Comienza hoy el juicio contra tres policías acusados de torturar y agredir a dos adolescentes en Mar del Plata

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El proceso judicial se llevará a cabo en el Tribunal N° 2 de la ciudad

Este lunes comienza el juicio por jurados contra tres policías de Mar del Plata, acusados de haber detenido de manera ilegal, golpeado y torturado a dos adolescentes de 14 y 16 años en 2022. La denuncia incluye además el traslado a un descampado y una simulación de que iban a ejecutarlos. Los imputados están detenidos desde el día en que cometieron el ataque.

Ariel Estévez, Vanesa Cano y Jonathan Cabrera enfrentan cargos como coautores de los delitos de detención funcional ilegal y torturas. Todo, de hecho, fue grabado por ellos mismos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, El proceso se llevará adelante en el Tribunal N° 2 con un jurado popular, tras una investigación llevada adelante por los fiscales Luis Ferreyra y Juan Pablo Lódola.

El caso se originó el 17 de septiembre de 2022, cuando la madre de uno de los menores hizo la denuncia sobre el ataque que había sufrido hijo. La intervención del fiscal Alejandro Pellegrinelli permitió iniciar una causa por vejaciones y apremios ilegales, más tarde remitida a la Unidad Fiscal de Instrucción 12. Según la reconstrucción judicial, esa noche, en Berutti al 9100, Cano y Estévez detuvieron a los jóvenes y les ordenaron colocar las manos sobre el capot del patrullero, aduciendo una identificación. Pocos minutos después, llegaron Estigarribia y Cabrera en un segundo móvil.

El expediente detalla que este último golpeó en la boca al menor de 14, le gatilló con su arma en la cabeza y luego intentó hacer lo mismo en la boca. Finalmente, le colocó unas esposas. Al mismo tiempo, Estévez extrajo su arma reglamentaria y se la apoyó en las costillas, amenazándolo de muerte. “Le ordenó que no gritara porque, de lo contrario, lo iba a matar”, relatan la investigación. Los chicos fueron trasladados a un descampado en Strobel al 1050, donde continuaron las golpizas y las amenazas.

En ese lugar, obligaron al más joven a arrodillarse, pedir perdón, mientras mantenían el arma en su sien izquierda. Además, le daban golpes en la nuca y en la cara. Mientras al otro adolescente lo amenazaban y le propinaban patadas e intimidaciones en uno de los móviles policiales. Las escenas quedaron registradas en un celular.

Finalmente, los oficiales les ordenaron con una escopeta en mano que corrieran, simulando un fusilamiento. Según el expediente, el objetivo era amedrentar y someter a los adolescentes con tormentos físicos y sufrimientos psíquicos graves. La jueza Rosa Frende, al ordenar la detención de los cuatro policías implicados, encuadró el accionar de los oficiales como un caso de privación ilegítima de la libertad agravada y torturas. “Con ese mecanismo tortuoso, el personal policial interviniente incurrió en un procedimiento ilegítimo por donde se lo mire, procedieron a aplicarle tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad a los menores”, acusó.

La Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense dispuso que los implicados sean desafectados de manera inmediata, quienes fueron detenidos por personal de la dependencia local y la DDI en la jornada siguiente al ataque. Los hombres fueron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán y las mujeres, en el Destacamento Femenino.

Posteriormente, Estigarribia fue sobreseída y no llegó a la instancia de juicio luego de que la Cámara de Apelaciones considerara que, si bien estuvo presente durante los hechos, no existían “claros fundamentos” que acreditaran su participación en la comisión de las torturas y solo cumplió funciones de identificación de personas en la vía pública. Frende sostuvo que la mujer quedó como espectadora de actuaciones ilícitas llevadas a cabo por sus compañeros.

El expediente judicial fue elevado a juicio tras la finalización de la etapa de instrucción. La Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de Estévez, Cano y Cabrera en los hechos, mientras que la defensa de los imputados solicitó la intervención de un jurado popular.