La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por enriquecimiento ilícito del comisario mayor retirado de Santa Fe Osvaldo Raúl Bejarán, quien recibió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Solo con su ingreso de jefe de la División Leyes Especiales de la Policía de Rosario, área que debía combatir el juego clandestino, en 2003 compró un taxi, un Chevrolet Corsa OKM, un auto usado y adquirió una propiedad.
La causa de Bejarán es emblemática en todo sentido. La investigación por enriquecimiento ilícito está basada en su incremento patrimonial desde 2001, cuando llegó a ser uno de los jefes dentro de la Unidad Regional II.
El hombre se retiró en 2008 de la fuerza y recién en 2016 fue procesado por la jueza Alejandra Rodenas, quien luego se retiró de la actividad judicial para asumir como diputada nacional –y posteriormente como vicegobernadora en la provincia–.
El comisario mayor retirado fue llevado a juicio oral y público en el año 2020. En agosto de 2021, el tribunal de primera instancia integrado por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle le dio la pena de 3 años de prisión condicional. En la resolución también se dispuso una multa de 5.218.818,98 pesos, equivalente al 75 por ciento del perjuicio, según estimó el Ministerio Público de la Acusación.
En la investigación que llevó adelante el por entonces fiscal Gonzalo Fernández Bussy –quien actualmente es juez– se ponderó que Bejarán tuvo un “aumento infundado de sus bienes registrables” desde que llegó a titular de Leyes Especiales de la Policía.
El fiscal señaló que en 2003 adquirió una licencia de taxi, un Fiat Siena para explotarlo con esa finalidad y un Chevrolet Corsa cero kilómetro. Al año siguiente sumó una finca y otro vehículo marca Renault, todos bienes conseguidos con un único ingresó como personal policial.
Bejarán pasó por distintas jerarquías policiales desde 1978 hasta el 3 de septiembre de 2008, cuando se retiró como comisario general de la Unidad Regional de Iriondo.
A modo de defensa, el ex comisario justificó sus bienes al decir que desde su ingreso a la fuerza de seguridad, y hasta que su jerarquía se lo impidió, hizo “servicios adicionales diarios de lunes a viernes en el Banco Provincia de Santa Fe y en el Banco Nación desde 1980 al 1990”, y luego sacó distintos créditos.
No obstante, la pericia contable indicó que su incremento patrimonial en el período investigado era injustificado.
En marzo de 2022, la sala de la Cámara de Apelaciones conformada por Javier Beltramone, Daniel Alonso y Georgina Depetris confirmó la sentencia, que incluía la realización de trabajos comunitarios en favor del Estado provincial o de una institución de bien público.
El derrotero judicial continuó con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que planteó la defensa de Bejarán ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que lo rechazó.
Fue allí que el ex comisario acudió en última instancia al máximo tribunal de Justicia del país, que también se lo denegó.
