“No están”. Este 27 de abril, 772 efectivos de la PFA, dirigidos por el Departamento de Investigaciones de Antimafia, desplegaron 140 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, en los que el resultado “negativo” confirmó la hipótesis del expediente a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay: la existencia de una organización, con roles bien definidos, que desvió al mercado negro armas y municiones adquiridas en armerías, a través de gestores y prestanombres. Se verificaron 742 ausencias, se estima que ese número podía revasar las 2000.
Aunque el operativo terminó con 119 armas de fuego secuestradas, una granada de mano de origen nacional modelo FMK- 2 MOD 0 y más de 40.000 municiones incautadas que no tenían el respaldo o presentaban inconsistencia en su documentanción, preocupa a los investigadores el destino de las armas que desaparecieron, que deberían estar en un domicilio y, simplemente, no están. Creen que alimentaron el circuito delictivo local.
Y el hallazgo de armas que estaban siendo buscadas en Chile y Uruguay confirma una segunda teoría: que las armas se vendieron al exterior, deducen que a bandas criminales de Paraguay y Brasil. No hay certeza.
De acuerdo a la investigación, la banda operó desde 2022, hasta que en julio de 2024, la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (actualmente RENAR), formuló una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo de Santiago Marquevich, dando cuenta de irregularidades detectadas en la adquisición y circulación de armas mediante usuarios que registraban múltiples compras y transferencias atípicas.
Lo que hacían era utilizar el nombre de alguna persona, a quien un gestor le sacaba un carnet de legítimo usuario, para adquirir armas. “Compraban en lote personas partículares. ¿Para qué quiere alguien 7 Glock iguales si no es una empresa de seguridad? Estas personas, cuando se le preguntaba, no sabían explicar por qué no la tenían o siquiera sabían que tenían armas a su nombre».
Las fuentes puntaulizaron que se estableció un universo de 743 armas involucradas dentro del circuito investigado, asimismo, otras 1526 armas vinculadas por fuera de dicho circuito, lo que arroja un total de 2269 armas involucradas. Se trata, principalmente, de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres- entre ellas Bersa, Glock y Taurus- predominando los calibres 9 mm, .45 y .22.
Los detenidos
Las 193 brigadas que realizaron los procedimientos en Buenos Aires, en la Ciudad, en Tucumán, en Mendoza, en Santa Fe, en San Luis, en Córdoba, Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Misiones y Chubut tuvieron otro objetivo: detener a las personas detrás de la maniobra y, principalmente, a sus líderes.
Se trata de un policía de la Ciudad, un jubilado, un empresario de la construcción y un hotelero vinculado a una defraudación con cheques en Colón, Entre Ríos.
Ricardo Javier Mascato: Un hotelero considerado el organizador de la asociación ilícita. Coordinaba la adquisición de armas de fuego utilizando a terceros registrados como legítimos usuarios. Gestionaba la registración y la circulación irregular de las armas, incluyendo su transferencia a personas no autorizadas. Entregaba dinero y credenciales para la compra y daba instrucciones sobre las operaciones.
En 2007, su nombre apareció ligado a una defraudación con cheques vinculado a la Municipalidad de Colón, en Entre Ríos, y un festival local.
Martín José Núñez: Jubilado. Encargado de buscar y reclutar usuarios o testaferros para registrarlos como usuarios habilitados de armas. Facilitaba la adquisición de armas que luego retiraban otros miembros de la organización. Gestionaba los datos para tramitar credenciales, cobraba por cada operación y participaba en las transferencias de armas.
Walter Horacio Moreno: Gestor e intermediario en trámites de registración de armas. Como Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, gestionaba la documentación para el registro, transferencia y habilitación de usuarios y armas. Certificaba firmas en transferencias y participaba en operaciones registrales, recibiendo pagos de los dueños de armerías. Transfería armamento registrado a su nombre a usuarios irregulares.
Maximiliano Gómez Veras: Dedicado, en los papeles, a la construcción. Intermediario vinculado a trámites de registración de armas y participaba en la transferencia de armamento registrado a nombre propio hacia usuarios irregulares.
En el expediente también hay dueños de armerías apuntadas: Daniel Niver Iglesias (La Perdíz, de Quilmes), Yanina Ribeiro y Daniel Alberto Ribeiro (armería La Nona, de Lanús) quienes, según la causa, intervenían en la certificación, registración y transferencia de armas de fuego registradas a nombre propio y otras a través de las armerías, facilitando la circulación de armamento entre distintos usuarios vinculados al grupo, contribuyendo con la infraestructura comercial y registral necesaria para la ejecución de las maniobras investigadas.
