La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar los recursos presentados por la defensa de tres mujeres condenadas por narcotráfico en Venado Tuerto marcó el cierre definitivo de un proceso judicial que expuso la operatoria de una red dedicada a la venta de drogas, incluso desde el interior de la cárcel. El máximo tribunal desestimó los planteos que cuestionaban la sentencia por no haber aplicado una perspectiva de género, consolidando así las condenas impuestas a Natalí Castelli, Georgina Ayelén Fernández y Natalí Macedo González.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la defensa oficial de Castelli, Fernández y Macedo González recurrió a la Corte Suprema argumentando que sus defendidas habían tenido un rol secundario en la organización, liderada por sus parejas, vínculos en el que mediaba una diferencia de poder entre ambos. Por esto mismo, planteó que la causa no se enfocó con perspectiva de género.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible la presentación. De esta manera, confirmaron los 7 años y medio de prisión que recayeron sobre Castelli, mientras que Fernández y Macedo González fueron condenadas a 6 años, cada una.
Además, rechazaron las apelaciones de otros implicados, como Denis Tognini, Cristian Pérez, Lucas Spada y Fabricio Monsalvo, aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La investigación, que derivó en estas condenas, inició en 2018, cuando la Subdelegación de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina detectó maniobras de venta de estupefacientes en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes. Esta información coincidió con un reporte de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que a partir de un llamado anónimo al 911 identificó a “El Gordo Castelli”, como presunto responsable de la comercialización de drogas en ese domicilio.
El juzgado Federal de Venado Tuerto delegó la investigación en la Fiscalía, que confirmó las sospechas iniciales tras analizar intervenciones telefónicas. El 20 de noviembre de 2018, los investigadores presentaron el primer informe sobre las comunicaciones de Natalí Castelli, quien mantenía una relación sentimental con Sebastián López, detenido en el penal de Coronda. Las escuchas revelaron que López abastecía de estupefacientes a Castelli, quien a su vez proveía a otras personas fuera del penal.
Las pesquisas permitieron identificar a Georgina Fernández, pareja de Fabricio Monsalvo —también preso en la Unidad n.º 1 de Coronda—, como otra pieza clave en la red. Fernández utilizaba un domicilio en la calle San Luis para la venta de drogas, y mantenía contactos con otras mujeres, como Florencia, oriunda de Melincué, en el marco de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.
El análisis de las comunicaciones evidenció que Sebastián López compartía celda con Lucas Spada, a quien también proveía de drogas para su reventa en Rufino, a través de la pareja de Spada, identificada como Natalí o “Morena”. Un informe posterior de la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII determinó que López y Castelli recibían estupefacientes de un proveedor masculino en las inmediaciones del penal de Coronda.
A comienzos de 2019, nuevas intervenciones telefónicas permitieron establecer que Fabricio Monsalvo utilizaba dos líneas telefónicas, una de ellas perteneciente a su compañero de celda, Martín Cardozo. Las escuchas también mencionaron a un proveedor apodado “Palín”.
La investigación determinó que la actividad ilícita tenía puntos geográficos bien definidos: la Unidad Penitenciaria de Coronda, zonas cercanas dentro de la misma localidad, y las ciudades de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué. Además, se detectaron conexiones con personas no identificadas en Santa Fe y Rosario.
En febrero de 2019, se realizaron allanamientos en los que se incautaron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento y acondicionamiento, como recortes de nylon transparente y balanzas.
En estos operativos fueron detenidos: Cristian Leonardo Pérez, Luciano Colombano, Jesús Alberto Beltrán, Lucas Videla Mirazú, Á.T.B., Natalí Rafaela Castelli, Juliana Chávez, Natalí Macedo González, Maira Jaquelina Crespo, Rosa Haydee Rodríguez, Romina Diana Rocío Pietrocola, Lucas Spada, Fabricio Monsalvo, Sebastián López, Martín Cardozo y Horacio Luciano Rene.
La Fiscalía sostuvo que la estructura de la organización se dividía en dos grupos principales: uno liderado por Sebastián López y otro por Fabricio Monsalvo. Ambos, desde la cárcel, establecían contacto con proveedores de drogas, mientras que sus parejas se encargaban de la distribución en distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.
Durante el juicio, el tribunal determinó que la pareja conformada por Spada y Macedo se dedicaba a la venta minorista de la droga suministrada por López y Castelli, actuando como los últimos eslabones de la cadena de tráfico. En cambio, Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, ya que contaban con varias personas que luego comercializaban el estupefaciente al menudeo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y las penas, que oscilaron entre 3 años y 7 años y medio de prisión por tráfico de estupefacientes para los 17 involucrados.
