aún con las absoluciones, los indultos, las condenas a medias y otros agujeros que dejaron medidas establecidas por el mismo Alfonsín poco después y que seguirían vigentes hasta el 2003.
Buscar justicia fue imprescindible para empezar a reparar el tejido social destrozado. Por eso las palabras con las que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato histórico, unidas al trabajo de la Conadep, quedarían grabadas en la memoria colectiva argentina: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más”.
Cuando Alfonsín recibió los gruesos fajos que contenían la investigación de la Conadep de la mano de Sabato —dicen que algunos de los integrantes de la comisión durmieron la noche previa junto a las copias por miedo a que intentaran robarlas o destruirlas— agradeció con solemnidad, elogió la labor realizada y dió el pie para el juicio que llegaría un año después: “Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes. Así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados, por qué no, de la mano de la bondad.
Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”.
Para que nunca más el odio. Para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Quizás sean buenos tiempos para recordarlo.
