Parecía un allanamiento más en la rutina policial del equipo de Narcotráfico de la SubDDI Pilar de la Bonaerense: un joven sospechado de guardarle cocaína a una banda de la zona estaba a punto de caer preso.
Pero antes de concretar la detención, los agentes le ofrecieron una salida por afuera de la ley: protección a cambio de dinero. Concretamente, si cerraban el trato, ellos informarían como “negativo” el procedimiento a la fiscalía y él zafaría del garrón. Sólo tenía que darles una voluminosa suma de dinero inicial y un aporte mensual.
El trato se hizo, pero las partes no contaban con que la esposa del detenido estaba escuchando del otro lado de la puerta y, cuando se llevaron a su marido a la comisaría, ella fue a la oficina judicial y denunció la extorsión.
El giro de la causa fue total. Ahora el sospechoso de guardar cocaína está en libertad (aunque procesado), pero las pruebas en su contra perdieron valor. Y los policías que entraron a su casa son los detenidos.
La Justicia encontró pruebas que permitirían confirmar que la denuncia de la mujer es cierta. La detención de los agentes de la Subdivisión Narcotráfico de Pilar se activó el jueves pasado por orden del fiscal Pablo Menteguiaga, el mismo que les había dado la orden de allanar la vivienda donde el joven L.B. presuntamente guardaba drogas.
“La banda era la investigada por dos puntos de venta, pero aparentemente les llegó un dato de que estaban en la mira y empezaron a esconder la merca. Una parte se la llevaron a este pibe”, contaron a Infobae.
Con esa información, recabada por la propia Policía por orden del fiscal, llegaron los “efectivos” Evelyn Vallejos, Bruno Mendieta, Miguel Giménez, Sergio Cajal.
Cuando le ponían las esposas a L.B. le ofrecieron una solución. Si les daba 10 millones de pesos ahí mismo y luego aportaba cada mes $500 mil, ellos se irían y avisarían al propio Menteguiaga que el allanamiento había dado negativo.
L.B. aceptó y les pidió dejarle hacer un llamado a un familiar que, seguro, podría darle el capital inicial para salvarle el pellejo. Cuando los policías advirtieron que se trataba de una persona con cierto peso en la municipalidad local, abortaron el plan de extorsión. Y se llevaron detenido al joven.
Para no dejar rastros, los policías arrancaron el aparato de DVR donde se guardaban las imágenes que registran las cámaras de seguridad de la casa y las cámaras mismas. De paso, para no cortar la tradición, se robaron unos perfumes de la habitación de la pareja.
La esposa del detenido denunció ante el propio Menteguiaga y el equipo del fiscal pudo detectar que lo que decía la mujer tenía verosimilitud. Fueron a la casa y los cables de las conexiones colgaban de las paredes. Además, sin que se enteraran los policías, la Justicia acudió a L.B., quien admitió que había sido apretado por los agentes.
Los investigadores citaron a los testigos del procedimiento (siempre que hay un allanamiento se buscan testigos, normalmente vecinos o personas que pasaban justo por ahí) y una de estas personas contó que vio cómo la esposa de L.B. les preguntaba por qué se llevaban las cámaras y uno de los policías dijo que era porque comprometían a los testigos del procedimiento.
“Aunque es más que obvio que se la llevaban para no dejar rastros de la extorsión”, analizó una fuente enterada de la trama.
El fiscal advirtió a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense y personal de esa oficina acompañó al investigador judicial a la DDI de Pilar. Los custodió un grupo de la comisaría 1ra. de ese distrito porque había cierta tensión en el ambiente.
Alguien explicó a Infobae la dificultad de la situación: “El equipo de polis que fue al allanamiento era de la confianza del fiscal. Tenían un 80% de efectividad en los operativos”.
Lo paradójico, además, es que al llevarse el DVR se llevaron material de investigación contra L.B. ya que en ese aparato podría haber pruebas de quiénes dejaron allí la cocaína.
En el allanamiento a la SubDDI de Pilar no encontraron el aparato de DVR, pero sí una cámara en el baúl de uno de los autos. Y dos perfumes. El lunes seguramente sabrán si pertenecen a la vivienda allanada. Además, ese día harán una rueda de reconocimiento para identificar a los policías que entraron a la casa de L.B..
Los cuatro detenidos figuran en el acta de procedimiento. Pero hay uno más, que no aparece en el registro oficial, aunque fue el que se comunicó con el fiscal para darle el positivo del operativo.
También quedó involucrado el jefe de la subdelegación. Está imputado, pero quedó aprehendido. Son el comisario inspector Luciano Bianchi y el subcomisario Alejandro César Cuello. Todos los implicados ya fueron desafectados por Asuntos Internos.
Los cuatro detenidos cargan con la acusación por los delitos de extorsión, encubrimiento agravado por la destrucción de prueba e incumplimiento de deberes de funcionario, además de robo agravado por los perfumes. La pena en expectativa, de ser hallados culpables, es de 20 años de prisión.
Uno de los policías, además, está imputado por falso testimonio agravado porque en la investigación le dio datos erróneos a los investigadores sobre L.B.. Lo marcó como “NN Gabriel, de 50 años”. Pero L.B. no se llama así. Y tiene 25.
