La nueva era del hampa peruana en Argentina es un hecho. A más de 25 años del comienzo del reinado del terror de traficantes como “Marcos” Estrada González en el Bajo Flores, el triple crimen narco de Florencio Varela que terminó con el asesinato y mutilación de tres jóvenes reveló cómo se reconfigura el negocio de la droga y la violencia extrema que implica.
La banda acusada de las muertes de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, con varios jugadores argentinos en sus ligas menores, es liderada por hampones peruanos. La primera pieza en el tablero fue Tony Janzen Valverde, oriundo de Trujillo, Perú, capturado en las afueras de Lima en una carrera caliente.
“Pequeño Jota”, como se lo conoce, resultó ser, con suerte, un manager de dealers algo carismático. Fue opacado en cuestión de días por quien sería el verdadero capo, el ex policía Joseph Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, preso en una celda de la PFA por amenazar a una mujer en su país para que lleve tres kilos de cocaína como mula a España.
Luego, está el testimonio de una de las arrepentidas en el caso investigado por la UFI de Homicidios de La Matanza, que reveló una supuesta red narco comandada desde Trujillo por el misterioso “El Abuelo”, donde el traslado de cocaína al por mayor parecía ser la clave. Un negocio articulado por prófugos con prontuario como Alex Ydone, buscado años atrás por Interpol y libre por una insólita torpeza internacional.
La sugerencia es un poco temible: en el año 2025, el negocio de la cocaína en CABA no se trata de las bandas armadas en los asentamientos, sino de los mayoristas de la droga misma. La PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico, tiene en sus manos dos casos que podrían convertirse en insignias de la época, con dos jefes identificados, uno más atrevido y ambicioso que el otro.
Yuri Goyzueta y los 281 kilos
El 2 de octubre pasado, ocho allanamientos realizados por la Superintendencia Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal sacudieron el tablero cuando todavía sonaba la alarma del triple femicidio de Florencio Varela. Aquel día, 281 kilos de cocaína marcados con el sello “KTM” fueron descubiertos en puntos allanados en Ituzaingó y Cuartel V, en la zona de Moreno. 60 de estos kilos fueron capturados en pleno delivery.
Hubo cinco detenidos en la jornada, con una causa a cargo de Juzgado Federal de Villa Mercedes, en San Luis, bajo la firma de Juan Carlos Nacul, con intervención de la PROCUNAR. Entre estos detenidos se encontraba el presunto jefe de esta historia, Yuri Anzor Goyzueta Hurtado, de 52 años.
Nacido en Lima, Perú, chofer, según él mismo, estuvo preso en un penal federal años atrás. Luego, fijó un domicilio en Bosques y buscó trabajo en algún taller textil en las bolsas de empleo de Facebook. Hoy, se encuentra procesado con prisión preventiva, acusado de ser un organizador del delito de tráfico de drogas, más la tenencia ilegal de una pistola. El embargo en su contra es de $78 millones.
El caso comenzó en San Luis en 2021, cuando se descubrió que una familia vendía droga en el barrio Cuna de Halcones de Villa Mercedes. En esta investigación, lejos de allanar a cuatro transas y cerrar la historia como suele ocurrir, se siguió la ruta de la droga.
A partir del seguimiento de los teléfonos se descubrió a Eduardo González, un jubilado porteño, preso y procesado en el caso, como el primer vínculo de la familia puntana. Lo siguieron hasta el 10 de abril de 2024, cuando un hombre suyo fue visto en CABA con Yuri Anzor Goyzueta Hurtado mientras cargaban un baúl con bultos varios.
De los 281 kilos, 216 fueron hallados en la casa de Yuri en Cuartel V. El resto de la droga estaba oculta en el baúl del Toyota Etios del chofer limeño. Le secuestraron dos teléfonos Samsung, de los que entregó la clave de desbloqueo.
Para la Justicia, Yuri “desempeñó el rol más importante dentro de la banda -organizador- quien se encargó del almacenamiento del material estupefaciente en su vivienda”, escribió el juez. Cuatro otros imputados se habrían encargado de revender la droga en San Luis, Santa Fe y diversos puntos de CABA. Las bocas de expendio de la droga atribuidas a Gonzueta Hurtado se vuelven otra preocupación. Después de todo, 281 kilos es muchísimo. También, a quién le compraba Yuri mismo.
Dos semanas después de la captura de Yuri, las autoridades salieron a buscar a otro supuesto pesado de la cocaína al por mayor en su cueva de Almagro. Se escapó por poco. Sigue prófugo hasta hoy. Su historia, y la de su banda, son insólitas.
El ex taxista, la reina de belleza y la escuela para volar
A mediados de septiembre, el Escuadrón Antidrogas de Gendarmería Nacional allanó seis objetivos en General Rodríguez y CABA bajo las órdenes del fiscal federal entrerriano Pedro Rebollo y el auxiliar fiscal Martín Uriona de la PROCUNAR, siguiendo la pista de la aeronave Cessna que aterrizó el 22 de enero de este año a 15 kilómetros de la ciudad de Puerto Ibicuy en Entre Ríos.
