La causa que investigó las presuntas irregularidades en torno a Jorge Castillo y la feria La Salada fue una de las mayores historias. La Justicia federal le ponía, al parecer, el cascabel al gato, al hombre que se convirtió en el mayor símbolo del comercio ilegal de la Argentina, cabeza del complejo en Lomas de Zamora -entre otros negocios- que esconde al holding de venta de ropa clandestina más grande del continente.
El juez Luis Armella, tras una exhaustiva investigación de la fiscal Cecilia Incardona, ordenó una redada que terminó con más de 60 allanamientos y 20 detenidos, acusados de los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva, todo bajo una asociación ilícita. Castillo mismo fue arrestado en su mansión de Luján. Su hijo Manuel se entregó en la central de la Federal. 41 autos y motos fueron incautados. La fiscal Incardona detectó ingresos cash, en blanco, a cuentas bancarias del holding La Salada por más de $33 mil millones de pesos entre 2021 y abril de 2025.
Así, Castillo, su hijo, su mujer, Natalia Luengo, los hijos de “Quique” Antequera, su histórico socio, y el resto de los imputados, terminaron procesados, muchos de ellos bajo prisión preventiva.
Sin embargo, en las últimas horas, la causa dio un giro insólito: la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para todos los imputados y ordenó la libertad de los detenidos. Así, Castillo -defendido por los abogados Gastón Marano y Mario Iglesias- recuperó su libertad, tras recibir la prisión domiciliaria en noviembre pasado.
Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Airas afirmaron que “no hay un análisis fundado acerca de la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos siquiera indiciariamente”, según el fallo al que accedió Infobae.
“Las afirmaciones genéricas y vagas en torno a ambas conductas delictivas, no resultan suficientes, ni siquiera con el grado de convicción exigido para esta etapa del proceso”, continuaron luego. La falta de mérito, desde ya, indica que la causa no está descartada.
A mediados de 2025, Castillo aceptó ser indagado durante tres horas en el marco de la causa. Allí,confesó la ruta de su negocio: cobros de alquileres en efectivo, con efectivos de fuerzas de seguridad como valijeros que le llevaban el dinero hasta su mansión en Luján.
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