Juan Manuel Abal Medina hijo es una constante en el kirchnerismo, aunque es uno de sus políticos menos abrasivos y vehementes. Siempre tuvo, en comparación al estilo general, otro perfil. Doctor en Ciencia Política, prolífico autor de libros, tuvo un cargo de importancia en cada gestión de Cristina Fernández de Kirchner: secretario de Gabinete, secretario de Comunicación Pública, jefe de Gabinete desde 2011 a 2013, luego senador por la provincia de Buenos Aires. En 2017, una serie de cuestionamientos a CFK lo dejaron fuera del mapa. Este año probó suerte en las últimas elecciones porteñas para chocar de frente con Leandro Santoro. Allí, Perdió.
Es infrecuente ver a Abal Medina en el barro de Comodoro Py, en los banquillos en donde sus viejos jefes políticos como CFK se sentaron y otra vez. En 2019, el fiscal Carlos Rivolo pidió su elevación a juicio junto a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros, por un caso de defraudación al Estado de $600 millones de aquel entonces, dinero para el tratamiento de residuos que nunca se entregó.
En poco más de un mes, será parte del juicio por los cuadernos de las coimas escritas por el chofer Centeno que comenzará el 6 de noviembre próximo, si el Tribunal Oral Federal N°7 rechaza su oferta de $60 millones para lograr su sobreseimiento y zafar de un juicio de 75 acusados y más de 600 testigos que, con dos audiencias semanales vía Zoom, podría arrastrarse durante “cuatro, cinco, seis años”, afirma un abogado de la causa, un proceso “donde unos cuantos imputados pueden morir dada su edad”.
Esa es la otra condena del juicio del caso Cuadernos: el tiempo eterno frente a la webcam, ser una cara en el mosaico, obligada allí.
A Abal Medina, el juez Claudio Bonadio lo elevó a juicio por 18 hechos de cohecho activo, recepción de coimas, en las que intervino como partícipe secundario. Sin embargo, seis meses antes de morir, el magistrado lo sobreseyó con respecto a integrar la asociación ilícita encabezada por Julio De Vido y CFK.
Efectivamente, Abal Medina declaró en la causa, aunque no como arrepentido, tal como hizo José López. Presentó un escrito donde explicó, más o menos, la supuesta situación que le imputan, un pasamanos de billetes, recaudación para el viejo Frente para la Victoria, de cara a la campaña de 2013. Allí, incluyó un leve palo para el superministro Julio De Vido:
“Mis funciones no tenían competencia directa en el área del Ministerio de Planificación, Secretaría de Energía ni sus dependencias, área del gobierno que por cierto obraba con cierta autonomía e independencia, incluso de la Jefatura de Gabinete. No intervenía en procesos licitatorios de obras públicas, no intervenía en los pagos de las mismas, no incidía en los expedientes del Ministerio de Planificación que lógicamente, y como ha sido planteado en autos, tenían su propio circuito administrativo”.
Abal Medina afirmó que “en el año 2013, una de las tareas que recayeron bajo mi responsabilidad fue la de prestar atención y colaboración en la campaña de las PASO y de las elecciones generales que se desarrollarían ese año”.
Así, llegó Roberto Baratta, subsecretario de Comunicación. Abal Medina, afirmó, derivó la tarea en Hugo Martín Larraburu, su secretario privado, a quien Centeno marcó en los cuadernos como “Martín de Presidencia”. Larraburu terminó imputado como su jefe. En su declaración, Abal Medina lo desligó de toda responsabilidad. Bonadio lo elevó a juicio igual.
Los grandes empresarios del caso figuran la lista de pagos que supuestamente canalizó Abal Medina entre agosto y septiembre de 2013: allí están Armando Loson, Carlos Wagner, Benito Roggio, Enrique Pescarmona, Ángelo Calcaterra.
Varios de estos empresarios, como Calcaterra, afirmaron que realizaron aportes de campaña y que no pagaron coimas; el primo de Mauricio Macri pidió ser investigado por la Justicia electoral, pero las pericias contables a las arcas políticas revelaron que no existió ningún aporte registrado.
En 2024, Abal Medina hizo un planteo similar a los magistrados de la causa Cuadernos. Pidió que la causa en su contra cambie de fuero. Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7, Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, lo rechazaron por unanimidad.
