Una compleja trama aparece detrás de la desaparición de Alicia Isabel Godoy, una joven de 30 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario luego de haber contraído una deuda con transeros del barrio debido a su consumo problemático de droga. La familia de la mujer hizo transferencias y entregó una bicicleta rodado 29 en concepto de rescate, aunque ella no volvió a ser vista desde la fecha del rapto.
La fiscal Paula Barros imputó este jueves a cinco personas por el caso: María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas. Todos cayeron en los quince allanamientos que realizó desde comienzos de la causa la brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a los indicios recolectados en las últimas tres semanas de medidas –que incluyeron rastrillaje con perros, uso de luminol y recorrido de cámaras con inteligencia artificial–, a Godoy la raptaron en su casa de Flammarion al 4900. Se presume que la trasladaron hasta un domicilio de Vuelta de Obligado al 4900, donde fue retenida al menos hasta el 8 de abril.
Desde entonces se perdió todo tipo de rastro. Después del secuestro, personas del entorno de los acusados fueron hasta un inmueble de la familia de la joven y comunicaron que tenían que pagar 150 mil pesos para no hacerle daño.
Los parientes de la mujer dieron una Venzo rodado 29 e hicieron dos transferencias por el monto de 50 mil pesos –una de 10 mil y la otra de 40 mil– el pasado 5 de abril, día posterior al hecho. Las cuentas que recibieron el dinero están a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.
El 8 de abril, los familiares recibieron un mensaje mafioso en un trozo de cartón en el que daban detalles de las identidades del entorno de Alicia Godoy, lo cual reforzó la idea de que extorsionaban en busca de más plata.
Por eso, la fiscal Barros atribuyó a Ana Laura Salinas, María Belén Salinas, Gastón D’Agostino, Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas. También los acusó por microtráfico de droga en la zona de Flammarion al 5000, ya que halló indicios en los procedimientos en sus domicilios y en sus celulares de que se dedicarían al narcomenudeo.
Para Barros, María Belén Salinas es quien coordinaba la venta de estupefacientes, Noelia Fernández la encargada de conseguir las sustancias y Gastón D’Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres situados en las inmediaciones de Flammarion al 4900.
Este jueves, tras cinco horas de audiencia, la jueza Luciana Vallarella tomó una resolución de lectura compleja. Por un lado, rechazó un planteo de la defensa que indicaba que la causa por secuestro extorsivo debía tramitarse en la Justicia federal. Después de ratificar la competencia, recalificó el caso a extorsión, rechazó las acusaciones de Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera y los dejó en libertad.
Además, la magistrada dispuso la prisión preventiva efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D’Agostino.
