Una semana después del femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas en la madrugada del 20 de julio en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, la causa penal avanza con rapidez, pero la familia de la víctima puso el foco en otro aspecto de la investigación: las responsabilidades institucionales. En ese contexto, la querella, que representa a la madre de Rocío, pide investigar a quienes tenían la obligación de controlar a Maximiliano Braudaco, el agresor que cumplía una condena condicional con múltiples restricciones.
Braudaco había sido condenado en octubre de 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado. La sentencia imponía reglas de conducta precisas: abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, realizar tareas no remuneradas en una institución de beneficencia cuatro horas semanales durante un año, finalizar estudios básicos, cumplir un tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones, y mantener una restricción recíproca de acercamiento con la víctima. Sin embargo, ninguna de esas obligaciones fue cumplida.
Daniela Morales Leanza, representante legal de la madre de Rocío, fue categórica al señalar las fallas del sistema durante una entrevista con La Voz: “De haberse cumplimentado el control efectivo que deberían haber realizado, podríamos estar hablando de otro resultado y este hecho no hubiese ocurrido”. La abogada adelantó que pedirán investigar posibles responsabilidades penales y administrativas de quienes debían monitorear al condenado, con especial atención sobre el Patronato del Liberado y el juez de Ejecución, Carlos Moyano Centeno.
La querella cuestiona qué información recibió el juez, qué hizo con ella y, sobre todo, por qué no revocó la modalidad condicional de la pena ante los incumplimientos registrados. “Queremos saber qué informaron y qué no informaron al juez, y en su caso, qué hizo y qué no hizo ese juez que debía haber revocado la modalidad”, sostuvo Morales Leanza. La letrada aseguró además que existieron llamadas a la policía previas al desenlace fatal.
El magistrado Carlos Moyano Centeno presentó un informe en el que atribuye la falta de alertas al Patronato del Liberado y sostuvo que solo recibió dos comunicaciones, la última de ellas el 20 de julio, cuando el femicidio ya se había consumado. De esa manera, deslindó responsabilidades y aseguró que nunca contó con información suficiente para revocar la condena condicional y ordenar la detención del acusado.
Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó a La Voz que Braudaco incumplió todas las medidas impuestas, incluida la obligación de presentarse ante el organismo. Tras una notificación, el condenado asistió solo en dos oportunidades: “No cumplí con nada”, dijo en la primera.
En la segunda, en julio de este año, dijo haber iniciado un tratamiento psicológico en Bialet Massé, aunque reconoció no haberlo continuado, y mencionó estar en lista de espera en el dispensario de su localidad. “No presentó ningún tipo de certificación de que lo hubiera hecho”, precisó la funcionaria. Corbalán también indicó que el Patronato dio aviso al Juzgado de Ejecución N° 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si la Justicia adoptó alguna medida frente a esos incumplimientos.
La noche del crimen comenzó con un festejo. Miriam Palacios, madre de Rocío, contó en Noticiero Doce que habían celebrado su cumpleaños juntas. Después se fue a dormir y se despertó con los gritos de su hija en medio de una discusión con Braudaco. “Pensaba que le estaba pegando como siempre que le pegaba, yo salté por la ventana para ir a pedir ayuda y no pude hacer nada”, relató. Cuando regresó, encontró a su hija tendida en la vereda, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.
Palacios aseguró que también había sido víctima de violencia por parte del femicida y que ese miedo la paralizó en el momento del ataque: “Yo tenía miedo de que me hiciera lo mismo que le hizo a ella”. Recordó además que la denuncia que había presentado años atrás por las agresiones sufridas derivó en la condena condicional que pesaba sobre Braudaco. “Yo lo había denunciado porque me había pegado a mí también, no hacía caso, iba y venía”, afirmó. Pese a la orden de restricción, el agresor seguía acercándose a la vivienda: “Tenía una orden de no acercarse pero él se acercaba igual”.
En los últimos días también se conoció otro dato que impactó a la comunidad de Santa María de Punilla: el femicida formaba parte del círculo familiar de la víctima. Beatriz Palacios, tía de Rocío, confirmó que Gómez y Braudaco eran primos hermanos.
En cuanto al avance de la causa penal, la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, imputó a Braudaco por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Morales Leanza indicó que la investigación está próxima a ser elevada a juicio, ya que se trató de una detención prácticamente en flagrancia y el arma utilizada fue secuestrada. “La autopsia ya es de público conocimiento y restan diligencias testimoniales mínimas para cerrar esta etapa”, explicó la letrada.
La querella también analiza sumar denuncias por las agresiones que sufrió la madre de Rocío durante el ataque, cuando intentó intervenir para evitar el crimen. Si es condenado, Braudaco enfrenta una pena de prisión perpetua, a la que podría sumarse el cumplimiento del remanente de la condena condicional que pesaba sobre él.
