El caso de Iara Sabrina Rueda regresó al centro de la agenda judicial jujeña, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial bonaerense de Junín de elevar a juicio la investigación contra siete agentes de la Policía de Jujuy.
La causa se centra en el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quienes debieron actuar durante las primeras horas de la desaparición de la adolescente, ocurrida el 23 de septiembre de 2020 en Palpalá.
Ese día, Iara Rueda, de 16 años, fue vista por última vez en la ciudad de Palpalá. Días después, la joven fue hallada sin vida en el límite de los barrios San José y 2 de Abril, hecho que generó indignación tanto en Jujuy como a nivel nacional.
Por el asesinato de la adolescente, la Justicia condenó a prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, mientras que Tomás Fernández recibió una condena de 15 años, ya que al momento del crimen era menor de 18 años. Con él, la joven tenía una relación y habían pactado encontrarse.
El adolescente no fue solo, llegó acompañado por los otros dos hombres, que por la fuerza subieron a Iara en un vehículo con el cual escaparon. Acto seguido fue estrangulada, asesinada y arrojada en inmediaciones de un descampado, donde una vez muerta también intentaron prenderla fuego.
Ahora, la atención vuelve a estar sobre la actuación de los funcionarios policiales responsables de las primeras instancias de búsqueda.
Los siete policías fueron finalmente acusados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según el artículo 250 del Código Penal de la Nación. Un octavo policía fue sobreseído en octubre de 2024, tras una resolución del Tribunal de Revisión presidido por María Gracia Cardone, junto a Vicente Apaza y Lucas Grenni.
La sanción estipulada por el artículo 250 puede oscilar entre un mes y dos años de prisión, además de la inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer en fuerzas públicas, cuando un agente rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de auxilio legalmente exigido por la autoridad civil competente.
La investigación y la acusación dirigida a los policías gira en torno a la aplicación, presuntamente irregular, de la Resolución 051/2017 del Ministerio de Seguridad de Jujuy, que aprueba el “Protocolo general para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas”. Esta normativa, aprobada en mayo de 2017, obliga a la implementación inmediata del protocolo en todas las dependencias policiales y centros de monitoreo de la provincia.
Según el texto oficial, “no existe un tiempo mínimo para la toma de denuncias”, y los funcionarios policiales deben recibir por escrito la denuncia de desaparición y activar de inmediato los procedimientos de búsqueda.
La trascendencia del caso derivó en la promulgación de la Ley provincial N° 6.186, conocida como “Ley Iara”, en abril de 2021, que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en Jujuy. La normativa también creó el Programa de Políticas Públicas de Género y Diversidad en el ámbito del Ministerio de Salud provincial, disponiendo medidas de contención para mujeres en situación de vulnerabilidad económica que sufren violencia.
Con la elevación a juicio ya aprobada, el expediente está a la espera del sorteo de jueces y la fijación de la fecha para comenzar el proceso oral y público.
