La semana pasada, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, preso en un régimen de máxima seguridad en el penal de Marcos Paz, fue procesado como presunto coautor del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, con un embargo de mil millones de pesos. En las últimas horas, su defensor, el abogado Lucas Contreras apeló el procesamiento y también planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal N°2 de Morón -a cargo de la causa del triple crimen- por la situación del acusado en prisión.
En un escrito de 44 páginas al que Infobae accedió en forma completa, el abogado apuntó “torturas psicológicas”, objetó el escaso acceso a su defendido y pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, el régimen que lo mantiene encerrado en una celda individual 23 horas al día y solo le permite el contacto con su defensa de forma presencial.
Contreras planteó que “se dicte la inmediata libertad de mi asistido, en virtud de encontrarse privado de su libertad en condiciones de ilegalidad”, o que, en todo caso, lo trasladen a un encierro menos estricto.
Luego, pidió que se le garanticen dos videollamadas “con su familia, que reside en la República de Perú, dos veces por semana, como mínimo”, particularmente con su madre y su hermana.
“Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor”, afirmó Contreras Alderete, que aseguró que “no han ocurrido hechos de inconducta de mi defendido” que justifiquen el nivel de aislamiento.
“Mi defendido ha permanecido aislado del resto de la población carcelaria, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona”, continuó.
El abogado afirmó que a “Pequeño J” se le está imponiendo “una pena inhumana, cruel y degradante”. El juez federal Jorge Rodríguez procesó a Valverde por un delito especialmente grave: homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, una brutal carnicería que ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela. Si es condenado bajo esa calificación, “Pequeño J” podría recibir prisión perpetua.
La investigación, hoy a cargo del secretario Ignacio Calvi, incluye una ampliación de hipótesis que apuntan a delitos como tráfico de drogas y prostitución.
En su apelación, en donde pidió el cese de la prisión preventiva, Contreras afirmó que “la propia parte acusadora admite el carácter aún provisional, impreciso e insuficientemente delimitado de la imputación”. También que “ni siquiera la fiscalía puede sostener, al estado actual de la investigación, una imputación concreta y definitivamente estructurada”.
“En efecto, no existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos”, aseveró la defensa.
