El Tribunal de Impugnación de Río Negro dejó sin efecto la condena a prisión perpetua que pesaba sobre Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Germán Ángel Antilaf por el crimen de Otoño Uriarte, ocurrido en 2006 en la localidad Fernández Oro. En aquel entonces, la joven había desaparecido en octubre y su cuerpo recién fue hallado en abril de 2007, con signos de haber sido violada y asesinada.
La resolución, adoptada por unanimidad, también ordenó la liberación inmediata de los imputados, con la excepción de Antilaf, quien continuará detenido por otras sentencias firmes.
El fallo se produjo tras el análisis de los recursos presentados por las defensas, que cuestionaron la interpretación del tribunal de juicio respecto de pruebas genéticas, pericias odorológicas y testimonios incorporados en el proceso. Los jueces señalaron que existían inconsistencias en la valoración de elementos considerados clave durante el debate.
Uno de los ejes centrales del planteo se concentró en la muestra de ADN hallada en un cabello denominado “pelo 17”. La sentencia anterior había indicado que presentaba una coincidencia significativa con el perfil genético de Jafri, indicaron medios locales.
No obstante, la perito genetista Belén Rodríguez Cardozo declaró durante el juicio que las características observadas excluían por completo al imputado y a cualquier integrante de su línea paterna como posibles aportantes. El Tribunal de Impugnación subrayó la contradicción entre esa declaración y la conclusión del fallo condenatorio.
Otra observación se dirigió a la muestra genética levantada del nylon que cubría el cuerpo de la víctima. De acuerdo con la resolución, la sentencia había asignado perfiles concretos tanto a la víctima como a los acusados, a pesar de que el informe pericial advertía que la degradación del material impedía establecer identificaciones certeras. Para los jueces, esta atribución no se correspondía con el alcance real de la evidencia científica.
En cuanto a la prueba odorológica con perros rastreadores, el tribunal cuestionó su validez debido a la falta de rigor científico y a las condiciones extremas a las que había estado expuesto el nylon.
El propio informe reconocía la posibilidad de falsos positivos, y la evidencia no fue contrastada de forma adecuada con los resultados genéticos que indicaban un alto nivel de deterioro. Durante el juicio, las defensas habían remarcado que este tipo de pericia debía cumplir estándares específicos para ser considerada fiable.
El fallo también revisó el valor otorgado a ciertos testimonios. En particular, se trataba de declaraciones indirectas o “de oídas”, que presentaban imprecisiones y no estaban respaldadas por otras pruebas objetivas.
Según el Tribunal de Impugnación, no era posible sostener la participación de los acusados basándose en este tipo de aportes, sin evidencia independiente que los corroborara.
El proceso judicial había mostrado además el impacto del paso del tiempo en la investigación. A lo largo de las audiencias, abundaron las respuestas del tipo “no recuerdo” y los especialistas forenses señalaron que las pruebas recolectadas no se encontraban en las mejores condiciones para arribar a conclusiones definitivas, agregaron medios locales.
Incluso la teoría de la querella se modificó en el transcurso del debate, dejando de lado la hipótesis inicial que vinculaba el caso con la trata de personas. La abogada Gabriela Procopiw, representante de Roberto Uriarte, padre de la víctima, se apartó de la querella una vez finalizado el juicio, indicó LM Neuquén.
Con estos fundamentos, el Tribunal resolvió que no se alcanzaba el grado de certeza necesario para sostener la sentencia dictada en primera instancia. En consecuencia, absolvió a los cuatro imputados y dispuso su excarcelación inmediata.
El comunicado del intendente de Fernández Oro
Gustavo Amati, el intendente de la localidad rionegrina donde sucedió el crimen, mostró su disconformidad con la decisión que tomó el Tribunal de Impugnación de la provincia.
“Quiero expresar mi más enérgico rechazo y profunda indignación ante la noticia que hoy golpea a toda la comunidad de General Fernández Oro: el Tribunal de Impugnación decidió liberar a quienes habrían sido responsables del asesinato de Otoño, una joven cuya memoria sigue viva y presente en nuestro pueblo”, comenzó en su comunicado a través de sus redes sociales.
“Después de tantos años de trabajo, esfuerzo y recursos invertidos, con la esperanza puesta en que se hiciera justicia, este fallo vuelve a herirnos y a poner en duda la confianza en nuestras instituciones. Es un golpe para todos nosotros que no podemos aceptar. Resulta imposible entender cómo pueden existir criterios tan dispares entre jueces que analizaron los mismos hechos: para algunos no hay dudas sobre la culpabilidad; para otros, todo se pone en duda”, sentenció sobre las polémicas en testimonios, pruebas genéticas y pericias, que revirtieron la situación.
“Esta contradicción no solo hiere la lógica, sino que lastima la confianza de los vecinos en la Justicia. No bajaré los brazos, ni como intendente ni como vecino. Desde el lugar que me toque, exigiré que esta causa no quede impune. Los responsables deben estar en prisión y quienes llevaron adelante el proceso deben dar explicaciones públicas para que la sociedad conozca qué criterios se aplicaron y si están bien fundamentados”, agregó en su mensaje, en el que dejó firme su postura.
“Después de 18 años, seguimos sin certezas: o unos jueces se equivocaron o los otros. Algunos hicieron mal su trabajo y la sociedad merece saber qué consecuencias tendrá esto para el sistema judicial. Como comunidad, tenemos derecho a Verdad y Justicia. La memoria de Otoño y el dolor de su familia no pueden ser ignorados”, cerró.
