Fueron catorce días, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Fueron, en esos catorce días casi primaverales de hace 46 años, unas 5.600 denuncias: historias que necesitaban alguien que escuchara, que tomara nota, que diera curso a la búsqueda de ese familiar que no aparecía, de ese bebé que había nacido en algún lado pero del que no se tenía noticias, de ese amigo al que torturaban ilegalmente en una prisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegó a la Argentina a pesar de la cúpula militar que gobernaba ilegalmente desde el 24 de marzo de 1976. La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había resistido lo más posible esa visita: tenía demasiado para esconder.
Pero la secretaria adjunta de Derechos Humanos del gobierno estadounidense de Jimmy Carter, Patricia Derian, insistió para que el organismo recorriera la Argentina. Su subsecretario adjunto, Mark Schneider, consiguió financiación extra para esa misión: con 450.000 dólares, logró expandir la visita de uno a cinco abogados. La Junta Militar no tuvo más opción que recibir a esa organización que venía a recorrer cárceles e incluso dependencias que ya habían sido denunciadas como centros clandestinos de detención.
Es que en septiembre de 1979 la dictadura ya había cometido muchos de sus atroces crímenes de lesa humanidad por los que serían condenados sus líderes hacia 1985, ya en años de restauración democrática. Ese era el escenario que venía a inspeccionar la CIDH: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo eran los organismos que más denuncias presentaban en ese entonces. Nadie les respondía los recursos de hábeas corpus, nadie les daba una respuesta sobre cómo y dónde estaban sus familiares, víctimas de desaparición forzada.
Cuatro días antes de que la CIDH aterrizara en Buenos Aires, algunos diarios publicaron una solicitada que instaba al organismo a ayudar a esclarecer los casos de desaparición forzada de adultos y de bebés nacidos en cautiverio, así como al cumplimiento de las debidas condiciones para quienes estuvieran presos por una causa justa y la liberación de aquellos que permanecieran detenidos sin más motivos que sus ideas políticas. La firmaban, entre muchos otros, Alicia Moreau de Justo y Oscar Alende.
Más de tres cuadras de espera para que alguien escuchara
La delegación de la CIDH recorrió Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Publicó con antelación en qué hoteles se alojarían tanto en Córdoba como en Tucumán porque allí podrían presentarse quienes quisieran presentar sus denuncias. En Buenos Aires las recibieron en la sede local de la OEA, sobre la Avenida de Mayo. Allí llegó a haber más de tres cuadras de fila para hacerse escuchar. Es que, en medio de un clima de persecución y negación de todo tipo de respuestas, un organismo supranacional abría sus puertas para que esas historias desgarradoras fueran escuchadas y, con suerte, investigadas.
Ya en 1975 habían llegado a oídos de la CIDH las primeras denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Los casos empezaron a ser denunciados de manera más formal -y con un crecimiento exponencial- luego de la instauración de la dictadura en marzo de 1976. Las denuncias más frecuentes que recibía el organismo eran sobre desaparición forzada de personas, un delito sobre el que, además, no había demasiados antecedentes a la hora de analizar los caminos jurídicos a seguir.
La propia CIDH reconoció que el volumen de las denuncias que llegaban desde la Argentina “desbordaba la capacidad de la secretaría” de la Comisión dedicada a recibirlas. El impulso recibido por la creciente cantidad de denuncias y por el financiamiento obtenido por el área dirigida por Patricia Derian lograron que finalmente la CIDH anunciara su recorrida y observación por distintos puntos de la Argentina.
La CIDH llegaba a un país en el que la dictadura había organizado varias campañas de desprestigio contra los organismos de derechos humanos. En coincidencia con la visita de la delegación, la Junta Militar lanzó la campaña “Los argentinos somos derechos y humanos” a través de su poderoso aparato de comunicación: repartieron miles de calcomanías que empezaron a verse en las ventanillas de los autos.
La campaña surtió efecto. Durante los días que duró la visita, sobre todo mientras duraron los festejos por el Mundial Juvenil que había ganado Argentina en Japón, liderada por Diego Armando Maradona, quienes hacían la larguísima fila para que la CIDH tomara sus denuncias eran agredidos, silbados y hasta escupidos por quienes adherían a la masiva campaña lanzada por la dictadura.
Pero nada de eso pudo detener la enorme oleada de denuncias que esos familiares y amigos querían presentar ante la comisión. En total, en esos catorce días la CIDH recibió 5.580 denuncias. De ese total, 1.261 se vinculaban a casos que ya se tramitaban ante la comisión, pero 4.153 eran denuncias nuevas: las violaciones a los derechos humanos no paraban de crecer. Hubo, además, unas 166 denuncias que no se vinculaban directamente con este tipo de delitos.
Reuniones con los dictadores y los familiares
En sus catorce días de presencia en la Argentina, los abogados de la CIDH se reunieron con las máximas autoridades de la dictadura y de sus centros clandestinos de detención -desde Videla hasta Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini-, con el presidente de la Corte Suprema, con autoridades de distintos juzgados federales y Cámaras de Apelaciones. También se entrevistaron con gobernadores, jefes de Policía, directores de cárceles. Vieron a los ex presidentes Arturo Frondizi e Isabel Martínez de Perón.
