Una mujer de 30 años fue acusada de crueldad y maltrato animal tras llevar a su perrita a un descampado de Finca La Lonja, en Salta, y provocarle la muerte utilizando un cable. Tras recopilar una serie de pruebas en su contra, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la elevación a juicio, bajo la Ley 14.346.
Según indicó el portal El Tribuno, las testigos de lo ocurrido, quienes residen en la zona, observaron a la acusada cuando sujetaba al animal con un cable y se dirigía hacia la orilla de un río cercano. Poco después, observaron que regresaba sin el animal, por lo que decidieron buscarla.
A los pocos metros hallaron el cuerpo de la perrita colgado de un árbol. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el caso fue reportado de inmediato, lo que dio lugar a la intervención de la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo. Por su parte, el Hospital Municipal de Salud Animal y Zoonosis realizó una necropsia que confirmó la causa de muerte del animal.
La investigación avanzó con base en los testimonios aportados por las vecinas del lugar, quienes relataron la secuencia de lo ocurrido. Los detalles quedaron plasmados en el expediente presentado ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro.
La causa fue caratulada como actos de crueldad y maltrato animal. El requerimiento del fiscal estipuló que la imputada deberá enfrentar un juicio oral y público, además de responder por la infracción a la legislación penal vigente en materia de protección animal.
Rechazaron la probation para un hombre acusado de tener especies silvestres en cautiverio
Días atrás, la Cámara Federal de La Plata denegó la suspensión del juicio a prueba para un hombre acusado de maltrato y crueldad animal. En su domicilio de Temperley hallaron diversas especies silvestres y cueros de animales.
El tribunal respaldó el fallo del juez de primera instancia, quien consideró insuficiente la propuesta económica presentada por la defensa en comparación con los gastos asumidos por el Estado para el cuidado y mantenimiento de los animales rescatados.
El acusado, identificado como J. B., enfrenta cargos como presunto autor del delito de malos tratos hacia los animales, según el artículo 1° de la Ley 14.346. De acuerdo con la investigación, la persona mantuvo al menos hasta el 26 de diciembre de 2022, en su vivienda “dos cotorras argentinas (Myopsitta monachus), un loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), un mono caí (Sapajus apella), dos tortugas cuello de serpiente (Hydromedusa tectifera), un cuero de puma (Puma concolor), uno de Zorro Gris (Lycalopex griseus) y uno de Coatí (Nasua nasua)”.
La imputación incluyó el hecho de haber tenido a los animales vivos en recintos de dimensiones muy pequeñas y sin condiciones adecuadas para su desarrollo, con la particular gravedad en el caso del mono que permanecía encerrado en una jaula pequeña, sin acceso a agua, alimento ni espacio para resguardo o descanso.
Durante la audiencia, la defensa del acusado ofreció como reparación la suma de 350.000 pesos y la entrega mensual de 15 kilos de alimento durante seis meses a la institución que albergó a los animales. La Fiscalía rechazó el ofrecimiento alegando que resultaba exiguo frente a los gastos estatales, que entre febrero de 2023 y noviembre de 2024 ascendieron a 3,9 millones de pesos.
El titular del Juzgado Federal de Quilmes avaló la postura del Ministerio Público, señalando que la oposición fiscal tenía carácter vinculante. Frente a esa resolución, la defensa apeló e insistió en la suficiencia de la propuesta económica. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, a cargo del juez Roberto Agustín Lemos Arias, señaló que el magistrado de primera instancia no se limitó a considerar el dictamen fiscal como vinculante, sino que también analizó la razonabilidad y proporcionalidad del rechazo. De ese modo, la Cámara ratificó la negativa a conceder la suspensión del juicio a prueba para el imputado.
