La Justicia ordenó la detención preventiva de Alexis Emanuel “Chami” Mendoza, identificado como brazo armado de la organización criminal Los Menores y figura relevante en la barra brava de Rosario Central. El arresto se dio en el marco de varias operaciones policiales que buscan debilitar a las principales bandas de narcotráfico y criminales de la ciudad.
El magistrado dispuso que “Chami” Mendoza permanezca en prisión al menos durante los próximos dos años, en el marco de una investigación que se vale de interceptación de comunicaciones y registros fotográficos para fundamentar las imputaciones.
La causa incluye serias acusaciones por extorsión y usurpación de una vivienda utilizada para ocultar armamento. Según la pesquisa judicial, estos delitos fueron cometidos bajo el auspicio del cabecilla prófugo Matías Gazzani y en conflicto directo con facciones residuales de Los Monos, según informó Rosario 3.
Su nombre se suma a una lista de aprehendidos este año: Carlos “Polli” Tévez, Roque “Roco” Romero, Lautaro “Wifi” Brest, Rodrigo Cappelletti y Lautaro Noriega. Todos ellos señalados como integrantes o colaboradores de Los Menores. De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal. Estas detenciones permitieron al gobierno provincial sostener que la banda narco encabezada por el prófugo Gazzani “está bastante debilitada”.
El reciente detenido, Mendoza, de 31 años y residente de Villa Nueva, fue identificado como una pieza central del desplazamiento a mano armada de la facción de “Los Pillines” en la conducción de “Los Guerreros”, la principal barra brava de Rosario Central.
“El rol de Mendoza era mantener vínculos con Mirko Benítez y con Luis Palavecino (ambos detenidos y ligados a la barra canalla), participando en hechos delictivos altamente violentos. Además, participa en actividades relacionadas con el almacenamiento y custodia de armas de fuego, material balístico y estupefacientes que pertenecen a la organización criminal”, apuntó la Fiscalía.
Además, según un testigo reservado y citado en la acusación, lo denuncia por homicidio. La persona anónima lo menciona en relación con los homicidios de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, aunque esas referencias no derivaron hasta el momento en cargos formales.
Las causas de “Chami” Mendoza
Otro eje central de la imputación contra Mendoza se relaciona con una causa de extorsión por la usurpación de una vivienda en Pedro Lino Funes al 3000, episodio que ocurrió en agosto de 2024 y que vincula a Pedro Kolonisky y Roberto “Negri” Verón, ambos actualmente en prisión. La investigación judicial estableció que una mujer, (identificada en la causa como colaboradora logística de Los Menores) ocultaba armas, droga y cartuchos en su domicilio a pedido de la banda.
El 24 de marzo de 2025, miembros de Los Menores depositaron en ese domicilio un bolso con cuatro pistolas y una ametralladora. Cinco días después, un miembro subordinado conocido como “Colo” acudió para recuperar el armamento, que ya no estaba en la vivienda. Tras la desaparición de las armas, “Chami” convocó a la mujer a su propia casa en Solís al 3100 y la amenazó: “Si el bolso no aparece, la van a matar”.
Minutos más tarde, la víctima fue visitada por Verón, Kolonisky y otros dos individuos, quienes le concedieron solo quince minutos para abandonar su hogar. En los días subsiguientes, la mujer y su familia comenzaron a recibir mensajes, exigiéndoles la firma de cesión formal de la propiedad bajo amenaza de no alertar a la Policía.
Como consecuencia directa de estos hechos, el inmueble habitado por Mendoza en Solís al 3100 fue tapiado posteriormente en cumplimiento de microtráfico. Esta intervención puso en evidencia el nivel de presión y violencia utilizado por Los Menores para proteger sus estructuras y operaciones, según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal en la investigación referida por Rosario3.
La acusación contra Chami Mendoza lo posiciona, según los investigadores, como una figura de “alto perfil” y relevancia política dentro del entramado delictivo de Los Menores, contribuyendo a operaciones que mantienen bajo amenaza tanto a la estructura criminal rival como a civiles cuyas viviendas fueron objeto de extorsión.
