“Vamos a ir armados. Vas a ver una hermosa fiesta”. Ese es uno de los tantos mensajes intimidatorios que envió un alumno de una escuela de Moreno a uno de sus compañeros de clase. El adolescente forma parte de un grupo de siete estudiantes que fueron identificados en las últimas horas en el marco de una investigación iniciada a partir de las más de 70 denuncias realizadas por establecimientos educativos que fueron blancos de amenazas la semana pasada.
Infobae accedió a los chats y posteos en redes sociales que permitieron a la Justicia individualizar a los involucrados detrás de los episodios. Entre el material, se encontraron fotos de los chicos con armas y mensajes que repetían “mañana tiroteo”.
“Subí esto para que le quede de advertencia a Lauty. Lauty, mañana te dejo como un colador wachín”, se lee en una de las conversaciones que recuperaron las autoridades. Quien escribe es uno de los adolescentes sospechosos.
Otra de las imágenes es de una historia de Instagram, donde uno de los estudiantes identificados por la Justicia escribió: “Nos vamos a cobrar una por una todo lo que nos hicieron los giles del turno tarde”. El texto fue acompañado con la foto de un arma.
Hay más fotos donde se ve a al menos cuatro alumnos posando con armas en sus historias de Instagram. “Dale mañana giles” o “La mafia de los Santis”, son los mensajes que se leen en esas publicaciones.
Todo el material está en manos de la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno – General Rodríguez, quien, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos.
Esto fue a partir de que, en la investigación, se lograra identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles.
A raíz de los resultados, la DDI local realizó este martes siete allanamientos, algunos de ellos positivos: los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados. También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.
Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública y fueron citados a indagatoria para este miércoles. “Tienen que venir con sus padres”, detalló una fuente del caso a Infobae.
Al mismo tiempo, la fuente explicó que el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. Y aclaró que aún no está estipulado el monto del daño ocasionado, un valor que deberá establecer la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba, un modus operandi en boga entre los años 2018 y 2019. A partir de esa definición, se les trabaría el embargo.
“En estos casos, las clases no se suspendieron”, remarcaron. En cambio, se tomarán en cuenta los gastos que generaron las investigaciones, los procedimientos policiales y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas.
