En el marco de una subasta de bienes incautados al delito, el gobierno de Santa Fe recaudó más de 1.200 millones de pesos. Lo hizo al poner a disposición pública 157 elementos que se encontraban bajo la administración de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Se trata de la cuarta edición de remates, que se llevó a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. La recaudación final de los remates fue de 1.238.960.000 pesos, según supo Infobae. Los fondos obtenidos serán destinados a la reparación de víctimas de delitos, el fortalecimiento de políticas sociales y el financiamiento de la operatividad de la propia Aprad, indicaron las autoridades.
La subasta convocó a 3.910 personas inscriptas, provenientes de las 24 jurisdicciones del país. Fue la participación que alcanzó el mayor registro de interesados desde la implementación de esta política en la provincia. El evento permitió la comercialización de una amplia variedad de bienes, cuya gestión está regulada por disposiciones judiciales asociadas a investigaciones criminales y contravenciones.
Entre los productos ofertados, el lote más valioso resultó un inmueble ubicado en la localidad de Funes, que se vendió por 90 millones de pesos. En la misma jornada, se adjudicó el lote de joyas número 65 por un monto de 19.500.000 pesos. Dentro del segmento automotor, el auto más caro fue un Toyota SW4 modelo 2023 con apenas 5.072 kilómetros, que alcanzó un precio de 60 millones de pesos.
Por el contrario, el lote con precio más bajo correspondió a un celular, adquirido por 110.000 pesos. Según supo este medio, la recaudación obtenida en esta ocasión superó todas las ediciones anteriores de subastas provinciales.
La Aprad informó que las tres subastas previas, también realizadas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, permitieron recaudar 2.326 millones de pesos: la primera alcanzó los 451 millones, la segunda 700 millones y la tercera 1.200 millones. De este modo, sumando los resultados del último remate, la provincia acumula más de 3.500 millones de pesos conseguidos por la venta pública de bienes secuestrados a raíz de causas judiciales.
El origen y destino de estos bienes está determinado por el marco normativo que rige la actividad de la Aprad. La agencia se encarga de administrar, disponer y distribuir objetos que han sido incautados en procedimientos judiciales, priorizando su utilidad social.
Parte de lo recaudado se destina a la reparación de víctimas de delitos, otra sección al financiamiento de programas sociales y el resto al mantenimiento de la propia estructura administrativa de la agencia, según informó el gobierno provincial. Los bienes pueden ser entregados a organismos estatales como la Policía, instituciones penitenciarias, educativas o asistenciales, o bien ser subastados o sometidos a procesos de compactación, según la naturaleza de cada elemento.
En el acto de remate, la amplia presencia federal y la cifra récord de inscriptos marcaron la jornada, reforzando la política pública provincial de convertir activos ilegales en recursos útiles para la sociedad. “Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social”, señalaron desde la Aprad.
Los bienes subastados durante la jornada
La diversidad de lotes puestos a disposición marcó uno de los principales atractivos del remate. La oferta permitió que distintos sectores, desde empresas hasta particulares, accedieran a una amplia gama de objetos provenientes de decomisos judiciales.
Entre los bienes disponibles se encontraron:
- Vehículos
- Inmuebles
- Joyas
- Celulares
- Materiales de construcción
- Electrodomésticos
