El 4 de abril, Leonel Ayala fue intervenido en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras una complicación provocada por una endoscopia. La perforación en el duodeno derivó en una internación en terapia intensiva y un tratamiento para el dolor vinculado a un cuadro de pancreatitis que había comenzado el 15 de marzo. En esos días, Leonel se mostraba estable, hablaba con amigos, usaba el celular y su familia lo acompañaba constantemente. Pero algo cambió de manera abrupta. Durante su internación, recibió fentanilo de la marca HLB Pharma Group SA, el laboratorio cuyo dueño es Ariel García Furfaro y que se encuentra bajo investigación judicial por la distribución de ampollas contaminadas. A pesar del avance de la causa, todavía no hay imputados. “Estaba perfecto. De un día para el otro comienza a descompensarse, no sabíamos por qué…”, relató su hermano, Alejandro Ayala, en diálogo con Infobae en vivo.
Lo que siguió, según su testimonio, fue un deterioro veloz y sin explicación clara. Fiebre alta, trastornos respiratorios, un cuadro infeccioso que no cedía. A pesar de los intentos médicos, Leonel murió en pocos días. “Hasta el 8 de abril estaba excelente, ya lo iban a pasar a terapia intermedia, era cuestión de horas para pasarlo de sala. Pero en ese momento empezó a empeorar y no pudo salir de ese pozo”, dijo su hermano.
El detalle que con el tiempo cobraría relevancia fue que a Leonel le administraron fentanilo de la marca HLB Farma, lote 31.202, uno de los identificados por la ANMAT como contaminado. La información, asegura Alejandro, no fue brindada espontáneamente por el hospital. Llegó tras la presión ejercida por la abogada de la familia. “El Hospital Italiano no nos dijo el día que le dieron el fentanilo contaminado, pero sí lo tuvo que admitir, que a Leo le dieron de ese lote, eso está claro”, explicó.
La causa judicial, en manos del juez federal Ernesto Kreplak, investiga si ese lote contaminado con bacterias como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, fue el responsable directo o agravante de la muerte de decenas de pacientes en todo el país. De acuerdo a los registros judiciales, el 4 de enero se ordenó el retiro del lote 31.202, pero esa misma partida fue comprada por el Hospital Italiano el 4 de marzo y utilizada al menos hasta la fecha en que fue operado Leonel. En total, se produjeron 154.530 ampollas de ese lote, de las cuales al menos 90.000 siguen pendientes de recupero, según consta en la investigación.
El testimonio de Alejandro Ayala se inscribe en un contexto más amplio, donde familiares de víctimas comienzan a reclamar explicaciones. “Fuimos a hablar al hospital para pedir respuestas y nos omitieron, encubrieron información”, afirmó.
Y agregó: “La Justicia va a determinar si la muerte de las 60 personas fue producto del fentanilo contaminado. Se habla de que agravó el cuadro clínico de los pacientes y les provocó la muerte”.
La familia no accedió a una autopsia. Leonel fue enterrado sin un examen forense. “Consultamos con varios peritos y nos dijeron que la relación causal no tiene discusión. Lo que sí es discutible es quiénes son los culpables y quiénes los responsables. Los culpables son los del laboratorio. Por eso nosotros denunciamos, acá ya tiene que haber gente presa”, manifestó.
De momento, no hay imputados en la causa, aunque ya se investiga a 24 personas relacionadas con la producción y distribución del fentanilo contaminado. Entre ellos se encuentran Ariel García Furfaro, dueño de la droguería Alfarma; sus hermanos Damián y Diego; su madre, Nilda Furfaro, y su abuela, Olga Luisa Arena, además de directivos y técnicos de HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo, Ramallo SA. Todos tienen los bienes inhibidos y prohibición de salida del país.
Desde la óptica de las familias, el silencio institucional agrava aún más el impacto de lo ocurrido. “Nadie llamó y dijo: ‘su familiar está siendo investigado en una causa federal’. No. Son 300 instituciones que no anunciaron a las familias de los lotes”, sostuvo Alejandro Ayala. Y señaló que muchas personas afectadas aún no toman dimensión del caso: “Las familias tienen miedo, tienen mucho dolor por lo que pasó. Todavía no se asume que podría llegar a ser este tema. Tenemos muy pocas personas que saben y conocen del tema, que se animan a hablar”.
La ANMAT, según denuncia, no se puso en contacto con los familiares. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, y por ahora solo se permite el acceso a los expedientes correspondientes a cada paciente. El resto del material permanece restringido.
“Estamos en una etapa clave del país, en una etapa legislativa… Los laboratorios tienen una gran influencia sobre los intereses. Este es un tema muy corrupto. Hay mucha gente atrás, muy poderosa”, afirmó Ayala. Y concluyó: “No sabemos si vamos a llegar a una justicia que les conforme a todos”.
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