Axel Adrián Araneda, de 29 años, pasará las Fiestas y comenzará el 2026 tras las rejas. Así lo decidió la Justicia luego de la audiencia de formulación de cargos que lo tiene imputado por homicidio cuádruplemente agravado tras el incidente vial que protagonizó el pasado viernes en la Ruta Nacional 22, a la altura de la localidad rionegrina de Allen, por el cual murieron a causa de impacto, el fuego y el humo cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos niños.
La jueza de Garantías Claudia Lemunao resolvió que el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok V6 quedará bajo prisión preventiva al menos durante cuatro meses. Remarcó que su conducta fue “temeraria” y decidió restringir su libertad ante el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La defensa de Araneda intentó evitar la decisión al plantear la “imprudencia” de las víctimas, cuya camioneta, una Ford EcoSport estaba detenida en la banquina. Por el impacto murieron Liliana Cocuzza (60), su hija Karina Gutiérrez Cocuzza (32), y los nietos, de 6 y 4 años. El conductor de ese vehículo, Justo Pastor Gutiérrez, había descendido para ajustar equipaje y quedó internado en grave estado.
La reconstrucción inmediata del incidente vial permitió saber que el acusado conducía a más de 170 kilómetros por hora, que estaba alcoholizado (tenía casi 0,5 gramo de alcohol en sangre por litro) y que, presumiblemente, había consumido metanfetaminas. Además, se analizó el teléfono y quedó confirmado que instantes antes del choque había manipulado su celular, una conducta que está prohibida.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de un bar en Allen permitieron reconstruir parte de los movimientos del hombre. Entró al local a las tres de la madrugada y se retiró dos horas después, poco antes del impacto, ocurrido cerca de las 7 de la mañana del viernes a la altura del kilómetro 1.204 de la Ruta Nacional 22.
La colisión se produjo cuando la Amarok embistió por detrás a la EcoSport, que se encontraba detenida, y la arrastró 37,40 metros, lo que provocó que inmediatamente se incendiara.
Entre los elementos probatorios presentados, el Ministerio Público incluyó el acta de procedimiento elaborada por el Cuerpo de Seguridad Vial minutos después del incidente, los objetos secuestrados en la camioneta —entre ellos dispositivos celulares y una botella personal—, así como los resultados de los allanamientos realizados en la vivienda del imputado, donde se incautaron más teléfonos celulares y armas de fuego.
Un testigo presencial aportó un testimonio clave al afirmar que fue sobrepasado por la camioneta del imputado a alta velocidad mientras él circulaba a 120 km/h. El testigo indicó que el vehículo del acusado venía adelantando a varios automóviles y describió las condiciones de visibilidad existentes en ese momento.
La causa también incorporó los resultados de exámenes toxicológicos, el informe de pericia accidentológica que precisó que el impacto se produjo entre la parte frontal derecha de la camioneta imputada y la parte posterior izquierda de la EcoSport, y fotografías del accidente.
“Fue justamente la velocidad excesiva lo que no permitió al señor Araneda tener el dominio del vehículo para hacer lo que todos los vehículos habían hecho”, explicó la fiscal en jefe, Graciela Echegaray, ante el intento de defensa del abogado del imputado, Michel Rischmann, quien planteó que está prohibido detenerse en un rápido de la ruta y aseguró que esa situación “claramente es el inicio del resultado”.
Además, la fiscalía solicitó a la Unidad de Investigación Técnico Científica el congelamiento del perfil de una red social en la que el imputado habría publicado imágenes conduciendo la camioneta minutos antes del hecho, desde el interior del vehículo.
Y un informe de la Brigada aportó datos sobre la solvencia económica del acusado: se exhibía con vehículos de alta gama sin patente, mostraba sus viajes en redes, tiene una chacra y, al momento de la detención, tenía un millón de pesos en efectivo encima. Los abogados querellantes respaldaron la descripción de los hechos y la abundante prueba presentada por el Ministerio Público.
“Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal y la calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada”, enfatizaron las fiscales Echegaray y María Celeste Benatti, quienes además argumentaron su pedido de preventiva por los antecedentes de reincidencia de Araneda, ya que registra una sentencia a cinco años de prisión efectiva -agotada en 2023- por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El abogado de Araneda solicitó el traslado de su cliente del calabozo de la comisaría Tercera de General Roca al Penal II de la misma ciudad. Dijo que en las comisarías hay condiciones “inhumanas” y que su cliente tiene “enemistades” con otros detenidos en Viedma, Cipolletti y Bariloche por su condena anterior.
La jueza, finalmente, dispuso el embargo de la Amarok, la inhibición general de bienes y fijó la prisión preventiva hasta el 21 de marzo de 2026.
