La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en Quilmes a Fernando Luis Ochoa, un abogado de 44 años, acusado de llevar adelante una sofisticada serie de estafas digitales, en las que le robaba los datos biométricos a sus víctimas y pedía crédito millonarios.
Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la causa comenzó en enero, cuando una víctima denunció haber contactado a un abogado que le requirió fotografías y videos de su rostro, junto con una copia de su DNI, bajo el argumento de cumplir diligencias administrativas para su identificación.
Posteriormente, estos datos biométricos y personales habrían sido utilizados sin su consentimiento para la apertura de billeteras virtuales, la solicitud de tarjetas de crédito y la gestión de préstamos bancarios por montos millonarios. De acuerdo a lo informado por la dependencia policial, se estableció que el acusado empleó este mismo método en al menos seis hechos similares desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, tanto en Quilmes como Berazategui.
El avance de la investigación, llevada adelante por la UFIyJ N°1 de Quilmes, bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas y con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, permitió determinar que, una vez en poder de la información y tarjetas de las víctimas, Ochoa solicitaba préstamos por sumas de cinco, diez y hasta 20 millones de pesos a nombre de terceros.
Una vez aprobado el financiamiento, los fondos eran transferidos y posteriormente cobrados por el imputado mediante la utilización de dispositivos Posnet propios, simulando operaciones comerciales inexistentes. Según el expediente, esta maniobra generó un perjuicio económico estimado en 500 millones de pesos.
Se constató que el estudio jurídico involucrado fue fundado por un abogado de 80 años con antecedentes profesionales reconocidos, aunque la investigación determinó que Ochoa, su hijo y también abogado, era quien organizaba y ejecutaba los fraudes.
Durante la realización de los allanamientos, empleados del estudio jurídico se presentaron en sede judicial y declararon que habían detectado movimientos extraños e inconsistencias operativas en la firma, hechos que coincidían con el modus operandi que se investigó.
En los allanamientos realizados en el domicilio particular y el estudio jurídico de Ochoa, la policía secuestró siete teléfonos celulares, cuatro notebooks, una PC de escritorio, una PC All in One y dos carpetas con documentación correspondiente a víctimas.
Además, se incautaron dos dispositivos Posnet, nueve tarjetas a nombre del imputado y treinta y cinco tarjetas de crédito y débito a nombre de distintas personas.
Se hallaron también cuatro sobres que contenían tarjetas de crédito de víctimas y paquetes de la empresa de entregas Andreani, todos vinculados a una reconocida entidad bancaria.
Los elementos secuestrados permitieron constatar que el acusado había recibido recientemente sobres con tarjetas de crédito a nombre de víctimas y que, en total, poseía 44 tarjetas de crédito de terceros.
El informe policial destaca que la operatoria estaba orientada a obtener fondos de manera fraudulenta y transferirlos mediante dispositivos de cobro electrónico, incrementando así el perjuicio patrimonial a las víctimas y dificultando el rastreo del dinero.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la magnitud de la maniobra y el volumen de los activos involucrados condujeron a que la Justicia dispusiera la suspensión inmediata de las cuentas bancarias relacionadas al imputado, con el objetivo de frenar las estafas y asegurar los fondos robados
El procedimiento fue autorizado luego de haberse reunido las pruebas que permitieron identificar tanto la identidad del letrado como su domicilio y su lugar de trabajo. Ochoa quedó acusado del delito de estafa.
