El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza hacia una reforma del transporte privado de pasajeros que, durante años, fue territorio de conflictos sin resolución. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció un paquete de medidas para modernizar el sistema de taxis y regularizar el funcionamiento de las plataformas digitales de viaje, con un decreto ejecutivo que se publicará en las próximas horas y un proyecto de ley que llegará a la Legislatura porteña en los próximos días. La iniciativa apunta a que ambos sectores compitan bajo un mismo conjunto de reglas, con mayor seguridad para los pasajeros y menos trabas administrativas para los conductores.
El anuncio pone fin a una parálisis regulatoria que se extendió por más de una década. Las aplicaciones de transporte operaron durante años en un limbo legal: eran usadas masivamente por millones de porteños, pero el marco normativo nunca las reconoció de forma plena ni les impuso obligaciones concretas. Los taxistas, en tanto, cargaron con un régimen de exigencias que los propios funcionarios ahora describen como obsoleto: trámites fragmentados, aranceles múltiples y requisitos que encarecían la actividad sin aportar beneficios reales ni a los choferes ni a los usuarios.
El nuevo esquema busca que taxis y aplicaciones digitales convivan con reglas equivalentes. Para los primeros, se simplifica el universo de trámites y se eliminan costos. Para los segundos, se establece por primera vez un piso de requisitos: seguro específico, revisión técnica vehicular vigente y, sobre todo, licencia de conducir profesional obligatoria para los choferes que operen a través de plataformas.
El acto de anuncio se realizó en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, con la presencia de representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.
Macri fue directo al describir el estado previo del sistema: “Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”.
Y agregó: “La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia, terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.
El régimen de taxis está regulado actualmente por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte), un marco que el Ejecutivo porteño considera desactualizado. Bajo ese esquema, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su propio arancel y procedimiento. A eso se suman exigencias como el uso obligatorio de uniforme, la necesidad de un escribano público para formalizar transferencias de licencias y la vinculación obligatoria a BA Taxi.
Las modificaciones para el sector apuntan a desmantelar esa arquitectura de requisitos. Se eliminarán la capacidad mínima de baúl, la obligatoriedad de turnos fijos, el uso de tarjetas físicas identificatorias —que podrán ser digitales— y la obligatoriedad del uso de camisa. La transferencia de licencias dejará de requerir escribano público. Además, se amplía el tipo de vehículos habilitados: podrán usarse unidades de hasta ocho plazas (incluido el conductor), entre ellas camionetas familiares tipo M1, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros de cinco a cuatro personas con el conductor, lo que habilita el uso de autos más pequeños y de menor costo operativo.
El proyecto de ley de Simplificación del Sistema de Taxis que llegará a la Legislatura irá más lejos en la reducción de costos: eliminará las tasas de transferencia, los costos de renovación de licencias y la constancia de adhesión a BA Taxi. También se suprimirán los aranceles por altas, bajas y otras modificaciones en el registro de conductores. En paralelo, se avanzará en la digitalización de parte del trabajo cotidiano de los taxistas, con pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.
Para las plataformas digitales de transporte, el decreto establece las primeras obligaciones formales. Los vehículos deberán tener la VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día y contar con un seguro específico creado para este tipo de servicio por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los conductores deberán ser mayores de 21 años y acreditar una licencia de conducir profesional. El Gobierno porteño fijó un plazo de 90 días para el cumplimiento de estos requisitos y anunciará un proceso abreviado para que los choferes puedan obtener la habilitación profesional de forma más rápida.
La reforma se enmarca en un proceso de desburocratización más amplio: durante el año anterior, el Ejecutivo porteño redujo a cero el costo de 27 trámites vinculados al sector y aprobó el reglamento para la publicidad en taxis (Resolución 126/SECT/25). A eso se suma el plan de Electromovilidad: el Banco Ciudad financia la compra de taxis eléctricos con préstamos prendarios de hasta $28 millones, a una tasa fija del 20% anual, con un plazo de 48 meses y cobertura de hasta el 70% del valor del vehículo. Para acceder, los titulares deben contar con una licencia de taxi con al menos dos años de antigüedad y acreditar un año de inscripción como monotributistas o trabajadores independientes.