Se reunieron con la cúpula de la dirigencia eclesiástica y con entidades centrales de la lucha por los derechos humanos. Recibieron a las Madres de Plaza de Mayo, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la Sociedad de Abuelas de Niños Desaparecidos y a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Vieron a Raúl Alfonsín y a Ricardo Balbín, y a autoridades del Partido Justicialista, el Partido Comunista y la Confederación Socialista, así como a los líderes de organizaciones gremiales y sindicales, y a referentes como Alfredo Bravo, Jacobo Timerman y Ernesto Sabato.
Más allá de las reuniones que mantuvo la Comisión, sus dos actividades más importantes fueron, por un lado, la masiva recepción de denuncias, y por otro lado, la visita a cárceles y, especialmente, a centros de detención. Sus representantes pasaron por cárceles de Villa Devoto, Caseros, La Plata, Olmos y La Rivera, en Córdoba. Estuvieron en la Superintendencia de Seguridad Federal y también en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de secuestro, tortura y desaparición forzada más emblemáticos del terrorismo de Estado.
Los intentos por esconder el terror
El testimonio de sobrevivientes de ese centro de detención permitió confirmar que la dictadura decidió “acondicionar” la ESMA para que los delegados de la CIDH vieran un espacio que no coincidiera con las descripciones espaciales de las denuncias. Se demostró que, para disimular sus crímenes ilegales, la dictadura trasladó a un grupo de detenidos a otro centro clandestino de detención en El Delta, donde permanecieron alrededor de un mes: se trataba de un predio perteneciente a la Iglesia. Además, quienes manejaban el aparato represor de la ESMA cambiaron de día algunos de los llamados “vuelos de la muerte”.
También se demostró que en la ESMA se anuló el tramo de la escalera que conducía a un sector de tortura, el llamado “Sótano”, y en su lugar se puso un cerramiento de madera. Se tapió un ascensor, cuyos sonidos eran descriptos por los sobrevivientes, de forma tal de que el lugar no se pareciera al que reconstruían quienes habían logrado salir de allí con vida. Se estima, también, que para disimular el horror se movió en ese entonces la cabina telefónica desde la que los detenidos eran obligados a llamar a sus familias para instarlas a que no hicieran denuncias por sus desapariciones.
Un informe contundente sobre la violación de derechos humanos
La CIDH publicó el informe posterior a su vista en 1980. “La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”, sostenía el documento. Se trataba de un pronunciamiento contundente y que resultaría clave ante la comunidad internacional.
El informe detalló que en la Argentina se violaba el derecho a la vida debido a que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”; y también a la situación de “miles de detenidos desaparecidos, que… se puede presumir fundadamente que han muerto”.
Destacó también que estaba restringido el derecho a la libertad personal y la seguridad e integridad personal por el “empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. También destacó que se violaba el derecho de justicia y al debido proceso por la falta de garantías, la ineficacia del recurso de Habeas Corpus y el amedrentamiento contra abogados defensores que se habían dedicado a estas denuncias, algunos de los cuales habían sido asesinados o desaparecidos.
La CIDH señaló también la limitación de la libertad de expresión, opinión e información, de los derechos laborales y de organización sindical, y de los derechos políticos. La Comisión instó a la dictadura a que informara sobre la situación de los desaparecidos, incluyendo a los menores nacidos en centros clandestinos de detención, así como la liberación de quienes estuvieran detenidos sin causa o con penas cumplidas. Además, sostuvo que debían mejorarse las condiciones físicas y psíquicas en las que eran detenidas las personas en los casos en los que mediara una justa causa, y se debía garantizar el debido proceso.
La propia CIDH confirmó en 1980 que, tras la visita que habían hecho al país en septiembre de 1979, “han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y proceso regular”, y “no ha registrado denuncias por nuevos desaparecimientos de personas” desde octubre de ese año. No había dudas: el impacto de la visita había sido crucial -aunque no definitivo- en el comportamiento atroz de la dictadura.
Junto al informe “Nunca más” elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el de la CIDH fue un documento central para impulsar la comprobación de las denuncias sobre la violación a los derechos humanos que se había dado en la Argentina. En un primer momento, la Junta Militar intentó por todos sus medios que la OEA no tuviera en cuenta las conclusiones de la visita de la CIDH, pero no lo logró.
La documentación y lo observado por los propios delegados era contundente. Sus conclusiones serían parte de la prueba que luego permitiría acreditar los crímenes cometidos. Esos catorce días empezaron a torcer el destino de la dictadura más sangrienta que atravesó la Argentina. Los crímenes habían quedado más a la vista que nunca, y esa documentación, junto a la obtenida años después por la Conadep, servirían para condenar a quienes habían ejercido el terrorismo de Estado, en un juicio que resultaría un ejemplo para el mundo.
