A través de una investigación coordinada por diferentes organismos y autoridades policiales, lograron desbaratar una organización criminal dedicada al robo, adulteración y venta de vehículos de alta gama en el Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras provincias. Como resultado del operativo, diez personas fueron detenidas y otras aprehendidas, el secuestro de automóviles, camionetas, motocicletas y grandes cantidades de materiales usados para la falsificación y puesta en circulación ilegal de autos robados.
La investigación comenzó el 25 de marzo de este año y se centró en la estructura familiar dedicada a los mencionados delitos, identificados por la Policía como el “Clan Carabajal”. El 12 de noviembre se registraron las primeras detenciones y este martes las autoridades terminaron de desarticular la banda.
Los primeros en caer fueron los jefes de la banda. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el líder, H. G. C. (46) —alias “El Artesano”—, operaba junto a su hijo, R. E. C. (26) —apodado “Roro”—. Este último se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N° 30 de General Alvear. También L. M. (20) —sobrino del jefe— formaba parte de la organización criminal. Los jóvenes eran quienes se ocupaban de sustraer los vehículos de alta gama como Toyota SW4 y Volkswagen Amarok en distintas zonas del Conurbano bonaerense y Capital Federal.
Una vez robados, los autos eran “enfriados” en playas de estacionamiento céntricas para disminuir sospechas y luego sometidos a procesos de adulteración en los que se modificaban la numeración de chasis, motor y cristales, se colocaban patentes apócrifas y se producían documentos falsificados. Dentro del material secuestrado tras dos allanamientos, uno en Florencio Varela y otro en el penal de General Alvear, la Policía halló 500 stickers de identificación, herramientas de grabado y componentes para la fabricación de documentación trucha.
El caso fue llevado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12, a cargo del fiscal Leonardo Fernando Sarra y el Juzgado de Garantías N°5 de Quilmes, con la colaboración de la Secretaría a cargo de Gastón Zivec y Agustín Freyre. En tanto, los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Delitos Económicos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Las escuchas telefónicas
Según precisaron a este medio, el seguimiento incluyó la intervención de cinco líneas telefónicas de los líderes, de las cuales se pudo recolectar y analizar cerca de 12.000 horas de conversaciones, desde donde coordinaban la organización y el vínculo con otros grupos dedicados al robo armado, la adulteración de vehículos y entraderas. Las escuchas y tareas de vigilancia revelaron el modus operandi de los miembros y cómo combinaban todas las acciones de la banda.
El martes se realizaron nueve allanamientos en General Rodríguez, Loma Hermosa, Moreno, Esteban Echeverría, Monte Grande, Lavallol, Berazategui y Florencio Varela, en donde se toparon con el resto de los integrantes de la red, muchos de ellos identificados a través de las escuchas. Se trataba de una mujer y siete hombres, todos mayores de 30 años, salvo uno de 22, cuyas iniciales son P. A. L., C. A. F., V. M. E. M, A. A. C.; M. E. E., D. J. V. y R. D. A.
En estos operativos se recuperaron cinco camionetas de alta gama, tres autos de lujo y una motocicleta, todos con pedidos de secuestro activo recientes, además de balanzas de precisión, cédulas de identificación vehicular, computadoras de a bordo, duplicadores remotos y diversos implementos relacionados con la adulteración y venta ilegal de unidades robadas.
La investigación también determinó el papel de cada integrante en la estructura, que incluía desde choferes y guardadores, hasta encargados de producir stickers y documentación falsa, especialistas en duplicado y programación de llaves de ignición, y gestores dedicados a la logística de ocultamiento y venta a terceros, tanto en el país como en países limítrofes como Paraguay.
Las autoridades estimaron que, en total, se recuperó un monto superior a los $50 millones en lo que respecta al parque automotor. Además, se determinó que los domicilios utilizados como lugares de guarda y adulteración recibían pagos mensuales que oscilaban entre $100 mil y $200 mil.
El análisis de las pruebas reunidas permitió imputar a los detenidos por asociación ilícita, robo, hurto reiterado de automotores, falsificación de documentos y encubrimiento calificado con ánimo de lucro. Además, consignaron que varios de los arrestados muestran tenían un historial vinculado a delitos similares, entre los que figuran causas por robo agravado, hechos de encubrimiento, secuestros extorsivos y resistencia a la autoridad, lo que refuerza el entramado delictivo atribuido al grupo.
