La Justicia de Córdoba imputó en las últimas horas a un hombre por amenazar a la madre de Valentino Blas Correas, el adolescente que fue asesinado por policías en la capital cordobesa en agosto de 2020.
Según el Ministerio Público Fiscal provincial, todo comenzó el 6 de octubre pasado, cuando María Soledad Laciar recibió mensajes intimidatorios a través de la red social Instagram.
La mujer realizó la denuncia correspondiente, lo cual dio paso a una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6, a cargo de José Bringas, para tratar de identificar al autor de las amenazas.
La causa fue tomando cuerpo a medida que avanzaban los días. Se sumaron equipos de la Policía Judicial y de la Dirección Nacional de Migraciones, que colaboraron en distintas tareas para ubicar al sospechoso.
Con las pruebas recabadas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en varios domicilios de la Ciudad de Córdoba para avanzar con la investigación.
Los operativos se llevaron a cabo en la madrugada de este martes, con la participación de personal civil de la Brigada de Investigaciones, junto al Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER) y de la Sección Cibercrimen (GGIA) de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial.
Tras localizar al acusado, las autoridades lo notificaron de la causa en su contra y le incautaron un teléfono celular. También, extrajeron información relevante para el expediente desde otros cuatro dispositivos móviles bajo la utilización de la herramienta “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable), un recurso exclusivo de la Policía Judicial.
El crimen de Blas
El nombre de Blas Correas marcó a Córdoba desde hace más de cinco años. La noche del 6 de agosto de 2020, el chico viajaba en auto con sus amigos cuando un control policial detuvo el vehículo y dos policías abrieron fuego.
Los cabos Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron prisión perpetua por homicidio calificado y por intentar matar a los otros chicos que iban en el mismo auto. El tribunal determinó que Gómez disparó cuatro veces y Alarcón, dos.
El resto de los policías involucrados en el caso recibió penas de entre dos años y medio condicional y casi cinco años de prisión, de acuerdo con la responsabilidad de cada uno en los hechos y en el encubrimiento del crimen.
La agente Wanda Micaela Esquivel fue condenada a tres años y diez meses de prisión, y la oficial Florencia Yamila Martínez, a cuatro años y tres meses. Ambas estaban presentes junto a Gómez y Alarcón al momento de los disparos y participaron posteriormente en la maniobra para “plantar” un arma a las víctimas.
Por su parte, el subcomisario Sergio Alejandro González recibió una pena de cuatro años y diez meses, y los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo fueron penados con cuatro años y nueve y ocho meses, respectivamente, por no denunciar a tiempo lo ocurrido.
En tanto, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga fue condenado a cuatro años y ocho meses; el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez, a dos años y medio en suspenso, por mentir en su declaración, y los cabos Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica recibieron cuatro años. Al mismo tiempo, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos.
En agosto de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó las condenas firmes, al rechazar todos los recursos de las defensas.
En su resolución, el tribunal dijo que el accionar policial fue innecesario, desproporcionado e ilegal. También sostuvieron que ningún superior jerárquico actuó como debía ni cuidó la escena del crimen, y que el plan para encubrir el asesinato de Blas se sostuvo desde los primeros minutos.
