Sin Julieta Makintach en el banquillo de los acusados, la presidenta de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Hilda Kogan, dio inicio este jueves a la primera audiencia del jury en su contra, donde se definirá si es destituida o no de su cargo por las irregularidades cometidas en el juicio por la muerte de Maradona.
La jornada comenzó pasadas las 9:30 de la mañana en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores de La Plata. La magistrada juzgada llegó tarde: “La Dr. va a concurrir en minutos con otros abogados que integran la defensa”, aclaró su abogado Darío Saldaño al comienzo del debate.
Llegó casi dos horas después, cuando ya habían terminado los lineamientos tanto de la acusación como de los adjutores y de su propio defensor. No llegó a escuchar en la sala el categórico alegato inicial de la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, quien representa a la Procuración bonaerense y aseguró que toda su conducta en el debate oral por el Diez respondieron “a un guión estructurado con la forma de una miniserie».
Duarte fue la primera en tomar la palabra ante los 10 miembros del tribunal -compuesto por cinco miembros del parlamento provincial y cinco abogados conjueces elegidos por sorteo- y el resto de las partes. A su turno, adelantó que pedirá la destitución de la jueza y le atribuyó ocho faltas. Entre ellas, negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, realización de hechos incompatibles con la dignidad y austeridad del cargo, parcialidad manifiesta, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
En su alegato, explicó que la magistrada, en su calidad de jueza del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro y subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal 3, en ocasión de su intervención como jueza integrante del 3 en el juicio por Maradona, decidió “personalmente participar en un proyecto audiovisual sobre el juicio” en el que se estaba juzgando la responsabilidad de hombres y mujeres vinculados presuntamente a la muerte de Diego Maradona. “Todo eso con el fin de explotarlo comercialmente”, acusó.
En este sentido, enumeró que Makintach habilitó locaciones del edificio de tribunales de San Isidro para llevar a cabo “una filmación de características cinematográficas en un día inhábil sin autorización”, “autorizó la toma de imágenes” durante el desarrollo del debate, que incluyeron primeros planos de familiares de la víctima y de abogados intervinientes presentes en la sala, y «presionó a los demás integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 3 para que ella asumiera la dirección del debate una vez que cambió la presidencia del tribunal, debate que estaba siendo dirigido por otro integrante del tribunal y para cambiar el orden de votación“.
“Todo ello con el único fin de tomar mayor protagonismo para el proyecto fílmico que la tenía como principal protagonista. Se valió de un ejercicio abusivo del poder que la magistratura le otorgaba. Usufructuó los servicios del personal policial a cargo de la custodia del edificio. Todas estas tareas y conductas respondían a un guión estructurado con la forma de una miniserie que contaba con seis capítulos, denominada “Justicia Divina”“, aseveró Duarte.
Y continuó: “Una vez que todo sale a la luz durante el desarrollo del debate, se practican las denuncias correspondientes y se inicia la investigación correspondiente en la UFI 1 de San Isidro. Confrontada con una prueba demoledora, la magistrada seguía negando su participación y negando que ella tuviera algo que ver; es más, llegó a decir textualmente: “esa no soy yo”, frente a la exhibición de los videos que todos conocimos a través de los medios de comunicación».
Para la acusación, con este accionar ilegítimo terminó revictimizando a los familiares y amigos de Diego Maradona y los hace pasar nuevamente, no solamente por la situación que se planteó en el debate, sino por una situación “agónica que se produce con posterioridad porque todavía estamos a foja cero en el juicio que debe volver a realizarse”.
“También afectó los derechos de los imputados, que a esta altura ya tendrían que tener resuelta su situación procesal. No solamente con su accionar produjo estos perjuicios, sino que también afectó la noble tarea de administrar justicia. Afectó la imagen de todo el poder judicial y no solo la afectó para los ciudadanos de Argentina, sino que también nos avergonzó frente al mundo porque esto no quedó en las fronteras de nuestro país, sino que trascendió”, dijo hacia el final de su intervención.
Y concluyó: “Todos estos hechos que conforman la acusación resultan demostrativos del mal desempeño en el que incurrió la magistrada acusada, porque entendemos que la Constitución exige para el ejercicio de tan alta investidura, correspondiendo su destitución, la que se solicitará oportunamente”.
