Con el diario del lunes, casi siempre es otra cosa. Joaquín Aquino, alias “El Paisa”, parecía convertirse en el nuevo enemigo público número uno en febrero de 2022, cuando la Policía Bonaerense lo detuvo en José C. Paz. Lo vinculaban al caso de la cocaína contaminada con carfentanilo en las villas de San Martín, una de las historias del hampa del conurbano más inquietantes en lo que va del siglo.
No era para menos. La aparición de la droga cortada con tranquilizante para rinocerontes, vendida en la villa Puerta 8 de Tres de Febrero, causó 24 muertos y más de 80 internados, sacudió el panorama delictivo y lanzó al público general, y a consumidores en particular, a un estado de pánico.
Así, las autoridades lo marcaron al “Paisa”, lo fotografiaron y, de manera un poco apresurada, difundieron su rostro, una versión avalada por el entonces ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Incluso, el Gobierno nacional anunció la expulsión del país de Aquino.
Berni, por su parte, aseguró que le parecería “una barbaridad” que Aquino sea deportado sin cumplir condena. En todo caso, tenían a alguien. Eso ya calmaba a la opinión pública. Y “El Paisa” Aquino era ciertamente alguien.
Nacido en agosto de 1988 en Encarnación, Paraguay, y vinculado a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, uno de los mayores traficantes de San Martín y enemigo declarado de “Mameluco” Villalba, el histórico capo de la zona; Aquino cayó en una casa del barrio Calabaza José C. Paz con una Glock calibre .40 con la numeración limada escondida en el ropero que le valió una imputación por tenencia ilegal de arma de guerra. También le encontraron 147 balas y tres celulares, más un poco de cocaína. Detuvieron a otros siete sospechosos en aquella redada.
Pero, al final, “El Paisa” no tuvo nada que ver con la droga contaminada. Irónicamente, “Mameluco” Villalba, enemigo del jefe de “El Paisa”, comenzó a ser juzgado en septiembre último junto a sus hijos Dylan e Iván en el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín por las 24 muertes, la peor de todas las acusaciones que enfrentó en su vida.
Aquino, sin embargo, siguió preso, pero por otro motivo. La semana pasada, su nombre regresó a la Justicia federal, el foco de una curiosa historia.
El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Federal en Comodoro Py, integrada por los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Aquino y otros ocho cómplices, luego de que el Tribunal Federal N°4 de San Martín condenara a “El Paisa” por narco en julio de 2024. La pena: nueve años de prisión. Otros miembros de su banda, como Claudio Cisneros y Aldana Benítez, pareja de Aquino al momento de la investigación, recibieron sentencias de hasta siete años.
Los defensores objetaron “inconsistencias de los dichos policiales y la carencia de prueba concreta recabada en la etapa investigativa”. “Cuestionaron las tareas investigativas realizadas por la prevención para dar con el paradero de Joaquín Aquino, dado que no surgía de las constancias de la causa ninguna orden judicial que dispusiera tales medidas”, recordaron los jueces de la Sala III.
Hablaron, incluso, de tareas de inteligencia realizadas sin orden judicial y que Aquino fue arrestado en base a un viejo pedido de captura, firmado en 2020 por el Tribunal Federal N°1 de San Martín, por otra causa que databa de 2018 en la que Aquino se encontraba rebelde. El delito en cuestión: un secuestro extorsivo, por el que fue también condenado.
Así, pidieron la nulidad total de la causa, viciada desde el comienzo, algo que los camaristas federales rechazaron.
Lo cierto es que Aquino era el foco de una investigación de la Justicia federal cuando lo arrestaron. En agosto de 2021, la PROCUNAR-el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico- presentó una investigación preliminar en su contra que quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paul Starc, lo que dio inicio a un nuevo expediente.
La Bonaerense, que buscaba a Aquino por ese viejo pedido de captura, recibió el rumor de que “El Paisa”, ya prófugo, se dedicaba al negocio de la droga en las villas Loyola, Sarmiento y 18 de San Martín. Los fiscales de la PROCUNAR ordenaron a la Superintendencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos de la fuerza provincial que profundice las tareas de campo.
La investigación preliminar señaló que “el nombrado Aquino se encargaba de la recaudación y, para no ser habido, alternaba en diferentes viviendas pertenecientes a la familia de su pareja”, aseguran los fundamentos de su condena. Pero de vender droga envenenada, nada.
En aquella investigación, Benítez y Cisneros -alias “El Cofla”- fueron señalados como los encargados de fraccionar y distribuir la cocaína sin fentanilo. La Bonaerense, también, marcó que el narco paraguayo supuestamente respondía a “Alicho” Alegre y Blas Adrián Gómez, alias “El Gordo Blas”, ambos presos, otro negocio narco comandado desde la cárcel.
Finalmente, los jueces de la Sala III decidieron convalidar la investigación. “Las numerosas pruebas detalladas permiten tener por demostrada la materialidad de los hechos y el grado de participación en ellos” que el tribunal que condenó a los acusados “adjudicó a cada uno de los imputados”.
“Los integrantes de la organización, cumplían diferentes roles coordinados en la actividad. En concreto, Aquino oficiaba como “líder” del emprendimiento criminal al concurrir diariamente a los puntos de expendio, en especial, al del barrio Loyola, para supervisar el funcionamiento. Benítez, por su parte, se ocupaba del control en Villa Sarmiento», continuaron Mahiques, Borinsky y Gemignani en su fallo del viernes pasado.
La investigación incluyó filmaciones de pasamanos, adictos consumiendo en plena calle, todo en torno a los kioscos de la banda. Se encontró, también, un sistema de remisería transa, que terminaba en cuevas financieras.
Al final, la cocaína incautada en las redadas fue analizada. La pericia de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal no detectó nada fuera de lo usual. Los fundamentos de la condena a “El Paisa” y su banda, contenidos en un documento de 195 páginas, no dicen la palabra “fentanilo” o “carfentanilo” en ningún momento.
