El juez federal de Garantías N°1 de Salta Julio Bavio aceptó el pedido del fiscal general Eduardo Villalba para ampliar la acusación penal y extender la investigación hasta el 29 de mayo en la causa que indaga el accionar de una red de trata sexual dedicada a la captación de adolescentes de escuelas secundarias públicas y privadas y que ya tiene 33 víctimas, 9 imputados y dato estremecedor: “Cuando cumplían los 18 años las desechaban”.
La reconstrucción de la causa se remonta al 26 de junio, cuando la madre de una de las víctimas notó que su hija poseía un teléfono celular de alta gama y, al revisarlo, descubrió mensajes sexuales vinculados a un remisero, uno de los principales acusados.
El contenido de esos mensajes, que incluso involucraba a una menor de 12 años, motivó la denuncia y el inicio de las actuaciones penales que luego pasó al fuero federal, bajo el criterio de que se estaba frente a un caso de trata de personas.
El rol del remisero, identificado por la fiscalía como el iniciador de la red, consistía en coordinar los encuentros y recibir el dinero de la explotación. No actuaba solo: según la acusación, “todos tuvieron parte en ello, ya que es común denominador en las víctimas el indicativo de que los acusados ‘les pedían que consigan más amigas’”.
El accionar de la organización dataría formalmente desde 2024, aunque la fiscalía ya detectó indicios concretos desde al menos un año antes.
El grupo seleccionaba a sus víctimas principalmente de distintos colegios, sin distinción de clase social, y descartaba a quienes llegaban a la mayoría de edad. “A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, reza el dictamen.
De acuerdo al relato de Eduardo Villalba, las adolescentes eran sometidas a múltiples exigencias: aspectos físicos determinados, uso forzoso de ciertas prendas y consumo de sustancias ilegales. En los mensajes recolectados figura que uno de los imputados solicitó a una víctima para “llevarla a una despedida de solteros” y que otro reclamaba los servicios “los sábados para después de jugar al fútbol”.
“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, dice el dictamen.
En las últimas horas, el juez Bavio amplió la acusación penal y extendió la investigación hasta el 29 de mayo tras una audiencia que se extendió por más de seis horas y que involucró a todos los actores legales: además de la fiscalía, participaron el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar, la abogada querellante Sandra Domene, los defensores Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores e Incapaces Gala Emilse Poma, en representación de las 16 menores identificadas como víctimas directas.
El caso, que se formalizó judicialmente el 11 de septiembre pasado luego de la detención de cuatro principales implicados, expone una trama de explotación sexual agravada por la vulnerabilidad de las víctimas, la cantidad de personas involucradas y el hecho de haberse consumado la explotación, según el portal Fiscales.
Desde entonces, la investigación avanzó con nuevas detenciones hasta sumar un total de nueve acusados, el alcance de la pesquisa creció exponencialmente y el número de víctimas detectadas pasó de tres iniciales a 33 adolescentes, sin descartarse nuevas identificaciones.
El delito central que define la causa es la trata de personas con fines de abuso sexual, con agravantes claros: la condición de minoría de edad de las víctimas, la existencia de una organización, el número total de víctimas y el empleo de amenazas o coerción por parte de algunos imputados.
Según la fiscalía, el cúmulo de evidencia obtenida a partir de peritajes a teléfonos celulares, transferencias bancarias y análisis de redes sociales fue decisivo. Estos elementos permitieron reconstruir la operatoria de la red, ubicar a los responsables y precisar los lugares donde se concretaba el abuso, como hoteles sobre la ruta 26 y domicilios particulares de los acusados.
Una cita destacada del dictamen resalta que las pruebas recabadas “coinciden con detalles que fueron revelados por las víctimas, tanto respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como los lugares en que se consumaba la explotación sexual”.
El proceso judicial sigue su curso en paralelo con las tareas de apoyo y contención a las víctimas. Verónica Olguín Rufino, psicóloga a cargo del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, desarrolló un abordaje individual que fue considerado clave por la fiscalía: permitió que varias adolescentes aportaran detalles hasta entonces ocultos, haciendo visible el alcance real de la red e identificando más casos.
La fiscalía expuso que varias adolescentes confesaron sentirse atemorizadas, y que, en situaciones previas a las detenciones, algunos acusados “amenazaron a las menores para que no sean delatados”, lo que generó la implementación de medidas de protección personal para impedir represalias.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, acompaña la investigación local, junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el foco puesto en el examen exhaustivo de dispositivos electrónicos y evidencia digital.
El juez Julio Bavio justificó la extensión del plazo procesal hasta mayo de 2026 no solo por el volumen de pruebas pendientes de análisis, sino porque “aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual”, según consignó el despacho judicial.
El núcleo de la estructura delictiva quedó expuesto a través de las nuevas imputaciones: de los nueve detenidos, ocho están acusados como coautores de trata y explotación sexual agravada, y cinco de ellos también enfrentan cargos como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la promoción y facilitación de la prostitución. Además, seis acusados recibieron imputaciones por tenencia y distribución de material sexual de menores, uno por corrupción de menores, dos por abuso sexual de una menor de 13 años, y dos por promoción y facilitación de prostitución agravada en seis hechos, siendo las víctimas siempre adolescentes.
