Una investigación federal permitió desarticular una red de explotación sexual de mujeres y menores en un conjunto de departamentos ubicados en avenida Artigas, Salta. El operativo estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional bajo la coordinación del fiscal federal de casos complejos.
El despliegue policial se llevó a cabo durante la tarde del miércoles. En el terreno en donde se realizaron varios allanamientos, se descubrieron departamentos que resultan prácticamente invisibles desde la vía pública.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Tribuno, hacia la media tarde, la fuerza federal comenzó el operativo y mantuvo estrictas medidas de reserva sobre los detalles del caso. Además, un camión laboratorio de Gendarmería y personal femenino especializado en rescate de personas participaron en las tareas ordenadas por la Fiscalía.
Aunque todavía no se difundió información pública acerca de los elementos hallados durante el procedimiento ni sobre la cantidad de víctimas rescatadas, el expediente pasó a la órbita federal al adquirir una dimensión mayor: “La investigación es explotación sexual de mujeres mayores y menores en esos departamentos”.
El despliegue en avenida Artigas se enmarca en una serie de acciones coordinadas por la Justicia Federal para combatir la trata de personas y los delitos conexos.
Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cada año se detectan y desarticulan redes que operan en distintas provincias, aprovechando la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes y niñas. El fenómeno afecta tanto a víctimas locales como extranjeras, muchas de ellas captadas bajo engaños o promesas de trabajo.
La Ley 26.364, promulgada en 2008 y posteriormente modificada, establece la prevención y sanción de la trata de personas, así como la asistencia integral a las víctimas. Esta norma reconoce que la captación, transporte y explotación de personas con fines sexuales constituye un delito federal y dispone la intervención de fuerzas de seguridad nacionales y fiscalías especializadas. Organismos como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a organizaciones no gubernamentales, han desarrollado protocolos para el rescate y la protección de quienes logran salir de estas redes.
Caso similar en Recoleta
En marzo de 2026, la Justicia Federal procesó a 9 hombres acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas 2 menores de edad, en un prostíbulo encubierto que operaba bajo la fachada de boliche en el barrio de Recoleta, frente al cementerio. El caso, instruido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), expuso la continuidad de un modelo de explotación sexual oculto tras actividades comerciales legales.
La investigación se inició en abril de 2022 gracias a una denuncia anónima recibida por la línea nacional 145. El denunciante detalló que el local presentaba un funcionamiento exclusivo para clientes varones, con horarios estrictos desde las 22 hasta las 6 de la mañana, y que las mujeres reclutadas no podían retirarse antes del cierre, bajo amenaza de no cobrar sus honorarios. Además, se reportó la presencia de menores de edad, la venta de drogas y posibles vínculos con fuerzas de seguridad.
El allanamiento, realizado en julio de 2024, permitió identificar a 50 mujeres, de las cuales 43 cumplían la función denominada “presencias”. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales y por recomendación de otras trabajadoras, bajo la promesa de pagos por acompañar a los clientes en mesas y participar en bailes sensuales. Los pagos oscilaban entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, sin participación en las ganancias por consumo de bebidas.
Sin embargo, la estructura delictiva inducía a las mujeres a ofrecer encuentros sexuales en hoteles cercanos, denominados “pases”, con tarifas de 150 a 500 dólares, de los cuales una parte era retenida por los organizadores. La investigación judicial reveló una organización jerárquica con roles bien definidos: reclutadores, administradores, encargados de logística y responsables del contacto con las víctimas.
El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los imputados, cinco de ellos como coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores y los otros cuatro como partícipes necesarios. Dispuso también embargos por 7.800 millones de pesos, la inhibición de bienes a la sociedad comercial responsable y la prohibición de salida del país y de contacto con las víctimas. El análisis financiero detectó movimientos por 1.500 millones de pesos, incluyendo depósitos en efectivo y transferencias a familiares para legitimar las ganancias derivadas de la explotación sexual.
