Alberto Rubén “Beto” Santarceri, señalado como el líder de la prepaga trucha que fue desbaratada en La Matanza, tiene antecedentes por hurto y robo y estuvo involucrado en un salvaje homicidio cometido en diciembre de 2008.
En esa época, en la zona de Virrey del Pino, seguramente, hacía calor y las familias se preparaban para recibir la Navidad. Pero la noticia del presunto abuso de una nena de 12 años sacudió al barrio. Los vecinos acusaban a un comerciante paraguayo de haberla manoseado.
Cerca de las ocho y media de la noche, del 14 de diciembre, Sergio S., Isabel N., padres de la presunta víctima, y Miguel G., junto a otras 20 personas, se presentaron frente a un polirubro de la calle Griveo al 4900.
Llevaban piedras, palos, hierros y machetes. Rompieron los vidrios del local y una puerta de acceso a la planta alta de la propiedad. José Ramón Bareiro, el acusado, temblaba dentro del ropero en el que se había escondido. Lo encontraron. La multitud comenzó a golpearlo sin piedad.
Miguel G., se comunicó vía radio con Santarceri y vociferó: “Mandame unos cuantos negros, que lo vamos a matar acá”. Minutos más tarde, el supuesto artífice de la red criminal que contaba con clínicas, farmacias y una flota de ambulancias sin habilitación llegó al lugar en una camioneta 4×4 marca Mitsubishi color gris claro.
Del vehículo se bajaron, al menos, dos hombres. Estaban armados. Uno de ellos era Gabriel Musse, considerado mano derecha de “Beto” y detenido junto a él durante los procedimientos de la PFA semanas atrás por asociación ilícita.
De acuerdo a la investigación, el segundo hombre no identificado y Musse, que portaba una pistola calibre 9 mm marca Browning con inscripción Policía Federal Argentina, subieron al lugar donde la multitud atacaba a Bareiro y destrozaba el departamento.
Al verlos, los padres de la menor les indicaron: “Ahí está, ese es, matalo” (sic.). Ambos efectuaron varios disparos contra el kiosquero. Luego, Sergio S. y Miguel G. tomaron un trozo de hierro y le dieron un fuerte golpe en la cabeza. Las lesiones fueron de tal magnitud que ocasionaron la muerte de Bareiro. Lo asesinaron.
Gabiel Musse, Gabriel G. y el tercer hombre salieron de la vivienda, se subieron a la camioneta de Santarceri y se fugaron. La Policía les perdió el rastro. La Justicia emitió pedidos de captura mientras procesaba a la pareja que lideró la agresión por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas» y “daños”.
El 21 de marzo de 2011, efectivos de la Seccional de Virrey del Pino, que se hallaba recorriendo su jurisdicción en prevención de faltas y delitos, observaron en calle Watt N° a Santarceri cuando abordaba un Renault Megane ocupado por otros dos hombres.
Intentaron interceptarlo, pero el conductor del auto, con una maniobra brusca logró escapar. Se desencadenó, entonces, una persecución que terminó con la detención del líder de la prepaga trucha. La pena venció en 2020, durante la pandemia.
El caso
Una investigación del fiscal Fernando Garate reveló que la familia Santarceri lideraba una organización delictiva en La Matanza bajo la fachada de la prepaga “Argentina Salud”.
El grupo, encabezado por Alberto Rubén “Beto” Santarceri y su pareja Noelia Sofía Luna, junto a sus hijos y otros allegados, operaba clínicas y farmacias sin habilitación, empleaba falsos médicos y contaba con una flota de ambulancias, todo destinado al lavado de dinero proveniente de delitos previos.
La causa se activó tras la denuncia de una médica esteticista que descubrió el uso ilegal de su matrícula en prácticas médicas ajenas, lo que llevó a una serie de allanamientos y al secuestro de vehículos, medicamentos, sellos y una gran cantidad de documentación apócrifa.
Un testimonio clave de un “profesional” extranjero sin habilitación local permitió describir el funcionamiento interno de la organización, donde los certificados y recetas ya venían firmados y el personal cobraba sumas fijas por guardias de 24 horas.
El fiscal imputó a la familia Santarceri y a sus principales colaboradores por asociación ilícita, mientras que los falsos médicos y empleados fueron procesados por ejercicio ilegal de la medicina, aunque estos últimos continuarán el proceso en libertad.
La investigación sigue su curso con la toma de declaraciones a damnificados y el análisis de los elementos incautados en los operativos policiales.
