El empresario Juan Ignacio Suris, conocido por su relación con la vedette Mónica Farro y su vínculo con el valijero Leonardo Fariña, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de un caso que lo tuvo como protagonista de un régimen carcelario privilegiado en la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe.
La Justicia determinó que Suris, mientras cumplía condena por narcotráfico, fue responsable del delito de cohecho: pagaba sobornos a altos mandos policiales a cambio de trato diferencial y comodidades inusuales para un detenido.
La sentencia, firmada este 25 de marzo por el juez José María Escobar Cello, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, también alcanzó al subcomisario Leonardo Rafael Benítez y al comisario Guillermo Gabriel Gallo, principales responsables de recibir pagos y garantizarle a Suris condiciones de reclusión de un “preso VIP”: acceso irrestricto a teléfonos celulares, visitas sin control, uso de electrodomésticos, comidas especiales y hasta la posibilidad de permanecer largas horas en el casino de oficiales.
Según la investigación, los hechos salieron a la luz por una denuncia anónima recibida en enero de 2024. Desde entonces, se recolectaron numerosas pruebas, incluidos testimonios de otros internos y agentes policiales, registros de libros oficiales y escuchas telefónicas que confirmaron el pago sistemático de coimas por parte de Suris ―muchas veces a través de allegadas, como Mariana Martínez, que también fue imputada― a Benítez y Gallo.
Las pruebas describen un cuadro de corrupción institucional donde la administración de la prisión era regida por el poder económico y las influencias de Suris.
“Suris era referido dentro de la dependencia como ‘el tercer comandante’”, dijeron testigos, graficando el nivel de poder y las libertades de las que gozaba. Varios policías, según se desprende del expediente al que tuvo acceso Infobae, relataron que era habitual ver a Suris y al subcomisario Benítez compartir café, mate, asados y picadas, mientras el interno se movía por la dependencia libremente y ordenaba compras por altos montos de dinero —gestionadas por el mismo personal policial— para él y, a veces, para otros reclusos.
El circuito de pagos y favores quedó registrado en documentos oficiales y libros contables especialmente habilitados para el dinero y los pedidos de Suris, a diferencia del resto de los internos.
Los registros señalan que el empresario era visitado por familiares, amigos, parejas y socios comerciales, a quienes se les permitía ingresar sin restricciones, inclusive en horarios nocturnos y sin controles.
En uno de los hechos relatados, una mujer identificada como “socia” de Suris habría entregado un millón de pesos en efectivo al subcomisario Benítez en el interior del casino de oficiales, según la denuncia inicial y los testimonios recogidos.
La sentencia considera probado que tanto Benítez como Gallo “percibieron, de manera sistemática y en reiteradas oportunidades, sumas de dinero de parte del encartado Juan Ignacio Suris”, con el objetivo de garantizarle “una serie de prerrogativas indebidas” y un régimen de privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
Suris, exsocio del valijero Leonardo Fariña, previamente había sido condenado por tráfico de estupefacientes agravado y ahora sumará esta nueva pena de dos años, unificándose con la anterior, lo que eleva a nueve el total de años que deberá cumplir en prisión.
Por su parte, Benítez y Gallo recibieron penas de tres y dos años de prisión respectivamente. El primero de ellos, de cumplimiento efectivo. Ambos, además, fueron inhabilitados, de forma permanente, para ejercer cargos públicos.
