El fiscal general Alberto Gentili solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de San Martín penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 acusados de integrar una red delictiva que operó durante casi cinco décadas bajo la fachada de una congregación religiosa y dejó graves secuelas en sus víctimas. “Me da miedo todo lo que voy a contar”, declaró al respecto una de ellas.
Para el Ministerio Público Fiscal, la organización conocida como “Templo Filadelfia”, encubrió una estructura delictiva que captó personas en situación de vulnerabilidad, las aisló del mundo exterior y las sometió a un régimen de trabajo forzado y servidumbre.
La organización tuvo su sede central en San Justo, partido de La Matanza, y se extendió a distintas provincias del país, además de Paraguay y Brasil. Según la reconstrucción fiscal, operó sin interrupciones entre 1972 y diciembre de 2020, un período durante el cual al menos 25 personas fueron víctimas de un esquema que el propio Gentili definió como de “control absoluto” sobre sus vidas.
El fiscal encuadró el caso en tres delitos principales por los que se encuentran imputados los acusados: asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, todos en concurso real.
De ese grupo, 18 fueron señalados como coautores y 7 como partícipes necesarios. En su exposición ante el tribunal —integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese—, el funcionario del MPF insistió en que la valoración de la prueba debe contemplar las asimetrías de poder que rigieron la relación entre la cúpula de la organización y sus víctimas, muchas de ellas captadas desde la infancia.
La figura central de la acusación es Eva Pereyra, de 82 años, a quien el fiscal señaló como cabeza de la estructura y para quien solicitó la pena de 24 años de prisión. A los cargos que comparte con el resto de los imputados se suman cuatro casos de abuso sexual, dos de ellos cometidos contra menores de edad al momento de los hechos.
El pedido de Gentili incluyó también el decomiso de 48 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos, todos identificados como instrumentos o producto de los delitos.
El proceso judicial ya lleva más de un año y medio y la primera detenida fue la anciana, una supuesta panadera ante los organismos de control donde se encontraba registrada. Petrona se había anunciado a sí misma como una profeta, una “sierva de Dios” para despojar a sus fieles de sus bienes y convertirlos en esclavos, para obligarlos, precisamente, a vender pan.
Su captación ocurría mientras las víctimas eran menores de edad, una cuestión de preferencia del Templo Filadelfia, según pudo descubrir la Justicia. Una de sus víctimas contó en qué consistía uno de los tantos rituales a los que eran sometidos.
“En el templo de Centenera se hacían reuniones de al menos veinte hombres una vez por semana. Se apagaban las luces. Se ponía música de Alabanza. En ese momento Eva decía: ‘El hombre a lo largo de la historia bíblica pegó contra Dios con mujeres por su fuerza viril natural’. Todos debíamos danzar y, cuando el Espíritu Santo se ponía dentro de Eva, empezaba a rozar el cuerpo de todos hasta que nos hacía eyacular. Nos explicaba que de esta manera nuestra fuerza viril estaba disminuida. Lo llamaba a esto ‘castración espiritual’”.
La causa se inició formalmente en mayo de 2019, cuando la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, ordenó el arresto de Pereyra, también conocida como “la Tía Eva”, en su domicilio de San Justo, partido de La Matanza. La congregación evangélica que dirigía estaba inscripta en el Registro Nacional de Cultos desde 1981.
En diciembre del siguiente año, el fiscal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) ordenaron 19 nuevos allanamientos y diez pedidos de detención adicionales, tras las declaraciones de nuevas víctimas. Los operativos alcanzaron a Bahía Blanca, Salta, Mendoza y Neuquén. En esa instancia, se confirmó que la red se extendía a Paraguay y Brasil.
En la tercera audiencia del debate judicial que comenzó en 2024, una de las acusadas de 58 años fue la única de los 28 imputados en declarar. Se presentó como víctima y describió décadas de sometimiento desde los 15 años. “Me da miedo expresar en voz alta y ante todos lo que voy a contar; quisiera no ser la única”, afirmó ante el tribunal. Relató que comían una vez al día, dormían en el suelo y entregaban cada peso que ganaban a las líderes del culto. Otra de las víctimas fue Julieta, una joven que en 2018 presentó la denuncia ante el tribunal y contó que vivió en el Templo desde los cuatro años junto a su madre y seis hermanos. “Yo un día me senté a denunciar esto y me enteré de que mi vida había sido una pesadilla”, expresó al concluir su testimonio.
