
El empresario Marcelo Porcel solicitó ir a un juicio por jurados en el marco de la causa donde está procesado por abusar sexualmente a 10 menores y alumnos del colegio Palermo Chico. La presentación fue formalizada por su defensor, Roberto Rallín, quien en primer lugar pidió que se anule el requerimiento de elevación a debate oral y luego que, si el proceso avanza, sea con esta modalidad.
El escrito lo realizó ante el Juez Carlos Bruniard una semana después de que el fiscal Pablo Turano y el abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti, solicitaran que el caso sea resuelto en un tribunal.
El pedido de Rallín, sin embargo, podría generar trabas en el proceso. Esto es porque, si bien la elección de ser juzgado por un jurado popular es una garantía del imputado, la dinámica aún no fue reglamentada en la Justicia Nacional, donde tramita este expediente. Es decir que Porcel, según la ley actual, solamente puede enfrentarse a un juicio técnico.
Roberto Rallín lo que plantea es que la causa pase a la justicia local, ya sea a CABA o a la provincia de Buenos Aires, donde sí rigen los juicios por jurados.

Su argumento principal tiene que ver con la repercusión pública que tuvo el caso: dice que hubo “una utilización artera e indisimulada del poder mediático” y sostiene que el único modo de garantizar un proceso imparcial es a través de la participación ciudadana en el veredicto.
En su presentación, a la que accedió Infobae, el letrado detalló: “La construcción efectuada en la denuncia tuvo un combustible externo: presiones, narrativas instaladas, una utilización artera e indisimulada del poder mediático para moldear una “verdad revelada” antes de que hubiera siquiera un tribunal oral que la evaluara con imparcialidad. Los ingredientes fatales frente a los que la mayoría de los jueces profesionales sucumben inexorablemente».
Y a continuación deslizó: “Cabe preguntarse, en este contexto, si tres futuros jueces técnicos podrán juzgar a nuestro cliente con la imparcialidad que exigen el art. 8.1 de la C.A.D.H. y el art. 14.1 del P.I.D.C.P. Y la respuesta es obvia. Jamás podrán hacerlo. No porque los magistrados de los tribunales orales carezcan de honorabilidad personal. Sino porque las condiciones objetivas del caso hacen que la imparcialidad estructural que la Constitución garantiza sea materialmente inaccesible para cualquier juez técnico que integre la burocracia del Poder Judicial en el que esta causa se desarrolló“.

El abogado Roberto Rallín -que también representa al imputado Leopoldo Luque en el juicio por Maradona, es socio de Francisco Oneto y defendió al presidente Javier Milei en 2023- es especialista en juicio por jurados y ya utilizó esta estrategia en otras causas.
Sin embargo, esta vez busca una resolución sin precedentes alegando que ningún ciudadano puede ser privado de la garantía de ser juzgado por sus pares. En este sentido, adelantó que, si su planteo es rechazado, hará reserva del caso federal para recurrir a instancias superiores.
Tras su escrito, el juez corrió vista al fiscal Turano y al abogado quellante Hawlena Gianotti para que se expidan al respecto. En los próximos días, deberá definir si acepta o rechaza este planteo. En caso de no darle lugar, elevará la causa a juicio y pedirá que se sortee el tribunal que estará a cargo del proceso.