La avioneta llevaba más de 350 kilos de cocaína en su interior, acondicionada para esconder droga hasta detrás de sus controles. La tripulaban, entre otros, la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su novio, un piloto brasileño. Redadas posteriores llevaron a una discoteca de la comunidad peruana sobre la avenida Rivadavia, ligada a los dueños de la avioneta.
Allí, encontraron un simulador de vuelo, biblioteca de manuales incluida.
Se encontraron 49 kilos de cocaína en los operativos, con cinco detenidos de nacionalidad peruana. 23 de esos se hallaron en General Rodríguez, en una habitación subterránea, oculta debajo de un piso de cemento; el resto en un departamento en Congreso, un monto suficiente para la venta al por mayor.
Los gendarmes también contaban con una orden de arresto internacional para el principal sospechoso del caso, que no fue hallado en el operativo: se trata de un ex taxista y empleado gastronómico de 43 años, de nacionalidad peruana. Su nombre, una novedad para las crónicas narco, José Alberto García Nazario.
García Nazario fue descubierto gracias al análisis de teléfonos del caso. El ex taxista, que insólitamente tiene dos números de DNI, números 94 y 95 millones, se contactó con la ex reina de belleza y el piloto el día del aterrizaje, preguntando por “su avioneta”. También, se cree, pasó por la zona del aterrizaje del Cessna el 22 de enero.
“Esta es una operación internacional, sin dudas”, dice un investigador del caso. A la consulta de “¿cuán capo es García Nazario?“, la respuesta fue: ”De 1 a 10, un 7″. Tal como en la banda de Florencio Varela, es probable que reporte al verdadero dueño de la droga. Posiblemente en Perú.
La advertencia de una fiscal
Las bandas fueron descubiertas por una serie de hechos simple. Las autoridades supieron de su existencia porque traficaron, mataron, trajeron droga por avión y aterrizaron a la fuerza en medio del campo argentino. Es decir, aquí no hubo prevención. Para la fiscal Mónica Cuñarro, profesora de derecho penal y una figura sumamente reconocida en el fuero, esto evidencia una falla en el sistema.
Cuñarro -hoy fiscal de instrucción en CABA, que esclareció en la historia reciente las megaestafas de Wenance e Induplack- trazó junto a su colega Carlos Rivolo el mapa de armas, muertos y heridos del Bajo Flores en el pico de violencia narco durante el reinado de “Marcos” Estrada.
De cara a la nueva coyuntura, Cuñarro hace su advertencia: “Se ve que la política criminal de parte de la cartera de seguridad es inexistente. No existe inteligencia previa que detecte la ruta del dinero, ni organizaciones del narcotrafico. Cuando se llega es por casualidad, porque cae un avión o a los que transportan. La etapa de investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal demuestra fallas. No hay cruce de causas», afirma.
Y agrega: “Las fronteras son fácilmente permeables. El caso de Florencio Varela y el de la banda del simulador de vuelo en CABA exhiben que existe un cambio de patrón delictivo que pasa sin problemas los controles de las fuerzas».
Detener a un muerto
El intercambio de información existe, y en múltiples vías. La PROCUNAR recibe alertas del Department of Homeland Security de Estados Unidos. La Policía Federal tiene vías abiertas con sus pares en Perú. Gracias a uno de estos intercambios, la PFA detuvo a un muerto. O, al menos, así figuraba en los papeles de su país.
El 28 de noviembre pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal realizó una redada en la villa Zavaleta de la zona de Barracas bajo las órdenes de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano. El objetivo: una banda de delincuentes trujillanos acusada de secuestrar a un joven de Villa Lugano el 17 de mayo pasado, un asunto express donde el rescate fue negociado con la víctima a bordo de un auto en movimiento.
Entre los detenidos, se encontró a un hombre que llevaba una cédula de conductor falsa y que el Departamento Antisecuestros Sur investigaba desde hacía semanas. Se trata de un acusado de ser un ladero de Deivi Junior Romero Ullilen, alias “El Jorobado Deivi”, también máximo jefe de la banda Los Compadres. Fue detenido en Recoleta con una circular roja de Interpol, acusado de ordenar cuatro homicidios en su país en 2022. Al menos uno de ellos estaba bajo investigación de la PROCUNAR.
El portador de la cédula falsa resultó ser Jhon William Barbarán León: según informes oficiales, había sido reportado muerto en su país en enero 2020.
El caso, peor todavía, está marcado por la sombra de la corrupción de uniforme: tres policías de la Ciudad fueron detenidos por participar en el secuestro.
La narrativa de la víctima no cierra para ciertos investigadores. El joven secuestrado, sin antecedentes penales, afirmó que se dirigió a la villa Zavaleta en Barracas para comprar un par de zapatillas. “¿Tres tipos de Trujillo y tres policías para secuestrar a un chico por un par de zapatillas?“, pregunta en voz alta, haciéndose el oso, uno de estos funcionarios.
La hipótesis que sobrevuela el expediente no precisamente la de un robo, sino la de un negocio de droga que falló.
