Una mujer de 59 años denunció que su hija la estafó durante varios años y se apropió del cobro de su pensión por discapacidad en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba. La víctima aseguró que su hija, de 44 años la engañó de manera constante y mientras su hija recibía el dinero, ella vivía en duras condiciones.
El hecho sucedió en Deán Funes y según los medios locales, la hija de 44 años de la víctima, se incautó el dinero de la pensión. La madre fue engañada a través de distintas tácticas de manipulación. Al principio le dijo que solo cobraba una parte del beneficio. Con el pasar de los meses, aunque la imputada seguía cobrando el beneficio, ella aseguraba a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.
Como resultado de la estafa, la damnificada quedó sin ingresos y vivió una mala situación económica, según señaló ElDoce.TV. Tuvo consecuencias materiales severas ya que al quedar sin ingresos, debió vender sus muebles y pertenencias personales. Además, solicitó préstamos a familiares para cubrir gastos básicos y medicamentos para poder subsistir en medio de la crisis que estaba sufriendo.
Actualmente, el delito ya fue oficialmente denunciado y la mujer de 44 años quedó imputada. La Justicia investiga el caso y el posible involucramiento de la mujer en otras estafas que podrían agravar su proceso judicial.
El año anterior, el Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones por presuntas irregularidades. Las investigaciones revelaron que familiares directos, como hijos o esposas, continuaban cobrando beneficios de titulares fallecidos o sin reunir los requisitos legales. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los fondos estatales lleguen únicamente a quienes cumplen con las condiciones exigidas por la ley y dependen del beneficio para cubrir sus necesidades básicas.
Otra detenida por estafa
En otro episodio reciente vinculado a fraudes contra personas con discapacidad, una mujer fue detenida en La Plata tras ser acusada de utilizar la tarjeta de crédito de una compañera para realizar compras y abonar servicios durante más de dos meses. La denunciante, también beneficiaria de una pensión por discapacidad, advirtió movimientos irregulares en su cuenta y comprobó que se habían efectuado consumos en supermercados, tiendas de electrodomésticos, pasajes y hasta el pago de la factura de gas sin su autorización.
La investigación determinó que la acusada, quien compartía actividades laborales con la víctima, se apropió de la tarjeta y la utilizó en reiteradas ocasiones. Entre los gastos relevados por la Justicia figuran compras de mercadería, pasajes de transporte y transacciones en comercios de distintos rubros. Las autoridades procedieron al secuestro de elementos vinculados a la causa y la mujer quedó imputada por el delito de defraudación.
La situación motivó que la sospechosa fuera apartada de su puesto de trabajo mientras avanza la causa judicial. El caso, difundido por ElDoce.TV, expone la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad frente a maniobras de abuso y apropiación fraudulenta de sus recursos, sumando preocupación en torno al acceso y la protección de sus derechos económicos y sociales.
Muchas víctimas, no logran advertir a tiempo los fraudes debido a la confianza depositada en familiares o conocidos que administran sus recursos. En la mayoría de los casos, el acceso irregular a los haberes impacta directamente en la calidad de vida de los damnificados y compromete su acceso a tratamientos médicos, vivienda y alimentación.
Ante el incremento de denuncias, el Estado reforzó las campañas de concientización para prevenir este tipo de delitos, poniendo énfasis en la importancia de realizar denuncias tempranas y brindar acompañamiento jurídico y social a los afectados.
