En el marco de la investigación para esclarecer el ataque a tiros perpetrado por un adolescente de 15 años en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en el que mató el alumno Ian Cabrera (13), este lunes personal de la Policía de Investigaciones provincial detuvo a un nuevo sospechoso, acusado por presunto encubrimiento.
Fuentes policiales precisaron a Infobae que el nuevo apresado, un menor de 16 años, fue esposado cuando circulaba por la ruta nacional N° 11, a la altura de la localidad santafesina de Nelson.
Según pudieron determinar los investigadores, en una causa que encabeza el fiscal regional Carlos Vottero, el menor tenía vinculo con G.C. (15), el tirador, y quedó detenido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque.
Ante esta nueva detención, esta tarde, desde las 14, funcionarios provinciales ofrecerán una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, donde comunicarán los últimos avances en el expediente.
El caso y los avances en la investigación
En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en uno de los baños de la planta baja del establecimiento, el lugar elegido por el atacante para preparar la escopeta que le robó a su abuelo.
El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. En total, ocho chicos resultaron heridos durante el episodio.
G.C. fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.
Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, este medio logró corroborar que los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.
Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.
Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.
Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.
Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.
En relación al establecimiento educativo, la escuela permanecerá cerrada unos días más bajo custodia judicial. La decisión radica en que es un lugar clave para la investigación penal por ser la escena primaria del crimen.
En este contexto, hasta tanto no se culminen todas las diligencias necesarias y el Ministerio Público de la Acusación considere que no quedan peritajes o pruebas por recolectar, la institución no será habilitada para retomar la actividad normal.
