
Un ciudadano senegalés de 43 años fue detenido en el barrio porteño de Constitución, luego de que la Policía de la Ciudad lo sorprendiera junto a un hombre paraguayo de 47 años, con varios objetos que habrían sido robados. No obstante, la sorpresa se dio después de que lo identificaran y descubrieran que contaba con 25 antecedentes penales y portaba una tobillera electrónica.
El procedimiento se realizó cuando personal de la cuadrilla Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) observó un intercambio sospechoso en la esquina de Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela. En ese momento, los agentes identificaron a los dos sujetos, quienes no pudieron justificar la posesión de la mercadería que sería robada.
Durante la requisa, los oficiales secuestraron dos joysticks, dos celulares, tres relojes de distintas marcas (Rolex, Tresa y Skmei), una notebook, una batería portátil, un cable de carga, una memoria externa y un destornillador. Además, el senegalés tenía $80 mil y el paraguayo $17 mil en su poder.
Entre los elementos incautados también se encontró un dispositivo CC308+, que sería utilizado para detectar cámaras, alarmas y rastreadores de GPS. Según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, esta tecnología permitiría escanear radiofrecuencias.

Por otro lado, se constató que el ciudadano senegalés posee 25 antecedentes penales. De acuerdo con el parte oficial, entre ellos figuraban causas por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, hurto, comercialización de estupefacientes, lesiones leves y portación de arma no convencional.
De la misma manera, indicaron que el detenido también contaba con una denuncia por violencia familiar. Por este motivo, le habían ordenado el uso de una tobillera electrónica para que pudiera ser monitoreado por la Justicia.
En el caso del ciudadano paraguayo, informaron que registraba antecedentes por infracción a la ley 25.891 (Ley Blumberg), que penaliza la comercialización ilegal de celulares usados. Ambos quedaron detenidos en el acto, debido a que no pudieron justificar la procedencia de la mayoría de los elementos que portaban.
A raíz de esto, la causa judicial fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, y la Secretaría 5 de Sergio Ruiz. Luego de que los detenidos fueran trasladados, estos quedaron a disposición de la justicia para determinar la procedencia de los bienes y profundizar la investigación sobre posibles hechos de robo o comercialización ilegal.
Incautaron más de 2.700 pares de zapatillas durante un operativo contra el contrabando en Retiro
Más de 2.700 pares de zapatillas ingresados de contrabando fueron incautados en una galería comercial del barrio porteño de Retiro tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad. La intervención, desarrollada en la avenida Ramos Mejía al 1400, dejó al descubierto el funcionamiento de una red de comercios dedicados a la venta de mercadería ilegal.

El operativo fue resultado de una investigación liderada por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) y se concretó mediante 12 allanamientos simultáneos, luego de que el Juzgado en lo Penal Económico Federal emitiera la orden.
Como resultado, los efectivos constataron que los locales allanados ofrecían productos cuyo ingreso al país no contaba con la documentación requerida por la normativa vigente. Entre los elementos secuestrados se identificaron 2.700 pares de zapatillas en violación de la Ley 22.417, con un valor estimado en $162 millones.
Según la información proporcionada por fuentes policiales, la mercadería secuestrada incluía marcas reconocidas y modelos que habitualmente son objeto de falsificación o importación irregular. Por este motivo, se procedió al secuestro de toda la mercadería que no contaba con respaldo documental.
Al cierre del operativo no se reportaron detenciones, aunque se anticipó que los responsables serán citados a declarar ante el juzgado interviniente, ya que podrían ser acusados de haber violado el Código Aduanero argentino, plasmado en la Ley 22.415, que penaliza la introducción y comercialización de productos sin el debido control impositivo y sanitario.



