Un operativo de la Fiscalía del Distrito I Turno 6 de Córdoba condujo a la detención de un empleado administrativo de la clínica Aconcagua de la capital provincial, acusado de participar en una maniobra de fraude contra la obra social Apross.
La investigación fiscal reveló numerosas irregularidades en la validación y facturación de consultas médicas que, según los datos oficiales, jamás se realizaron efectivamente a los afiliados.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público de Acusación (MPA), el funcionario cumplía tareas administrativas en la clínica e integraba el circuito de facturación de prestaciones médicas al sistema de la obra social provincial. Las pruebas reunidas hasta el momento indican que el esquema verificaba y facturaba ante Apross consultas inexistentes, generando así pagos indebidos por servicios nunca brindados.
La Fiscalía del Distrito I Turno 6 puso en marcha tareas de auditoría e inspección tras detectar inconsistencias en los registros de atención asociados a la clínica Aconcagua. El caso quedó caratulado como presunta “estafa reiterada”, aunque los investigadores no descartan sumar otras figuras penales conforme se amplíen los testimonios y se profundice la pericia en los sistemas de facturación.
Hace unos meses, la Policía provincial desbarató la banda dedicada a realizar estafas millonarias a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), con recetas truchas. Una enfermera se encuentra dentro de los detenidos.
La investigación comenzó luego de que el Directorio de Apross presentara una denuncia por fraude. Según indica la presentación judicial, esta organización criminal confeccionaba recetas médicas falsas, en formato papel y electrónico, para la prescripción de medicamentos, destinados a enfermedades que requieren tratamiento prolongado, como insulina o medicamentos oncológicos.
De acuerdo con la información del Gobierno provincial, las recetas eran emitidas a nombre de afiliados de Apross empadronados con alguna de esas patologías. Sin embargo, ellos desconocen los consumos registrados a su nombre.
Las prescripciones médicas eran presentadas en diferentes farmacias de la ciudad de Córdoba. Para acreditar la identidad de los afiliados, los delincuentes utilizaban fotocopias de documentos de identidad adulterados, con nombre, apellido, número de documento y dirección modificados.
Una vez presentada la documentación, dejaban un número telefónico para coordinar el retiro de los medicamentos una vez que estuvieran listos. Las autoridades aún no han podido establecer cuál era el destino de esos fármacos.
Frente a esto, la Policía de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal comenzaron los trabajos investigativos para dar con los responsables. De esta manera, solicitaron el registro de prescripciones de los especialistas señalados, incluyendo la identificación del número de IP del dispositivo del que fueron emitidas.
Así, lograron establecer que una de las recetas fue confeccionada el 5 de enero del año pasado a nombre de un paciente fallecido. Estos patrones se repitieron en otras prescripciones sospechosas, por lo que se retiraron los medicamentos de las farmacias involucradas. Estos comercios también se encuentran bajo investigación. En la mayoría de los casos, se repetían los profesionales y quienes lo retiraban.
En consecuencia, identificaron una serie de domicilios donde realizaron los allanamientos. Como resultado de los operativos, 15 personas fueron detenidas, entre ellos una enfermera de una clínica privada.
Se sigue evaluando el impacto económico generado por estas irregularidades, mientras avanzan las investigaciones. El directorio de la obra social de los estatales cree que la cifra rondaría los 500 millones de pesos.
Las autoridades creen que esta banda actuó durante los últimos dos años, pero aún no se ha podido establecer con claridad cuándo iniciaron sus operaciones.
