Como si fuera un nene, el narco César Morán de la Cruz aprovechó un recreo para hacer “travesuras” y provocó destrozos en la cárcel de Ezeiza, donde está alojado. Sin embargo, de la Cruz, más conocido como “El Loco”, no es ningún infante inocente. Se trata de uno de los capos más peligrosos y poderosos del país. Está preso hace más de una década, involucrado en una amplia gama de crímenes, desde las sombras, maneja los hilos de la venta de droga en la Villa 31 de Retiro e integra la nómina de los internos de “Alto Perfil”.
Ahora deberá pagar $445.033,70 por los daños ocasionados la tarde/noche del 22 de enero de 2025 en el pabellón A de la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal I, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa que tuvo la intervención del fiscal Sergio Mola.
En esa oportunidad, el Encargado de Turno visualizó a “El Loco César” arrojando un anafe contra una de las cámaras de videovigilancia. Luego, contra el televisor que se encontraba ubicado en el Salón de Usos Múltiples (S. U. M.).
El líder de “la Banda del Pueblo” cumplió su cometido y rompió el aparato, de manera que dejó al resto de la población sin entretenimiento diario. Dejó también inutilizado el anafe, indicaron fuentes del caso a Infobae.
Los agentes penitenciarios presentes lograron calmar al recluso. La versión oficial indica que entablaron diálogo con él y que lograron que “entrara en razón” y desista su comportamiento hostil. Así, lograron que se “reintegre a su sector individual de alojamiento”.
Teniendo en cuenta el perjuicio que produjo sobre los bienes provistos por la administración penitenciaria- es decir, el Estado- el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Julián Curi, inició actuaciones disciplinarias.
Sucede que, con su comportamiento, “El Loco” trasgredió el orden y la disciplina del penal. Su actitud le valió una mala nota en su hoja de vida carcelaria. Esas calificaciones repercuten en las decisiones que pueden tomarse a futuro sobre beneficios y libertades.
Pero no quedó ahí. Las autoridades formalizaron una denuncia frente al Juzgado Federal y se inició una investigación. A raíz de las evidencias presentadas, el 19 de agosto el narco fue citado a declarar. Se negó por consejo de su defensa, pero expresó su deseo de llegar a una conciliación mediante el pago de la totalidad de los daños causados y hasta ofreció disculpas.
Eso sí, pidió dos cuotas, una con vencimiento este 15 de septiembre y la segunda, el 15 de octubre, para poder alcanzar el monto acordado.
El caso de “Guille” Cantero
Infobae había dado a conocer una decisión judicial similar con otro interno de Alto Perfil: Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), el jefe de la narcobanda Los Monos, condenado a 139 años de cárcel.
Este martes, el juez Federal de Campana Adrián González Charvay, resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.
El magistrado le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.
Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. Todas las partes aceptaron el trato.
En un comunicado, el SPF explicó este miércoles que Morán de la Cruz y Cantero “manifestaron conductas delictivas que incluyeron la destrucción de mobiliario e instalaciones interiores, como también atentados contra la vida y la integridad física de personas. Por ello, el Estado no solo ha impulsado su persecución penal, sino que también accionó legalmente para buscar su responsabilidad civil y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos”.
“La reparación integral de los daños ha sido abonada por los internos, quienes, además de afrontar sus responsabilidades penales, deberán afrontar la reparación civil en favor del Estado y sus instituciones de seguridad y administración”, aseguraron.
Este medio pudo saber que existen expedientes abiertos con relación a otros internos sin la notoriedad de los capos rosarinos y de la Villa 31 pendientes de resolución debido a la oposición de algunos fiscales por continuar la acción penal.
