Detuvieron preventivamente a la madre que le facilitó una réplica de arma de fuego a su hijo en Mendoza por el miedo ante las pintadas amenazantes en escuelas. La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien ordenó su traslado a la Penitenciaría Provincial luego de evaluar la gravedad del episodio y el impacto social que generó en la comunidad educativa.
La decisión judicial responde a la acusación de intimidación pública agravada por la participación de un menor, en el marco de un expediente que ya tenía a la mujer imputada desde el viernes pasado.
De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal mendocino, la imputada es la madre de un adolescente de 17 años que llevó una réplica de arma de fuego a la escuela, cumpliendo una sugerencia directa de su progenitora.
Según indicaron desde el MPF, la detención obedece a la naturaleza y el contexto del hecho, así como a la particularidad de que la mujer, además de ser madre, instigó a su propio hijo a portar la réplica para “amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. El episodio se produjo en un establecimiento del Gran Mendoza, cuyo nombre las autoridades decidieron mantener en reserva.
La fiscalía sostiene que el caso se enmarca dentro de los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública, agravado en este caso por la intervención de un menor según el artículo 41 quater.
La escala penal para este tipo de conducta va de 3 a 8 años de prisión, lo que implica una expectativa de cumplimiento efectivo en caso de condena.
El temor y la alarma crecieron de manera sostenida en la sociedad mendocina tras la aparición de amenazas y pintadas en varias escuelas. Este contexto de alerta, según indica el comunicado, fue valorado al definir la detención: “Ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”.
La causa se inició cuando se detectó que el adolescente, de 17 años, había llevado al colegio una réplica de arma de fuego por recomendación de su madre. Las fuentes judiciales confirmaron que el menor es imputable por su edad y fue acusado como autor de intimidación pública, mientras que la mujer quedó imputada como instigadora.
En la investigación, el fiscal Sánchez consideró la gravedad de la conducta atribuida y la singularidad de la relación entre los imputados. El hecho de que la progenitora haya instigado a su propio hijo, sumado al contexto de preocupación general y la severidad de la escala penal, reforzó la decisión de ordenar su detención preventiva.
La causa seguirá bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados. El proceso continuará con las diligencias correspondientes mientras la sociedad permanece atenta a la evolución del expediente.
Más allá de este caso, el problema de amenazas y mensajes intimidatorios es reiterativo en varias escuelas del país. Las autoridades investigan si se trata de un reto viral surgido en redes sociales, ya que el fenómeno se repite en otras provincias. La situación provocó temor en las familias, redujo la asistencia escolar y motivó la intervención de la policía, organismos de protección de menores y equipos especializados en los colegios.
