La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena a dos años y medio de prisión impuesta al ex funcionario mendocino Alejandro Jofré, quien ocupó el cargo de subsecretario de Trabajo entre 2015 y 2018 durante la gestión de Alfredo Cornejo. La resolución, que pone punto final a la vía judicial, ratifica además la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.
El caso se originó a partir de las denuncias presentadas por tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, quienes afirmaron haber sido víctimas de tocamientos por parte de Jofré en distintas oportunidades y dentro del ámbito laboral.
De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el funcionario aún estaba en funciones.
En ese contexto, una de las trabajadoras, relató que entre los meses de agosto y septiembre de 2017, mientras se encontraba en la oficina de Jofré, él le tocó la cola por encima del pantalón sin su consentimiento. La mujer sostuvo que no fue la primera vez, ya que habría sufrido otros dos episodios de la misma naturaleza.
Otra empleada declaró que en dos ocasiones, entre enero y febrero de 2016, fue víctima de tocamientos similares. En tanto, una tercera denunciante, afirmó que el entonces subsecretario no solo le tocó la cola en varias oportunidades, sino que también intentó manosearle los pechos, aunque no logró hacerlo porque ella lo interceptó.
La Justicia de Mendoza imputó a Jofré por ocho episodios de abuso sexual simple, todos ocurridos dentro de la misma dependencia pública y en horario laboral.
En marzo de 2023, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 dictó una sentencia condenatoria de dos años y medio de prisión y determinó su inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el fallo. Sin embargo, la defensa del ex funcionario intentó recurrir la decisión ante el máximo tribunal del país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras analizar la presentación, resolvió desestimarla por no cumplir con las formalidades previstas en la acordada que regula los recursos extraordinarios federales.
De esta manera, la condena quedó firme y el proceso judicial iniciado hace varios años concluyó con la confirmación definitiva de la pena impuesta al ex subsecretario Alejandro Jofré, tras las denuncias por abuso sexual simple contra tres trabajadoras de la cartera laboral mendocina.
El caso
El escándalo se desató en 2017, cuando las dos primeras denunciantes formalizaron sus acusaciones ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, en una causa que recayó en la fiscal Cecilia Bignert.
Ya por ese entonces el runrún en los pasillos de la Gobernación era fuerte: varias mujeres comentaban las conductas del funcionario e, incluso, algunas de ellas se vieron obligadas a pedir el traslado a otras oficinas.
Lo paradójico del caso es que el teléfono para casos de “violencia laboral” en Mendoza (una falta que incluye aquellas conductas que directa o indirectamente estén dirigidas a ocasionar un daño, sufrimiento físico o acercamiento sexual no deseado sobre los trabajadores) era controlado por ese entonces por la propia subsecretaría que comandaba Jofré.
“La violencia laboral es el acoso, hostigamiento que sufren los empleados por parte de sus propios compañeros y de cualquier persona dentro de la estructura jerárquica. Genera un efecto no deseado que es que esa persona empieza a sufrir una afectación física a raíz de esa exclusión“, había dicho el funcionario ante canal Siete de Mendoza cuando puso en marcha el número para hacer las denuncias.
